Con dos años de gobierno y la próxima elección encima, frente a sus contrincantes políticos, el mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, juega a los resultados a “corto plazo”. Promueve procesos que afecten a sus enemigos en lo inmediato, aunque sabe que en el largo plazo tiene pocas posibilidades de ganar.
Por ejemplo, tratándose de dinero, le urge disponer del efectivo que los empresarios entregan a las comisiones por deudas de agua, muy probablemente existentes, pero cobradas y estimadas de manera irregular, por lo que existe la posibilidad que el próximo gobernador sea obligado a regresar el dinero, pero ese ya no será su problema.
Y en política, le sirve que Julián Leyzaola esté preso o ande a salto de mata. Lo que importa es que no sea candidato.
Entre julio y agosto de 2020, en una reunión frente al entonces Comandante de la Segunda Zona Militar, General Pablo Alberto Lechuga Horta, el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, le leyó la cartilla al Capitán Jorge Alberto Ayón Monsalve, quien aún se desempeñaba como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en Tijuana.
Testigos comentaron que le reclamó y le advirtió que sacara de las calles a Alfredo Rivas Aispuro, quien sin estar designado oficialmente ni en nómina, controlaba el área de Inteligencia de la corporación municipal y estaba siendo señalado de diversos delitos, incluidos bajes de droga, liberación de criminales y capturas por encargo.
Ayón suspendió el proceso de reclutamiento que habían iniciado, pero lo mantuvo cerca y llevó a Rivas con su padre para que participara en una empresa que hizo negocios con el Ayuntamiento. Al final se pelearon y lo dejaron fuera.
Cinco meses después, de acuerdo con información en poder de la defensa, el apócrifo policía rechazado por el fiscal Ruiz Hernández, extrañamente se volvió sujeto de confianza, convirtiéndose en la carta fuerte de la Fiscalía General del Estado (FGE) como testigo-víctima para que la defensa no lo pueda interrogar por el intento de homicidio (9 de septiembre 2020), no así por el posterior asesinato (4 de octubre del mismo año) de Mariano Soto, administrador de una página de Facebook y sentenciado por extorsión.
Todo esto se encuentra en la carpeta iniciada contra del enemigo político de Bonilla, Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana con licencia que intentó buscar la candidatura al Gobierno del Estado para suplirlo, y cuatro de sus funcionarios: Arturo Pérez Beher, Jorge Alberto Ayón Monsalve y Geibel Bolaños Guzmán.
Según los abogados, Rivas declaró que un tercero le comentó que en el Club Campestre, González y Pérez hablaron de la muerte de Soto frente a Ayón y Bolaños, quienes no dijeron nada. De ser cierto, esto no alcanza para una sentencia.
Sin embargo, con apoyo del Tribunal de Justicia del Estado, presidido por un agradecido magistrado Alejandro Isaac Fragozo López -exonerado por la FGE de una acusación por acoso sexual-, en este juego del corto plazo, ambas instancias pueden fastidiarles la vida, la carrera y sacar de circulación a quienes consideren adversarios políticos de Jaime Bonilla. Ordenarles presentarse para ser encarcelados durante tres o seis meses mientras la fiscalía investiga, para después ser liberados.
Con esta táctica, unidos Gobierno del Estado, FGE y Tribunal Superior, sacaron de la jugada política a González Cruz, dejándolo sin posibilidad para competir en las elecciones, particularmente en su reelección. Y dejar fuera a González, es algo que el gobernador deseaba desde mayo de 2020.
También se han hecho evidentes los esfuerzos del trinomio Gobierno-FGE-Tribunal, por hacer realidad el deseo de Bonilla de rendir a Zulema Adams, alcaldesa de Tecate, por denunciarlo de presionarla políticamente y negarse a renunciar a la reelección, como le sugirió.
Después de pagar la deuda histórica de gasolina con Gasmart, por la que amenazaron con apresarla, ahora el juez decidió que la quiere judicializar y arrestar por desacato, argumentando que sí pagó, pero no a tiempo. Pareciera que el premio buscado es la foto de la alcaldesa esposada y tras las rejas. Aunque el último renglón del Artículo 17 Constitucional ordena que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.
También le han advertido a Adams que las deudas de la municipalidad tecatense -como la del Issstecali- se las harán personales, aunque saben que la única instancia que puede demandarle responsabilidad económica por estos impagos, es el Ayuntamiento.
Decididos a excederse en sus funciones, luego que un juez aceptó diferir una audiencia, aceptando el argumento de que la edil estaba indispuesta por salud y en una visita médica, sin que el juzgador lo ordenara, la FGE pidió a cada uno de los integrantes de Cabildo -con amenaza de ser multados con 8 mil 868 pesos- remitir un informe, explicando si Zulema Adams había presentado un escrito de incapacidad médica para el día en cuestión.
Así, en el preámbulo de las campañas electorales, los deseos y discursos de Bonilla se coaligan y concurren con las acciones de la FGE y el Poder Judicial para lograr su objetivo de intimidar moralmente y aterrorizar a sus oponentes con la amenaza de perder la libertad.
