A partir de 2011, gradualmente se comenzó a aplicar la gratuidad en el nivel medio superior del estado, con un panorama adverso tanto en infraestructura escolar como en el recurso para cubrir con la demanda en el estado, el gobierno de Jaime Bonilla tiene dificultades para mantener su programa de prepas con inclusión y equidad
La falta de espacios públicos para estudiar y las dificultades financieras que el gobierno de Jaime Bonilla tiene para mantener su programa de becas “Prepa con Inclusión y Equidad”, provoca que cerca de cinco mil jóvenes que cursan el nivel medio superior en escuelas privadas se encuentren en riesgo de interrumpir sus estudios.
En 2011 el Congreso de Baja California aprobó una reforma a la ley educativa local, marcando la ruta para garantizar la gratuidad de la educación hasta el nivel medio superior; en el ciclo escolar 2011-2012 el estado cubrió el 25 por ciento de la educación pública, y a partir de entonces, en los ciclos subsecuentes esta cifra fue aumentando gradualmente hasta que en el ciclo 2014-2015 alcanzó el 100 por ciento.
En 2013 a nivel nacional se modificó la Ley General de Educación, uno de los cambios más significativos es que se le daba el carácter de “obligatorio” al nivel medio superior; aplicándolo a Baja California, esto provocó el aumento en la demanda de este servicio educativo, sumado al fenómeno conocido como “burbuja generacional” que surgió en 2006, cuando se registró un incremento considerable en la matrícula de nivel básico.
Por esto, en 2016, ante la falta de infraestructura educativa en el sector público, el gobierno del entonces gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid creó el programa de becas “Oportunidades BC” (que después llevó por nombre “BC, Todos a la Prepa”), subsidiando la educación de cerca de tres mil 800 alumnos jóvenes que no alcanzaron cupo en los plantes públicos, para que pudieran continuar sus estudios en escuelas privadas, principalmente en los municipios de Tijuana y Mexicali.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación del estado, en la segunda mitad del sexenio de “Kiko” Vega esta beca benefició a más de 30 mil jóvenes para que continuaran sus estudios en cualquiera de las 60 escuelas que estaban adscritas al programa, con una inversión de más de 220 mil millones de pesos.
El convenio establecía que el gobierno del estado cubría la mitad de la colegiatura (tres mil pesos por semestre) y el resto lo consumía la escuela; a los padres de familia les tocaba cubrir los gastos de uniforme, útiles y transporte de sus hijos.
A la fecha se mantienen 56 planteles dentro del programa: 34 en Tijuana, 14 en Mexicali, seis en Ensenada, dos en Rosarito y uno en el municipio de Tecate. De acuerdo con la cifra proporcionada a través de su portal de Transparencia, se tiene el registro de cinco mil 341 becados.
El adeudo
La administración de Jaime Bonilla conservó el programa de becas para jóvenes que desean cumplir con sus estudios del nivel medio superior, solo le cambió el nombre a “Prepa con Inclusión y Equidad”; según los participantes, también conservó las irregularidades para cumplir con los pagos correspondientes.
“Se supone que el recurso se nos debe entregar al inicio de cada ciclo escolar, pero por costumbre lo entregan al final. Hace un año nos dejaron de pagar y han acumulado una deuda cercana a los 10 millones de pesos”, informó Jesús Ibarra, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Baja California.
En la asociación que preside Ibarra se encuentran inscritas 15 escuelas privadas que forman parte del programa de becas; compartió que en total son más de 50 las escuelas que a nivel estatal colaboran con el gobierno bajo esta modalidad y brindan educación a más de cinco mil jóvenes, la mayoría de escasos recursos.
A mitad del 2020 el recurso del primer semestre de ese año no llegó. Con la promesa de que en cuanto se regularizara el ingreso presupuestal del estado se les pagaría lo adeudado, las escuelas accedieron a firmar el convenio para el segundo semestre. En diciembre de ese mismo año continúan sin recibir el recurso, aunque se les pidieron las facturas correspondientes como preámbulo de que estaban por cumplir con el pago.
Para el mes de enero de este 2021 la deuda era de más de 10 millones de pesos, sin una fecha establecida para el pago; con el argumento de que las finanzas del estado aún no se recuperaban de los efectos de la pandemia por el COVID1-19, se les pedía firmar de nueva cuenta el convenio para el semestre en curso, a lo cual se negaron.
Para el mes de febrero los planteles educativos, según lo comentado por Ibarra, consideraban dejar el programa y comenzar a plantearle a los padres de familia distintas alternativas para que sus hijos continuaran sus estudios.
El secretario de Educación, Catalino Zavala, ese mismo mes afirmó que pronto quedaría resuelto el adeudo y que este programa de becas se mantendría, dado a que no se contempla construir nuevos planteles educativos en lo que resta de la administración estatal.
El 10 de marzo se concretó el primer pago, correspondiente al recurso del semestre 2020-1; de nueva cuenta se les solicitó a las escuelas firmar el convenio del semestre en curso y otra vez se negaron. “Va a ser hasta que cubran el total del adeudo”, señaló Ibarra e indicó que este asciende a más de cinco millones de pesos.
Recurso público limitado
El doctor Marcos Reyes, investigador del departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, comentó a ZETA que el escenario de la educación medio superior en Baja California ya era complejo antes de que sucediera la contingencia sanitaria por COVID-19.
“El recurso público siempre es limitado. No hay suficientes recursos para atender todas las necesidades en la magnitud que se requiere, todos los servicios públicos operan con déficit porque hay mayor demanda que la que el estado pueda cubrir”, afirmó.
Previo a la pandemia, el gobierno podía argumentar no contar con la garantía de que los casi 15 mil jóvenes bajacalifornianos que rondan entre los 15 y 18 años de edad, tengan deseos de continuar con sus estudios, y una vez inscritos, tampoco es seguro que concluyan con este nivel educativo.
Ahora con la pandemia, el déficit en infraestructura educativa pasó a segundo término, dado a que se detectó que un porcentaje importante de estudiantes son jóvenes en condición vulnerable no cuentan con acceso a Internet.
“Tal vez construir más escuelas ahora no es lo prioritario, pero tal vez plantearse proveer de equipo a los estudiantes y darles una beca para que cubran el pago del internet sería una nueva meta para el gobierno, y así garantizar el acceso a la educación en su modalidad virtual”, expresó el investigador.
Reyes señaló que en esta etapa de la vida es cuando los adolescentes requieren mayor atención por parte de sus progenitores para orientarlos sobre sus planes futuros, sin embargo, si se encuentran en un contexto familiar precarizado, es probable que consideren truncar sus estudios para sumarse a la vida productiva y así aportar a la economía de su hogar.
“Por su parte, el gobierno siempre está más concentrado en cubrir la nómina, más que en comprar más mesabancos o construir más aulas. Lo ideal es que se tuviera un plan a largo plazo, al menos para construir un determinado número de escuelas cada cierto tiempo, pero tampoco existe este tipo de planeación en el sector de la educación pública”, añadió.
Consultados por ZETA, los tres subsistemas más grandes del sector público (Cobach, Conalep, Cecyte) afirmaron no contar con proyectos en puerta para construir más planteles.
En el caso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) el último plantel que se inauguró fue Cecyte Lázaro Cárdenas en Tijuana el año 2013, mientras que el Colegio de Bachilleres (Cobach) inauguró en 2014 su plantel más reciente, el Héctor Terán Terán en Mexicali.
En agosto de 2020 el gobierno de Jaime Bonilla inauguró la primera preparatoria militarizada en Baja California, ubicada en el fraccionamiento Natura de Tijuana, la cual inicialmente ofertó 200 espacios nuevos para estudiantes considerados como “ingobernables”.
