El Parlamento de España aprobó este jueves 18 de marzo, una ley que despenaliza la eutanasia y regula el suicidio asistido, estableciéndolas como un derecho y una prestación del sistema nacional de salud, lo que permitirá a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.
La nueva ley -que fue propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y que entrará en vigor en tres meses-, fue validada en el Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor de los partidos de izquierda, de centro y regionalistas, 2 abstenciones y 141 votos en contra, principalmente de la derecha y la extrema derecha del espectro ideológico.
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“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. […] Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España”, escribió en la red social Twitter, el presidente Sánchez Pérez-Castejón.
La nueva legislación obliga a cada comunidad autónoma a crear, en tres meses, la Comisión de Garantía y Evaluación necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la eutanasia, que podrán solicitar los mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.
La solicitud comienza por la petición del afectado, que debe ser manifestada por escrito dos veces en 15 días. En dicha solicitud debe quedar claro que la decisión no es “el resultado de ninguna presión externa”.
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La Comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, será responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia. Asimismo, el solicitante deberá confirmar varias veces el deseo de seguir adelante y podrá desistir en cualquier momento.
Con la nueva ley -que fue aprobada baja la amenaza de partidos de derecha y ultraderecha, que adelantaron que la llevarán al Tribunal Constitucional de la mano de organizaciones provida- España se convierte en la séptima nación del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.
En Portugal el Poder Judicial se opuso a la ley. En Colombia, la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre, mientras que en algunas partes de Estados Unidos y Australia dicha práctica también está permitida.
