Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, admitió a trámite la demanda de garantías interpuesta el pasado 3 de marzo por Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla, quien promovió dicho amparo en el expediente 205/2021, con la intención de anular el auto de formal prisión dictado en su contra por su presunta responsabilidad por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista, Lydia Cacho Ribeiro.
Sin embargo, la suspensión definitiva otorgada al ex mandatario estatal no implica que vaya a salir de prisión, ya que la medida cautelar dictada el pasado 10 de febrero, por Gerardo Vázquez Morales, titular del Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Benito Juárez, Quintana Roo, es porque el delito por el cual se acusó a Marín Torres está considerado como grave, motivo por el cual su proceso penal lo tiene que enfrentar en la cárcel.
La audiencia constitucional, donde la jueza resolverá si concede la protección de la justicia al ex gobernador de Puebla está programada para el próximo 18 de marzo. Hace unos días, Cacho Ribeiro escribió en su cuenta de la red social Twitter, que Nava Ortega “favorece a Mario Marín en la búsqueda de un amparo para salir libre”.
Según la organización por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Artículo 19 para México y Centroamérica, que representa a la periodista ante el Estado mexicano, la suspensión sólo tiene el efecto de poner a disposición de la jueza de amparo la libertad personal del ex gobernador.
La ONG aclaró, también, que, por tratarse de un delito considerado grave en el sistema penal vigente al momento de los hechos, mientras se resuelve el juicio de amparo el imputado seguirá en la cárcel. En este contexto, Artículo 19 solicitó al Poder Judicial de la Federación que se conduzca con “plena imparcialidad e independencia en la resolución de este amparo”.
“ARTICLE 19 y @lydiacachosi celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista”, tuiteó la ONG el pasado 10 de febrero.
Asimismo, Artículo 19 detalló que “la justicia no será plena hasta que el ex gobernador sea condenado y, junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. Además debe ser garantizada la reparación integral de los daños para Lydia Cacho y su familia”.
DETENCIÓN DEL “GÓBER PRECIOSO” EN ACAPULCO
El pasado 4 de febrero, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), trasladaron a Marín Torres a Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, donde ingresó, aproximadamente a las 00:00, al Centro de Readaptación Social (CERESO), donde fue puesto a disposición de un juez de control federal, acusado por el delito de tortura en agravio de la periodista Cacho Ribeiro, ocurrido en 2005.
Alrededor de las 14:30 horas del 3 de febrero, el llamado “Góber precioso” fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, durante un cateo a un inmueble, que resultó ser el domicilio particular de Alicia Marín Torres, hermana del ex mandatario estatal, ubicada en la calle Zitlaltepece, colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco, Guerrero, a menos de un kilómetro de la avenida Costera Miguel Alemán.
Tras rendir su declaración y ser revisado por un médico legista en la Subdelegación de Procedimientos Penales de la FGR de dicha entidad -ubicada en la avenida Mediterráneo, en el fraccionamiento Hornos Insurgentes-, el ex gobernador de Puebla fue llevado al hangar de la Fiscalía, escoltado por elementos federales, donde abordó la aeronave oficial que lo llevó a Quintana Roo.
JUEZA GIRA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA KAMEL NACIF
El 11 de abril del 2019, la magistrada María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito Tribunal Federal, ordenó la aprehensión del ex gobernador, del empresario de origen libanés Kamel Naci Borge -“El rey de la mezclilla”-, así como del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Bernal, y del ex subdirector de Mandamientos Judiciales de la misma institución, Juan Sánchez Moreno.
La resolución revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien en 2018 negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, en noviembre pasado, el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo concedió a Marín Torres y a Nacif Borge, un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión.
Asimismo, dicho Tribunal ordenó a la magistrada Suárez Préstamo reponer el procedimiento, es decir, valorar nuevamente si debían girarse otra vez las capturas contra Marín Torres y el empresario Nacif Borge.
En cumplimiento a ese fallo, en la primera semana del pasado mes de diciembre, la magistrada libró de nueva cuenta las órdenes de captura, por lo que el ex gobernador y el empresario mantendrían su calidad de prófugos de la justicia.
El 6 de mayo del 2019, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, aseguró que desde el 16 de abril de ese mismo año, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para lograr la captura del ex mandatario poblano.
“El mismo día que tuvimos la orden de aprehensión que nosotros pedimos, se emitió la ficha roja […] Quien haya dicho lo contrario no esta diciendo la verdad”, afirmó Gertz Manero en rueda de prensa.
El titular de la FGR agregó que la ficha roja para la búsqueda en 194 países, también se emitió para las otras personas involucradas en el caso de la tortura a Cacho Ribeiro, entre ellos el empresario de origen libanés, Kamel Nacif Borge.
En diciembre de 2018, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendieron en Puebla al policía en funciones, Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito, ya que supuestamente participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Cacho Ribeiro, en 2005.
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el 11 de abril del 2019, a uno meses de que se cumplieran 14 años de la tortura que sufrió la periodista, quien utilizó su cuenta en la red social Twitter para señalar que en el caso ha habido corrupción, y recordar el hostigamiento que sufrió, por lo que tuvo que dejar el país.
La periodista fue detenida en 2005 por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Nacif Borge, a causa de la publicación del libro, ‘Los Demonios del Edén’, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.
En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Marín Torres, en las que el entonces gobernador manifestó su apoyo al empresario para imponerle un “correctivo” a la periodista.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), donde se conformó una Comisión Investigadora. Sin embargo, el Pleno se abstuvo de señalar al ex gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.
Ello debido a que supuestamente no se demostró la existencia de una falta grave a los derechos de Cacho Ribeiro, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual, a decir de la SCJN, no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que Suprema Corte concluyó el asunto.
El Pleno de la SCJN indicó que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la periodista, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho Ribeiro.
Sin embargo, el ministro Juan N. Silva Meza, encargado de la Comisión, defendió el dictamen presentado y declaró: “Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.
LA INVESTIGACIÓN DE LYDIA CACHO
La investigación realizada por la periodista retrata una red de trata de personas, prostitución infantil y pederastia, que involucra a empresarios y políticos, lo que que derivó en una denuncia, por calumnias y difamación en contra de la periodista por parte del empresario de origen libanés, primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos ex gobernadores de Quintana Roo.
Cacho Ribeiro fue detenida el 16 de diciembre de 2005, por la entonces Policía Judicial de Puebla, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.
Durante el trayecto de más de 23 horas, la periodista fue sometida a tortura, además de que luego quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado. A pesar de ser la víctima, el 23 de diciembre de 2005 la juez Quinto de lo Penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro, por los delitos de difamación y calumnia.
Sin embargo, tras el pago de una fianza, la periodista consiguió su libertad, pero fue obligada a firmar cada mes. Después, el 17 de enero de 2006, Cacho Ribeiro fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
El 13 de marzo de 2006, la periodista interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).
Meses después de se difundió un audio entre el entonces gobernador de Puebla y Nacif Borge, mismo que mostró su complicidad en la detención de la periodista, tal como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas(ONU-DH), que el pasado 2 de agosto falló a favor de Cacho Ribeiro y exigió al Estado Mexicano reparar integralmente a la comunicadora.
“Ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, aquí en Puebla se respeta la ley, aquí no hay impunidad, no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacer publicidad”, expresó en aquel entonces Marín Torres a Nacif Borge.
