Se trata, para no variar, de Jaime Bonilla Valdez. Gobernador de Baja California, Senador con licencia, ex diputado federal y ex súper delegado del Gobierno de la República en Baja California, cargos a los cuales ha llegado con la ayuda y protección del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Y todo comenzó en julio de 2020, cuando a través de una carta que compartió con el Semanario ZETA y así fue publicada, la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, denunció las amenazas de las que fue blanco por parte del gobernador Bonilla, utilizando como personero al Secretario General de Gobierno del norteño estado.
En aquella ocasión, dio cuenta de cómo se negó, de antemano, a aprobar una iniciativa de Ley que el gobernador pensó que le aprobarían en el Congreso del Estado de Baja California, para acortar el periodo del próximo gobierno estatal, de seis a tres años. Su intención era entonces, que si él no había obtenido los cinco años que inconstitucionalmente había querido agenciarse como gobernador del Estado, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo paró en seco, nadie los tendría. Además que cumpliría el capricho de Morena de empatar la elección estatal de Baja California con la nacional de 2024.
En su momento, los diputados de Morena presentaron la nueva LeyBonilla, y esta fue desechada.
Sin reparo alguno, con toda impunidad y sabiéndose protegido del Presidente e impune ante la FGR, Bonilla comenzó llamándola Lady Salón de Belleza, argumentando que en plena cuarentena y cuando este sector de la belleza se encontraba cerrado debido a la contingencia sanitaria, la Presidente Municipal utilizaba sus influencias para seguir pintándose el pelo.
Casi lo logran. Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía General del Estado, rodearon el Palacio Municipal de Tecate, con una orden para arrestarla. Al mismo tiempo, los abogados municipales presentaron pruebas al Juzgado para demostrar que ya habían saldado el adeudo con la compañía gasolinera, y el juzgador emitió una orden para inhabilitar la de arresto. Lo intentaron pero no la aprehendieron.
Más encaprichado, el gobernador Bonilla en lugar de disminuir sus ataques los subió de tono. Ahora llama a Zulema Adams, la narco-alcaldesa. Se basa en dichos que han llegado a sus oídos, de personas cercanas a la Presidente Municipal, que se supone estuvieron relacionados con el narcotráfico. La realidad, o por lo menos la documental, da cuenta que ni en Estados Unidos ni en Baja California, se está integrando una carpeta de investigación contra la mujer, por delitos contra la salud. De hecho, es muy frecuente que Adams cruce la frontera hacia la Unión Americana, porque en el vecino país lleva parte de su vida profesional privada, sin haber tenido alguna consecuencia jurídica. Esto sin embargo no ha sido suficiente para que el gobernador Bonilla baje el tono de sus acusaciones impunes. Para él es narco alcaldesa y así se refiere a ella, de manera frecuente, en sus presentaciones vía Facebook live.
El más reciente capitulo de las agresiones de Bonilla contra Adams, es que debido a su capricho vengativo contra la Alcaldesa, decidió abiertamente y sin que autoridad alguna lo llame a acatar lo que mandata la Ley, violar la Constitución, una vez más, para perjudicar a la morenista.
Lo que hizo Bonilla, fue no publicar en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, la Ley de Ingresos 2021 del Ayuntamiento de Tecate, que el Congreso del Estado aprobó el 22 de diciembre de 2020. Para que lo vea con más claridad: el 28 de diciembre, el gobierno de Baja California, publicó en el Periódico Oficial, las Leyes de Ingresos, del Estado y de los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Tijuana y Rosarito, es decir, de todos los ayuntamientos del Estado, menos la de Tecate.
Con tal caprichosa iniciativa, a todas luces una agresión del gobernador hacia la mujer Alcaldesa, se afecta no solo al Ayuntamiento sino a los ciudadanos todos. Pues la administración pública no tiene certeza jurídica en ese municipio del País, además que se violenta la Constitución en los artículos que determinan la libertad y autonomía del municipio, y también aquel que obliga al Gobernador ha respetar esa calidad y actuar en beneficio de los ciudadanos todos y la administración pública, particularmente el 115 y el 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos.
Pero han transcurrido 71 días desde que el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos Municipal, y el gobernador sigue sin publicarla. Por lo tanto, la administración no puede acceder a los fondos aprobados, ni cobrar los nuevos impuestos o servicios que le fueron aprobados por 19 de 25 diputados.
¿Hasta dónde llega la impunidad de Jaime Bonilla? Evidentemente hasta Palacio Nacional, desde donde sale el apoyo con el que sigue gobernando –afortunadamente por solo dos años, que concluyen al final de este 2021- y quebrantando la Ley. Y topan, a veces, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque quizá después de una controversia constitucional para obligarlo a publicar la Ley de Ingresos, lo haga. Porque del juicio político, ni hablar, especialmente cuando su caso llegaría a un Congreso Estatal, o a uno Federal, ambos con mayoría morenista.
Un caso más de las agresiones políticas de género, que pasan en la impunidad. Uno más.
