Mientras el Presidente López Obrador presume remesas históricas, los trabajadores mexicanos enfrentan condiciones laborales y de vida adversas en Estados Unidos. En vez de generar plazas en el país bien remuneradas, el mandatario pretende acuerdo para un programa de empleo temporal. Activista advierte que una estrategia tradicional como el programa Brasero, “significa un modelo moderno de esclavismo”
A raíz del virus SARS CoV-2, migrantes mexicanos en Estados Unidos enviaron sus ahorros a sus lugares de origen como una medida de prevención ante el riesgo de que la enfermedad respiratoria afectara a sus consanguíneos en México, en el entendido de que la epidemia duraría dos semanas.
Como consecuencia, actualmente hay migrantes en California que acumulan deudas de hasta nueve meses de renta. Otros se mudaron con familiares para compartir gastos, ya que la renta de un departamento de dos recámaras en Los Ángeles cuesta mil 800 dólares al mes. “Estamos viendo casas con nueve o incluso doce personas”, situación que influyó para que muchos migrantes se contagiaran de COVID-19 y murieran, comentó Luis Antonio López Reséndiz, director del Programa de Intérpretes Indígenas de CIELO (Comunidades Indígenas en Liderazgo).
Por otro lado, indicó que los migrantes mexicanos trabajan en promedio 15 horas al día para enviar remesas. Incluso algunos laboran hasta 20 horas y tienen tres empleos. “Es tanto el estrés, que me tocó ver a compañeros de trabajo dormir en los 30 minutos de descanso que nos daban, porque no habían dormido toda la noche”, expuso López.
El hacinamiento también se da en el sector agrícola, donde los migrantes enfrentan condiciones de vida difíciles: “Nos tocó visitar un campamento en San Diego de migrantes que vinieron a la pisca de aguacate, muchos de ellos de Guanajuato y Michoacán. En el campamento había cuatro cuartos con varias camas, y en cada cuarto vivían como 60 personas”.
Los migrantes indígenas esparcidos en territorio estadounidense son los más vulnerables, porque no hablan inglés y casi nada de español. Aunado a las condiciones en las que trabajan, enfrentan doble racismo de los connacionales y por ser indocumentados.
En otro punto de EU, en Wisconsin, donde Juan Manuel Salas ha vivido “19 años a la sombra”, migrantes mexicanos viven una situación complicada porque sus ingresos han disminuido.
Originario de Ciudad de México, Salas relató a ZETA que cuando no trabaja en un aserradero, lo hace en una papera, donde cosechan papa, la lavan y la embolsan.
“El salario que me están pagando en la fábrica no es el mismo que en la papera, en la papera trabajo más horas por menos sueldo, pero hay veces que en la papera dicen ‘hoy no te ocupamos porque no hay muchos pedidos’, hay veces que pasa una semana y no trabajé ni en uno ni en otro lado”, lamentó.
Organizaciones como CIELO y Coalición de Alabama por la Justicia de los Inmigrantes, implementaron ayudas económicas a los migrantes indocumentados para que adquieran alimentos y paguen parte de la renta, al no tener acceso a programas de beneficios otorgados por el gobierno estadounidense.
Tales son las condiciones que vivieron los migrantes mexicanos en EU para enviar las remesas durante 2020, las cuales han sido presumidas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como una de las principales fuentes generadoras de divisas, las cuales permitieron que “no se nos cayera” el consumo a pesar de la pandemia y de la crisis económica.
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, NUEVO MODELO DE ESCLAVISMO
A finales de febrero, el Presidente de López Obrador anunció que buscará un acuerdo parecido al programa Brasero con su homólogo estadounidense Joe Biden, para que entre 600 y 800 mil migrantes mexicanos y centroamericanos puedan trabajar legalmente en la Unión Americana.
“Si no se tiene mano de obra mexicana, cómo se garantiza el incremento de la producción en Estados Unidos” aseveró el político tabasqueño en una gira por Zacatecas. En otras ocasiones ha externado que México “es la bujía para el desarrollo económico en América del Norte”, ya que el país aún cuenta con población joven.
Para el economista Miguel Armas, el discurso del gobierno mexicano exalta una dependencia inexistente y fuera de contexto, que viene más a justificar su incompetencia para establecer condiciones económicas eficaces.
“Apostarle al exceso de fuerza de trabajo desocupada y sin los mejores niveles de calificación, es una estrategia poco realista que, si bien genera expectativas en términos políticos, poco o nada contribuye al establecimiento de relaciones binacionales positivas, mucho menos al mejoramiento de la economía mexicana”, afirmó.
Por su parte, el director ejecutivo de Alianza Américas, Óscar Chacón, advirtió que un programa de empleo migratorio temporal entre Estados Unidos, México y Centroamérica al estilo Brasero o Filipinas, “significa prácticamente un modelo moderno de esclavismo”, al crear “un monstruo de violación de derechos humanos”.
Actualmente existen visas para empleo temporal (H1), destinadas a personal altamente calificado y que prácticamente se otorgan a personas provenientes de India y China, además de las H2-A (para trabajadores agrícolas) y H2-B (para otros sectores como hotelería, limpieza y restaurantes donde no se requieren altas destrezas).
Aunque en teoría a un trabajador temporal e indocumentado se le aplican muchas cláusulas de la Ley laboral estadounidense, la realidad es que el número de inspectores es “ridículo” para el número de empleadores a monitorear.
“Los patrones deben brindarles ciertas garantías sociales para que las personas puedan vivir de forma digna mientras se desempeñan como trabajadores temporales, pero tú revisas cómo vive especialmente la gente que trabaja en la agricultura y te vas a dar cuenta que es una manera ridícula de interpretar bienestar social”, resaltó Chacón.
En su opinión, no solo los gobiernos, también las cúpulas empresariales conocen bien la condición laboral a la que se enfrentan sus nacionales con programas de empleo temporal, e igual, saben cuán explotada es la gente que logra entrar a Estados Unidos sin autorización, pero se inserta en el mercado laboral. “Honestamente, creo que les vale madre, así en concreto”, considera el director ejecutivo de Alianza Américas.
“La lógica es sumamente transaccional, es decir, una lógica en la que ellos dicen ‘cada persona de mi país que se logra ir, ya sea sin papeles o con una visa de empleo temporal, es un enojado menos que tengo aquí y de paso va a enviar lana’. No hay que estar confundidos al respecto, la migración es como una droga para las economías de México y Centroamérica, porque genera un ingreso seguro de divisas”, advirtió el activista.
El que en este momento Estados Unidos tenga tasas bajas de natalidad, un problema “muy tangible” en que 10 mil personas cumplen 65 años cada día, y que “no hay manera de imaginar un mercado laboral robusto sin más trabajadores extranjeros”, explica que AMLO y otros presidentes, como el de El Salvador, Nayib Bukele, ya estén “vendiendo” la idea de que la creación de un programa de empleo temporal es el “antídoto” a la migración irregular.
Sin embargo, un programa de empleo migratorio tradicional no resolverá la desigualdad en México y Centroamérica, donde “el problema fundamental es la carencia de un modelo de sociedad, de un modelo económico verdaderamente comprometido con el bienestar de las mayorías, y que de paso sea un modelo de sociedad visionario, de futuro, apegado a la realidad del cambio climático”, explicó Óscar Chacón.
Por ello, considera que lo idóneo es hablar de movilidad laboral con un alto nivel de consideración al tema de derechos, al mismo tiempo, iniciar “la gran empresa” de transformar los modelos de sociedad y económico en México y Centroamérica.
Solo entonces, “posiblemente estaríamos hablando de un proyecto que, de aquí a 20 años, nos llevaría a sociedades mucho más inclusivas, prósperas, lugares de donde nadie quiere irse, creo que es la meta que deberíamos alcanzar”.
Aunque sería “un respiro de aire fresco” que la administración del Presidente norteamericano Joe Biden entienda que el desafío migratorio no se origina cuando la persona llega a la frontera Sur de EU, sino cuando la persona se ve forzada a salir de su país, el monto prometido por la Casa Blanca de 4 mil 400 millones de dólares en cuatro años para ayudar a resolver las causas de la migración en México y Centroamérica, es “insuficiente” para la dimensión de los problemas que tienen particularmente Honduras, Guatemala y El Salvador.
Como comparación, en 2020 las remesas centroamericanas alcanzaron los 23 mil millones de dólares, es decir, la propuesta de Biden (mil 100 millones de dólares al año) “ni siquiera es una vigésima parte”. A ello hay que sumar el trabajo que debe hacer México y Centroamérica para cambiar su modelo social y económico, semejante al feudal.
Igualmente, es importante señalar que la reforma migratoria planteada no aborda de manera frontal el problema que representa la existencia de muchas cláusulas de la Ley de 1996 -vigente- extremadamente excluyentes, restrictivas y punitivas, las cuales disminuirán el universo de migrantes que se beneficiarían con la medida impulsada por la Casa Blanca; aunado a lo incierto de la aprobación de la reforma migratoria en el Congreso estadounidense.
MÉXICO, CADA VEZ MÁS DEPENDIENTE DE REMESAS
Se espera que para el año en curso, las remesas alcancen un monto cercano a 43 mil 450 millones de dólares, lo que significará un incremento anual de 7%, según estimaciones de BBVA Research.
Quintana Roo, Campeche, Baja California Sur, Baja California y Tabasco podrían tener crecimientos de flujos de remesas de entre 16.3 y 23.1%. En contraste, Tlaxcala, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas reportarían crecimientos de entre 1.1 y 3.0%.
En cuanto al monto total de remesas, se estima que Jalisco se mantenga en la primera posición a nivel nacional con alrededor de 4 mil 550 millones de dólares (+9.5%). Le seguiría en un lejano segundo lugar Michoacán, con 4 mil 310 millones de dólares; y en tercera posición Guanajuato (3 mil 515 millones de dólares).
El año pasado, el monto de las remesas tuvo un crecimiento interanual de 11.4%, al sumar 40 mil 606 millones de dólares. Cantidad que significó 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, un dato sin precedentes.
Para el economista Miguel Armas, al hablar de un aumento en las remesas, es importante analizar por separado dos cuestiones fundamentales: los montos, entendidos como la cantidad de dinero que llega al país; y los flujos, que se refieren a la frecuencia con lo que esto se verifica.
El primer caso supondría una mejor condición del trabajador mexicano en EU, quien podría aumentar la cantidad de dinero que envía a sus familiares en México sin necesidad de incrementar los flujos. Mientras que el aumento de flujos y no tanto en los montos de tales envíos, sería reflejo del deterioro de la situación económica por la que atraviesan sus familiares en México.
“A mediados del año pasado se registró un incremento en el flujo de las remesas ante los efectos de la contingencia sanitaria, la desaceleración de la actividad productiva y por supuesto el manejo de la política económica en México. De ahí que este aumento pueda interpretarse no como un mejoramiento de la situación económica de ambos países, y por el contrario, es reflejo de una situación de recomposición global que todavía no toca fondo”, afirmó.
Según el Banco de México, en marzo de 2020 el monto promedio de la remesa fue de 378 dólares, y en diciembre, de 339 dólares. Aunque en enero de 2021 la remesa promedio fue de 343 dólares, la cantidad aún es inferior a la registrada al inicio de la pandemia de coronavirus.
El especialista en crecimiento económico también señaló que “ni la migración y mucho menos las remesas, son objeto de orgullo para ningún país; por el contrario, solo evidencian sus deficiencias estructurales en materia de salud, educación y por supuesto producción, lo que en conjunto se asocia con una gestión gubernamental poco o nada acertada”.
Añadió que la migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, es una práctica histórica que no ha sido atendida de manera integral por ninguno de los dos países. Por un lado, EU enfatiza el control de sus fronteras, pero a la vez incentiva de manera encubierta la contratación de fuerza de trabajo ilegal.
Por su parte, México no aplica una política económica eficaz que le permita generar en su propio territorio oportunidades de ahorro, de inversión y por supuesto de empleo. En ambos casos, ninguna de las partes asume su responsabilidad.
En este sentido, afirmar que la migración se encuentra sujeta a las acciones del gobierno es relativo, ya que solo aquellos ciudadanos que cuenten con las condiciones mínimas suficientes optarían por la migración hacia EU como una solución a sus problemas económicos. Mientras que el resto, la gran mayoría, “tendrían que sortear los efectos de una política económica errática e inconsistente que opera más en el discurso retórico, el espectáculo mediático y en la falta de soluciones a los problemas de interés nacional”.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que, al cierre de 2020, la pobreza laboral en México aumentó 3.4 puntos porcentuales, para ubicarse en 40.7% del total. Estados que en 2020 recibieron mayores flujos de remesas también presentaron incrementos significativos en el porcentaje de su población, con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta básica.
Destaca el caso de Baja California, que tuvo un crecimiento anual de 30.2% de remesas y su pobreza laboral aumentó 5.5 puntos porcentuales, para ubicarse en 25.3%. Quintana Roo tuvo un incremento de remesas de 28.2% y un alza de 10.4 puntos en su pobreza laboral situándose en 43%. Y Ciudad de México, donde los flujos de remesas crecieron 24.3% su pobreza laboral, aumentó 10.4 puntos porcentuales, para ubicarse en 41.4%. Las últimas dos entidades tuvieron una severa caída de empleo formal en 2020.
Datos del Anuario de Migración y Remesas México 2020 -elaborado por Fundación BBVA y Consejo Nacional de Población- indican que en 2019, los estados con mayor dependencia de las remesas respecto a su PIB fueron Michoacán (11.8%), Guerrero (10.7%), Zacatecas (10.7%) y Oaxaca (9.8%). Entidades que registraron incrementos de entre 4.1 y 11.9% de remesas, y reducciones de pobreza laboral, de entre -0.7% y -4% durante el año pasado.
