Las distintas dependencias que el gobierno de Baja California concentra en el edificio ubicado en la Zona Urbana del Río en Tijuana, serían repartidas a distintos puntos de la ciudad, afectando tanto a los empleados como a los ciudadanos que acuden a dichas instalaciones a realizar sus trámites
Por intervención del Sindicato de Burócratas, la mudanza de las oficinas gubernamentales del estado se pospuso hasta nuevo aviso, de acuerdo con fuentes consultas por este Semanario. Lo anterior se acordó en una reunión ocurrida esta semana entre los representantes de los burócratas y el
En días previos se les circuló un oficio en el que se les pedía a los empleados de las oficinas de Oficialía Mayor, del delegado, Departamento de Servicios Administrativos, Recursos Humanos y Bienes Inmuebles y Arrendamientos comenzar a moverse a las instalaciones del World Trade Center a partir del 22 de febrero; el oficio fue firmado por el delegado de Oficialía Mayor, Adrián Mejía Heredia.
Los representantes sindicales expusieron en la reunión que las condiciones de las nuevas instalaciones todavía no estaban listas para que los empleados comenzaran sus labores, por lo que no estaban de acuerdo con el desplazamiento. Los asistentes a esta reunión, compartieron con ZETA que en ese momento González Higuera recibió una llamada del gobernador Jaime Bonilla, quien le ordenó suspender cualquier movimiento hasta que las nuevas instalaciones cumplieran con las observaciones del Sindicato; además se solicitó que cada empleado recibiera con anticipación un oficio personalizado sobre el tema.
El 23 de septiembre de 2020 fue la primera vez que Bonilla Valdez habló sobre donar el edificio ubicado en la avenida Paseo Centenario a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), inmueble aportado en 1978 por la federación, con un decreto de por medio que condicionó su uso para oficinas gubernamentales.
Sin consultar ni a empleados ni a la ciudadanía
Los 260 empleados burócratas que laboran en el actual Centro de Gobierno fueron los más sorprendidos con la iniciativa de la donación del inmueble a la Universidad, en el que varios se han desempeñado desde hace más de una década. Por esta razón, a partir del mes de octubre del 2020 iniciaron una campaña de concientización a la ciudadanía, en la que también expresaron su rechazo a la acción que pretende llevar a cabo el gobernador Jaime Bonilla.
Comentaron a este Semanario que el primer aviso les llegó de manera verbal: los jefes de áreas les recomendaron que fueran preparando sus espacios para realizar la mudanza en cuanto fuera posible, sin embargo, ante la propuesta de que todas las dependencias se trasladaran a la Zona Este de la ciudad, fue que surgió el rechazo por parte de los trabajadores.
“Primero estaba la opción del Consorcio, a donde se movieron a los de la Secretaría de Infraestructura y a los de Economía. Los representantes del Sindicato fueron a revisar las instalaciones, hicieron algunas observaciones de posibles mejoras para que fuera un lugar apto para trabajar… y a un año siguen sin aplicarlas”, comentó uno de los burócratas a ZETA.
Los burócratas afirmaron que durante su campaña de concientización, la mayoría de los ciudadanos les expresaron que desconocían la posibilidad de que el Centro de Gobierno del Estado se cambiara de sede; algunos mostraron estar de acuerdo y otros no, por las dificultades que representa para la tramitología conjunta con otras instancias gubernamentales.
“Si a una persona que vive en la Zona Este le dices que las oficinas de gobierno se van a cambiar para allá, obvio que en el momento va a estar de acuerdo. Pero si le das la oportunidad de analizar, que por un trámite en Palacio Municipal va a tener que acudir a Gobierno del Estado y ya no va a estar a un lado, entonces su respuesta podría ser distinta”, explicó.
Añadió que el proceder de Bonilla es “populista”, para genera la imagen de que cumple con sus compromisos (cuando la donación del inmueble no lo mencionó durante su campaña). Al respecto de la postura de la UABC, argumentó que no deberían aceptar la donación e invertir en la construcción de un edificio en alguna de sus propiedades.
Se debe modificar Decreto
En cuando la parte jurídica de este tema, el abogado Rafael Cruzmanjarrez, actual presidente de la Alianza Mexicana de Abogados (AMA), confirmó que el gobernador tuvo que presentar una iniciativa al Congreso local y a la federación para modificar el decreto que en 1978 condicionó el uso del inmueble a oficinas gubernamentales.
“Al ser un Decreto Federal tendría que haber una iniciativa del Ejecutivo del Estado a su análogo, que es el Ejecutivo Federal, pasando por el Congreso; porque los Ejecutivos no emiten decretos, son iniciativas que pasan por un proceso a través de las cámaras de diputados. Pero al Congreso local solo le competente canalizar la iniciativa al Federal”, explicó.
Una de las complicaciones más latentes es que se cumpla la parte del decreto que estipula que la Federación puede reclamar el inmueble por no respetar su uso original, sin proponer una modificación jurídica previamente.
“Se debe someter a una votación para la desincorporación del patrimonio o la derogación del decreto. Ahorita no están haciendo esto, por lo que atenta a los derechos humanos y violenta al decreto”, añadió el abogado.
Las complicaciones
Después de varios meses de olvidado el proyecto, el 15 de febrero se reanudaron los movimientos en las oficinas gubernamentales. Los empleados de base escucharon de nuevo los rumores sobre el cambio, pero esta vez se mencionaron varias sedes como posibles reubicaciones, sin confirmar cual corresponde a las distintas dependencias.
Uno de los puntos más mencionados y también rechazado por los burócratas, es el conocido Consorcio Tecnológico, ubicado sobre la carretera libre Tijuana -Tecate, a más de 20 kilómetros de distancia del actual Centro de Gobierno.
Los usuarios que necesiten trasladarse a este sitio, deberán tomar un taxi de las rutas Ojo de Agua o El Niño. Aunque ya existe una ruta del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) que cubre la zona, no hay paradas oficiales de transporte público. El acceso peatonal no es seguro, los vehículos suelen transitar a alta velocidad por esa área y no hay puentes ni semáforos que garanticen el acceso sin poner en riesgo su integridad.
El Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el fraccionamiento Cortez, es otra posible sede que rechazan los burócratas por estar en una zona que reconocen como insegura y conflictiva. Lo mismo ocurre con los Almacenes Generales del Estado que están en la Vía Rápida Poniente, donde otros trabajadores han referido sufrir de robos y vandalismo por personas en situación de calle que deambulan por ahí.
El resto de las posibles sedes que ha mencionado el gobernador en sus mañaneras y breves atenciones a medios de comunicación, son locales en la plaza Viva Tijuana de la colonia Federal, y otros locales en la plaza Patria del fraccionamiento El Paraíso. Los burócratas compartieron con ZETA que también se les ha mencionado la posibilidad de ocupar una parte de lo que es actualmente es la sede de la Fiscalía General del Estado en el World Trade Center, y el espacio que hasta esta semana albergaba la biblioteca Benito Juárez y el Instituto de Cultura de Baja Cultura (ICBC), a unos pasos de Palacio Municipal.
“No nos han informado nada oficialmente. La única vez que pudimos hablar con el gobernador (jueves 18), se comprometió a recibir a nuestros representantes sindicales, pero ellos parece que están amenazados porque no se han movido a favor de sus agremiados”, comentó uno de los burócratas que está en contra del plan de Bonilla.
Refirió que el trámite que más se complicaría con la reubicación de las oficinas estatales, es el de la compra y venta de inmuebles. Los usuarios para esto requieren hacer avalúos en Tesorería Municipal antes de proceder ante el Registro de la Propiedad. Aunque Bonilla ha argumentado que distintos trámites se van a digitalizar para reducir la movilidad a las instalaciones de gobierno, sigue sin ser claro cuáles serán.
