Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, otorgó una suspensión provisional contra la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que apenas entró en vigor el 10 de marzo pasado.
Aunque la decisión del juez es sobre dos impugnaciones, de las empresas de energía renovable Eoliatec del Pacífico y Zuma Energía, la medida cautelar aplicará a todas las empresas participantes del sector con el fin de “no afectar la competencia y el desarrollo de la industria eléctrica” que la propia medida cautelar quiere evitar.
“La suspensión de los actos reclamados también tiene como finalidad asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, impidiendo que la ejecución de aquéllos se materialice de tal manera que se vuelva imposible, en caso de obtener una sentencia favorable, volver las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado”, se lee en el dictamen.
Con ello, se frenó momentáneamente la ley presidencial que busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El 18 de marzo, el juez determinará si concede la suspensión definitiva.
El dictamen del juez indica que la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica -publicada por AMLO el 9 de marzo de 2021- indica que luego de analizar las normas generales reclamadas por las empresas “este Juzgado de Distrito advierte que las modificaciones que se realizan a la Ley de la Industria Eléctrica podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico”.
Expuso que la anterior ley (la llamada reforma energética que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto) tuvo como finalidad establecer un modelo que permitiera garantizar la competencia para que hubiera una mejor condición de generación y abasto de electricidad a precios competitivos, en beneficio de la población.
No obstante, las modificaciones y adiciones establecidas en el Decreto promulgado por AMLO “se alejan de los objetivos de la reforma energética, y por ende, son aparentemente contrarios a los artículos 25 y 28 constitucionales”.
Agregó que “se estima que las normas reclamadas también podrían producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomentan la producción y el uso de energías convencionales y que desincentivan la producción de energías limpias”, y que el Estado Mexicano asumió diversos compromisos internacionales para reducir las emisiones y residuos contaminantes.
Ramsés Pech, analista en energía y economía, dijo a ZETA que la promulgación de la ley confirma que en el país no habrá inversiones nuevas para el sector eléctrico durante 2021, ante la incertidumbre, lo que ocasionará un “desface en la infraestructura” que necesita México.
2021 será un año de acomodo del mercado eléctrico debido a que tenemos un lustro de haber iniciado con modificaciones técnicas sobre las bases de operación y de índole legal. “Hemos de entender que esto es normal en la creación de un nuevo mercado bajo el criterio de beneficiar al usuario de tener en el futuro energías de bajo costo, y con materias primas menos contaminantes”.
La revisión y suspensión del juez podría anticipar el resultado que han tenido acciones anteriores, en las que se ha determinado que no proceden los cambios impulsados por la administración de López Obrador, toda vez que los actos legales están sustentados en los artículos 25, 27 y 28.
“La decisión final será continuar perdiendo el tiempo en litigios o ponernos de acuerdo en el como sí tener la infraestructura para el futuro, en función de que haya un balance entre la inversión pública y la privada. Pero al día de hoy, no hay dicho balance debido a que en el desarrollo económico México está gastando menos, y apostando más al desarrollo social”, indicó.
Adicionalmente está limitándose a poder tener inversión extranjera directa en un corto plazo. “México está viviendo tiempos de litigios, y desfasando los tiempos de inversión de nueva infraestructura eléctrica al no realizar alguna ni la parte pública o privada hoy día”, concluyó.
