Aunque no está planteado como exigencia en la Ley de Bienes del Estado de Baja California, “la autoridad tiene que justificar el fin legítimo, debería de haber un estudio científico para ver si el beneficio que se dará a la UABC justifica el perjuicio que se le daría a la ciudadanía al mover las dependencias”, expuso el 12 de marzo ante el Grupo Madrugadores, Sergio Bravo Gibert, doctor en Derecho Constitucional y miembro certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
El comentario del especialista fue en relación a la donación que la administración de Jaime Bonilla Valdez hizo a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), del edificio del Centro de Gobierno de Zona Río en Tijuana, construido entre 1971-1977, que estuvo en operación durante 44 años en un terreno de 12 mil 913.72 metros cuadrados, entregado en comodato al Estado mediante decreto del Gobierno Federal, bajo la condición de no darle un uso distinto.
Bravo Gibert habló de la necesidad de un análisis serio y fundado que pruebe que los beneficios que obtendrá el Estado luego que la UABC invierta 120 millones 855 mil 741 pesos para construir veinte aulas en el inmueble donado para dar cabida a un 46% más de estudiantes -mil 800 alumnos, dijo en noviembre, y cambió a mil 130 en febrero de 2021- en carreras del área de las ciencias de la salud, en el que “se brindarán servicios médicos y dentales con un costo de recuperación muy bajo” -como anunció el rector del alma mater, Daniel Valdez Delgadillo-, serán enormes.
Además, esa ganancia debe estar muy por encima del perjuicio que tendrán los 400 empleados de base y otros tantos de confianza que laboraban en el inmueble, los 3 mil usuarios diarios -cifra dada por los trabajadores- y la sociedad en general, en cuanto a productividad, gastos y tiempos de traslado, aunados a la inseguridad y riesgos en la zona.
A los daños y perjuicios, habrá que sumar el golpe que significa para al erario sacar cinco secretarías y la Oficialía Mayor de un espacio gratuito, a otros tres inmuebles en direcciones distintas, propiedad de particulares con los que debieron firmarse contratos millonarios por pago de rentas.
Con excepción del inmueble ubicado en Diego Rivera y Avenida Poniente, porque ya alberga la Fiscalía de Homicidios, en ese espacio el problema es de seguridad, porque puede ser atacado por criminales como ha sucedido en el pasado, lo que pone en riesgo a más burócratas.
A la fecha, los funcionarios bonillistas no han informado el importe de las rentas, pero sirva como ejemplo el contrato que tiene precisamente la Fiscalía General del Estado con el propietario del World Trade Center, que se comprometió a pagar 4 millones de pesos mensuales.
Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta por el gobernador e ingeniero, quien después de posponer por más de un año -porque la UABC no pudo disponer del dinero el 1 de noviembre de 2020- el cumplimiento de la promesa de campaña de pagar el adeudo (mil 761 millones 804 mil 115 pesos) que dejó su antecesor panista con la Máxima Casa de Estudios, decidió otorgarles el inmueble como un extra.
Como argumentos para la donación, Bonilla no quería se redujera la matricula, y que a partir de la crisis de salud generada por la pandemia de COVID-19, se dio cuenta que no hay suficientes médicos en la entidad.
Para respaldar este tipo de decisiones, la Constitución contempla como mecanismo de participación ciudadana, la figura de Consulta Popular, que debe ser convocada o respaldada por el 33% de los integrantes del Poder Legislativo, y para ser válida, debe participar por lo menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.
Pero como acostumbra el gobernador Bonilla, se la aventó “a lo cholo” el jueves 22 de octubre de 2020, cuando en su presentación mañanera a través de Facebook preguntó: “Anualmente más de 3 mil 500 jóvenes se quedan sin estudiar Medicina en la UABC. El Gobierno del Estado ha decidido donar el Centro de Gobierno en Tijuana con el fin de incrementar la matrícula en medicina. ¿Cuál es su opinión?”.
De acuerdo a los resultados dados a conocer por el mandatario, 893 usuarios votaron estar de acuerdo, 253 dijeron “No lo estoy”, y con esos mil 146 consultados la dio por buena.
El desalojo del gobierno y donación a la UABC se anunció como un hecho desde el último trimestre de 2020, concretándose entre febrero y el 18 de marzo de 2021, no obstante las manifestaciones de los trabajadores.
A pesar de las irregularidades, a dos de las agrupaciones de abogados que anunciaron y concretaron peticiones de amparos por la entrega del edificio a la UABC, ya les fue negada la suspensión provisional -16 de marzo- por el titular del Segundo Juzgado de Distrito, Arturo González Ramírez. Les anunció que no acreditaban el interés legítimo como demandante, ya que el juez considera que solo la Federación puede reclamar por la violación al decreto, al darle al inmueble un uso distinto.
Pudo seguir la Constitución, porque existen los mecanismos para este tipo de donaciones, pero, como es su costumbre, Jaime Bonilla decidió torcer la Ley… y hacerlo acorde a su voluntad, creyendo que por ser el gobernador, puede violentar flagrantemente los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia y rendición de cuentas, plasmados en la Ley del Gasto Público que prometió guardar y hacer guardar.
Será cuestión de esperar, para saber si el Poder Ejecutivo federal y el Poder Judicial lo obligan a corregir, o deciden convertirse en cómplices y otorgarle impunidad.
