Desde el 19 de febrero hasta el miércoles 7 de abril, el campamento migrante instalado en la garita peatonal entre Tijuana y San Diego no contó con sanitarios portátiles ni regaderas, pese a que los gobiernos estatal y municipal se comprometieron desde los primeros días en instalarlos.
La organización binacional Ángeles de la Frontera fue la que instaló las primeras cabinas para que los habitantes de las casas de campaña instaladas en ese punto tuvieran un lugar digno para realizar sus necesidades fisiológicas y atender necesidades de limpieza personal.
Por parte del Gobierno del Estado, hasta el miércoles solo se instalaron diez regaderas y diez baños portátiles para la población en contexto de movilidad que se encuentra en dicho sitio. El Municipio se comprometió en entregar la conexión a tubería para estas unidades a más tardar hoy viernes 9 de abril.
José Luis Pérez Canchola, titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, relató a ZETA que durante este tiempo ninguna autoridad del Gobierno Federal se ha hecho responsable del campamento, cuando claramente es su responsabilidad, ya que el Ayuntamiento no tiene la capacidad para atender a esa población.
“Reiteramos el llamado para que el Gobierno Federal se responsabilice de las personas que se encuentran en este campamento, porque no hay en el Municipio ni en el Estado recursos para atender a toda esta gente”, insistió.
Algunos de los migrantes entrevistados por este Semanario, indicaron que la ayuda que reciben proviene de personas de otras partes, iglesias y asociaciones civiles que les hacen donación de comida, ropa, juguetes dulces y hasta materiales didácticos; también algunas que llegan al campamento a realizar alguna actividad con los niños del lugar.
La Secretaría de Educación Pública del Estado y el Municipio tampoco se han hecho presentes, siendo las madres y ciudadanos de ambos países quienes apoyan en tema de educación a los niños en contexto de movilidad que habitan en las inmediaciones de El Chaparral.
La población actual se calcula entre mil 800 y 2 mil personas, de las cuales 20% son adultos mayores que no han tenido acceso a la vacuna contra la COVID-19, denunciaron ante este medio de comunicación.
