José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), convocó a los integrantes del Comité de Administración de dicha institución, a una sesión extraordinaria que se llevará a cabo a las 17:00 horas del próximo 16 de marzo.
Ello para esclarecer la información y versiones de inconformidades, ello ante los señalamientos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), respecto a irregularidades en procesos administrativos en dicho órgano judicial.
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“Me permito solicitar respetuosamente a los Consejeros miembros de la Comisión de Administración que hagan llegar a esta Presidencia los resolutivos del punto de acuerdo que ha generado la controversia suscitada, a fin de tomar decisiones en materia presupuestaria que propicien el oportuno ejercicio de los recursos aprobados, en el entendido de que las necesidades y cargas en este periodo electoral exigirán la convocatoria periódica a sesiones para no afectar la operación”, señaló el magistrado presidente del TEPJF.
“Los recientes posicionamientos vertidos por los comisionados consejeros de la Judicatura, así como la mayoría de los integrantes del Pleno respecto de los hechos controvertidos”, es la razón principal por la cual, según Vargas Valdez, se convocó a una sesión extraordinaria del Comité de Administración del TEPJF.
Además de “someter a consideración de los integrantes los puntos que no fueron posible discutir en la sesión ordinaria del pasado 4 de marzo al no haberse aprobado el orden del día en los términos presentados”.
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La próxima reunión se realizará “a fin de tomar decisiones en materia presupuestaria que propicien el oportuno ejercicio de los recursos aprobados, en el entendido de que las necesidades y cargas en este periodo exigirán la convocatoria periódica a sesiones”, agregó el magistrado presidente del TEPJF en una carta hecha pública en su cuenta de la red social Twitter.
“Por ello les pidió a sus colegas enviar sus propuestas. Comprendo que pueden existir diferencias de criterios, mismas que se deben dar en un diálogo institucional, de cordialidad y de respeto”, señaló Vargas Valdez, en su misiva dirigida a los integrantes de la Comisión de Administración del TEPJF, conformada por tres comisionados del CJF y dos magistrados, incluido él mismo.
Sin embargo, el también presidente de la Comisión de Administración del TEPJF rechazó subsanar la omisión en el acta del pasado 28 de enero, reclamada por los consejeros del CJF, que tiene que ver con un acuerdo aprobado, por el que es necesario someter a aprobación de dicho órgano las asignaciones presupuestales, en función de la disponibilidad de recursos.
“El #TEPJF rechaza estrategias que pongan en peligro el adecuado funcionamiento de la institución”, señaló el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del TEPJF, mismo que remite al comunicado oficial.
Hago pública la carta que envié a los miembros de la Comisión de Administración y a los Magistrados de la Sala Superior del @TEPJF_informa con relación a lo expuesto en los medios de comunicación en días recientes. pic.twitter.com/JOb1VNb8c8
— José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) March 10, 2021
Ayer martes 9 de marzo, cinco de los siete integrantes de la Sala Superior del TEPJF -con excepción de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso-, se deslindaran públicamente del comunicado oficial emitido por la Presidencia del organismo electoral el pasado día 8 de este mismo mes.
En dos cartas dirigidas a los comisionados del CJF, los magistrados Janine Madeline Otálora Malassis, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, se deslindaron de la postura de Vargas Valdez y señalaron que no fueron consultados de la postura manejada como institucional, ni fueron informados de los detalles del contexto de la reunión que ha generado el diferendo.
Los magistrados señalaron que la larga trayectoria que poseen en el Poder Judicial de la Federación, “es una fuente de legitimidad, y que su misión ha sido siempre la de favorecer una justicia electoral que sirva a la ciudadanía y a la democracia de México”.
“A lo largo de nuestro desempeño en este Poder Judicial, en cada una de las posiciones que orgullosamente hemos ocupado, hemos procurado cumplir los principios constitucionales, legales, de rendición de cuentas, transparencia y la ética judicial a que estamos obligados: esa ha sido nuestra filosofía en cada una de nuestras facetas profesionales y de vida”, agregaron.
“Refrendamos nuestro compromiso institucional con cada uno de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y por ello, nuestro pleno respeto a ustedes como integrantes de la Comisión de Administración del TEPJF”, indicaron los magistrados.
Ante ello, los comisionados de la CJF -que encabeza el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea- expusieron al magistrado presidente Vargas Valdez, una serie de condiciones para volver a sesionar en la Comisión de Administración del TEPJF, luego de los incidentes suscitados en la reunión del 4 de marzo.
Un día después, el CJF emitió un comunicado en el que alertaba respecto a irregularidades en la asignación de recursos a proyectos especiales y la reticencia del TEPJF a transparentar la información, lo que generó diferencias con el presidente de dicha institución, quien a través de un comunicado institucional rechazó las imputaciones el día 8 de este mismo mes.
Entre las condiciones establecidas en el oficio del CJF, está el de corregir el acta del 28 de enero y restituir el acuerdo aprobado y omitido, según los comisionados, que establece la exigencia de que los proyectos sujetos a disponibilidad presupuestal, cuenten con la autorización de la Comisión de Administración, previo a que se les dote de recursos, así como la obligación de que el presupuesto a ejercer en cada proyecto se precise.
En diciembre pasado, un acuerdo aprobado por la Sala Superior del TEPJF, relacionado con la obligación de los partidos de postular al menos a siete mujeres en las candidaturas a las Gubernaturas en juego en el actual proceso electoral, motivó un debate público, que fue publicado luego de nueve días de su aprobación, en un engrose que estuvo a cargo del magistrado Vargas Valdez.
