La mayoría de las observaciones, son por irregularidades en la nómina magisterial del Estado que encabeza Jaime Bonilla. Monto observado de recursos del FONE, es el sexto mayor a nivel nacional
El monto observado por la Auditoría Superior de la Federación a Baja California suma 852 millones 597.2 mil pesos en la Cuenta Pública 2019, último año de la gestión del panista Francisco Vega de Lamadrid.
Tal cantidad supera el presupuesto que en 2021 es mayor que el de las diez instituciones (secretarías y organismos autónomos), que este año recibirán menos, según el Presupuesto de Egresos de la entidad.
En la tercera entrega del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, dado a conocer el 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó al gobierno estatal 480 millones 980 mil pesos.
Si bien, la mayor parte de las observaciones fueron por recurso federal ejecutado por el gobierno de Vega de Lamadrid, la ASF también señaló irregularidades al Congreso local, a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y a dos municipios, uno de estos Tijuana.
Llama la atención que en la Cuenta Pública 2019, la ASF auditó menos recurso al Estado (82.18%), pero emitió observaciones por una mayor cantidad a la de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2018 (396.4 millones de pesos).
A lo largo del sexenio del panista, las observaciones hechas por la ASF sobre el ejercicio de los recursos federales en la administración estatal superan los 7 mil 613 millones de pesos.
PAGOS INDEBIDOS POR 90 MDP EN EDUCACIÓN
Una de las principales anomalías detectadas por el máximo órgano de fiscalización del país, son los pagos indebidos a personal por más de 90 millones de pesos. Como haber pagado a trabajadores que no hicieron labor relacionada con la educación básica (presuntos aviadores), quienes murieron durante 2019 o en años anteriores y causaron baja de la institución.
El mayor monto observado es al recurso ejercido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), por 88 millones 476.3 mil pesos. De esa cantidad, el gobierno de Baja California debe aclarar 69 millones 352 mil 494.97, pues en el transcurso de la auditoría no presentó información que justificara el gasto.
aja California obtuvo el sexto monto más grande observado por recursos del FONE a nivel nacional. De 2018 a 2019, el monto observado tuvo un incremento de 153.8%, al pasar de 27.3 a 69.4 millones de pesos.
La ASF señaló que la Secretaría de Hacienda de Bladimiro Hernández y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) de Miguel Ángel Mendoza, “carecieron de registros presupuestales y contables actualizados, identificados y controlados de los recursos asignados” en 2019.
El ISEP hizo “pagos improcedentes” con recursos del FONE por 21.2 millones de pesos por concepto de honorarios. Si bien acreditó 17.8 millones en el transcurso de la auditoría, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por 3 millones 418.9 mil pesos.
Del mismo FONE, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó, por cuenta y orden del ISEP, 8 mil 727 pagos improcedentes por 62.4 millones de pesos a 371 trabajadores adscritos en 19 centros de trabajo, entre los que destacan los denominados Dirección de Apoyos e Infraestructura Educativa y Nueva Creación, de los cuales “no acreditaron que realizaron funciones relacionadas a la educación básica y normal”.
La SEP también realizó 587 pagos improcedentes por 2.2 millones de pesos a 48 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo. Aunque en la auditoría se justificaron 245 pagos, persistió la observación de 342 pagos injustificados por 999 mil 645 pesos a 28 empleados. Otros pagos improcedentes fueron a 12 trabajadores a quienes se les dieron 202 mil pesos tras causar baja de la institución.
Además, se hicieron 20 pagos improcedentes por 107.6 miles de pesos a dos trabajadores con cargos de elección popular, “de los cuales no acreditó la compatibilidad de empleos para desempeñar ambos puestos”, por lo que la ASF presumió un daño al erario por dicho monto.
El máximo órgano fiscalizador consideró un daño al erario superior a 2 millones 179.6 mil pesos por 427 pagos improcedentes a 43 trabajadores que murieron en 2019 o en ejercicios fiscales anteriores.
En cuanto al programa U080, también conocido como de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, la ASF observó un millón 120 mil pesos, de los cuales faltan por aclarar 913 mil 700 pesos, ya que careció de los expedientes del personal reportado en las nóminas del magisterio y no acreditó que cubrieran el perfil establecido.
Aunque en la auditoría se proporcionó información, persistió la observación de 881 mil pesos; 212 mil 815 de estos, fueron por realizar 142 pagos improcedentes a 28 trabajadores después de su fecha de baja de la dependencia.
Del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, la ASF presumió un probable daño al erario por 207 mil 050 pesos por 96 pagos improcedentes a once trabajadores reportados como decesos.
En el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, la ASF observó 483 mil 393.30 pesos: 278 mil 721 pesos por realizar pagos improcedentes 22 asesores externos, contratados para la conformación de orquestas sinfónicas y coros infantiles, pero que no desempeñaron dichas funciones; y 204.7 mil pesos de pago a 27 trabajadores que contaron con las categorías directivo, docente y personal de apoyo, excediendo el monto autorizado.
OBSERVAN 377.7 MDP EN PARTICIPACIONES
El mayor monto observado por la ASF a la administración de “Kiko” Vega es por 377 millones 735.1 mil pesos, por concepto de los pagos de sueldo que excedieron el tabulador autorizado en la nómina de magisterio en las participaciones federales. Dicha cantidad significó el 2% de la muestra auditada.
La Auditoría Superior del Estado no contó con el tabulador autorizado, por lo que imposibilitó la verificación de los sueldos pagados acorde al mismo.
En el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la ASF determinó que 592.7 millones se ejercieron sin definirse un procedimiento de adjudicación que correspondió al 65.7%., en tanto que 29.4 millones de pesos fue por adjudicación directa (34.3%).
En cuanto a procedimientos sin adjudicación, destacó el gasto por 251 millones 442.4 mil pesos por la compra de combustibles y materiales consumibles “sin llevar a cabo un procedimiento de contratación”, por lo que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, inició una investigación para fincar responsabilidades.
BONILLA ACUSA DE “RATEROS” A OSUNA Y A VEGA
Según la Secretaría de Honestidad y Función Pública, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán no solventó 218 cédulas por 241 millones 313 mil 775 pesos. Estas cédulas corresponden a observaciones de las participaciones federales entregadas en ese periodo al gobierno estatal que se tienen en la Secretaría de la Función Pública federal.
El lunes 1 de marzo, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa, informó que en la administración de Francisco Vega de Lamadrid no se solventaron 363 observaciones por mil 137 millones 805 mil pesos. (665.035 millones de 2014-2017, 302.13 millones en 2018 y 170.64 millones de pesos en 2019).
Situación que aprovechó el actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, para acusar a Osuna Millán como “uno de los peores gobernadores que ha tenido Baja California, y más corrupto; así que cuando nos vaya a denunciar, ahí le llevamos todas las pruebas”.
Y continuó:
“El angelito (en referencia a Osuna) ahora se la pasa creo que predicando junto con Jorge Ramos”, este último, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana por el Partido de la Revolución Democrática en el proceso electoral 2020-2021.
En referencia a “Kiko” Vega, Bonilla Valdez dijo que “salió más ratero, especializado, ya con un tejido muy fino, muy detallado, muy profesional; el otro (Osuna Millán) era burdo, nada más le faltaba el antifaz, pero esas son las administraciones que dicen, que no salen de misa, me dicen que todos los domingos no salen de ahí y piden perdón por todo lo que se robaron; al fin que el pueblo olvida, al fin que el pueblo ya no se acuerda, y ahora van a ir a decir que quieren regresar… que regresen, pero lo que se robaron”.
A decir de la secretaria Espinosa Martínez, en breve presentará sendas denuncias penales contra funcionarios de la administración de Vega de Lamadrid, por los 170 millones de pesos que no se han solventado de 2019.
CONFIRMAN QUE NO SE TRANSFIRIERON RECURSOS A UABC
La ASF indicó que la Secretaría de Hacienda estatal ministró “en tiempo y forma” poco más mil 704 millones de pesos provenientes de la Tesorería de la Federación, del programa U006 (Subsidios para Organismos Descentralizados) a la Universidad Autónoma de Baja California.
Sin embargo, como fue de dominio público, durante el último año de gobierno de Francisco Vega de Lamadrid el gobierno estatal le quedó a deber más de mil millones de pesos a la Máxima Casa de Estudios del Estado. Monto que deriva de dos convenios de colaboración, de fechas 7 de enero y 1 de noviembre de 2019, respectivamente.
El gobierno estatal debió aportar mil 649 millones 344.4 mil pesos a la UABC, pero como solo entregó 554 mil 620 pesos, le quedó a deber mil 094 millones 724.4 mil pesos.
Entre las observaciones que la ASF hace a la UABC, destaca que al revisar el perfil de puestos, en 31 casos (de 183 expedientes) no se contó con la documentación que acredita la preparación académica requerida y en 12 casos se observó que el documento que acredita el grado académico fue expedido en el extranjero, sin mostrar evidencia de revalidación en México. Ello generó una observación por 9 millones 542.9 mil pesos.
Aunque en el transcurso de la auditoría se proporcionaron documentos que acreditaron la preparación de 31 trabajadores, la ASF estimó un daño a la Hacienda por 2 millones 138.7 mil pesos por nueve trabajadores cuya información fue solventada parcialmente.
SUBEJERCICIO EN SEGURIDAD
Por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), el gobierno estatal recibió 283 millones 121.6 mil pesos, que sumados a los recursos estatales, alcanzaron los 353 millones 902 mil pesos; los cuales representaron el 9.9% del presupuesto total del gobierno estatal en materia de seguridad pública.
Según la ASF, el Estado “no cumplió con los objetivos del FASP”, ya que, al 31 de diciembre de 2019, Baja California no había ejercido 37% del recurso.
Los programas a los que se asignaron mayores recursos fueron: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (81.4 millones de pesos); Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional (47.2 millones) y Ejecución de Medidas para Adolescentes y Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial (37.3 millones).
En contraste, los que menos recibieron recursos fueron: Especialización de las Instituciones Responsables de la Búsqueda de Personas (76 mil 300 pesos); Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios (6.9 millones de pesos) y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto (21.9 millones de pesos).
La ASF destacó que los índices delictivos aumentaron respecto a 2018: homicidios tuvo un alza de 25.6%, extorsión en 10.1% y otros 14.1%. En contraste, bajaron los robos a bancos (76.5%), robo a casa habitación (-40.0%), robo a negocios (-36.4%), robo de vehículos (-31.1%) y secuestro (-23.1%).
CONGRESO DE BC, CON EL MAYOR MONTO OBSERVADO DEL PAÍS
Asimismo, La ASF determinó que el Congreso de Baja California debe aclarar 29 millones 548 mil 482.81 pesos por exceder el límite de pago de servicios personales en la Cuenta Pública 2019. Este monto es el mayor a nivel nacional, abajo se encuentran el Congreso de Coahuila y el de Sinaloa, con 24.2 y 24.1%, respectivamente.
Según la tercera entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización, el Congreso local asignó 376 millones 237.3 mil pesos en su Presupuesto de Egresos 2019. Al final del ejercicio fiscal hubo una disminución en el Capítulo 1000, Servicios Personales, por 19 millones 781.1 mil pesos, con lo que se pagaron 356 millones 435.7 mil pesos; cantidad que superó el límite máximo de asignación.
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA CONTRATA EMPRESAS “FALSAS”
Según la revisión hecha por la ASF a seis contratos que suscribió el Ayuntamiento de Tijuana para adquirir 434 chalecos balísticos nivel de protección III-A, 4 mil 748 camisolas, 4 mil 748 pantalones, 2 mil 374 pares de botas, 2 mil 374 chamarras y 58 radios por 41 millones 112.2 mil pesos, las solicitudes de las áreas requirentes no indicaron la selección y el fundamento del procedimiento de excepción, el nombre de la persona a quien se propone adjudicar ni los plazos y condiciones de entrega, “por lo que no se acreditaron los criterios en los que se fundó la adjudicación, así como la justificación de las razones en las que se sustentó el ejercicio de la opción”.
En lo que hace al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), la ASF destacó que la Secretaría de Hacienda estatal entregó al Ayuntamiento mil 198 millones 300.5 mil pesos, pero “no de manera ágil y directa”, debido a que la ministración correspondiente al mes de abril se realizó con un desfase de 31 días.
A través de una visita física, se verificaron los domicilios fiscales de una muestra de tres proveedores contratados por el Ayuntamiento para prestar servicios y suministros de refacciones mecánicas por 18 millones 651.5 mil pesos. Se corroboró que dos proveedores que emitieron comprobantes fiscales por 15.1 millones de pesos, no fueron localizados en los domicilios señalados en sus contratos para recibir notificaciones.
“Asimismo, lo observado en campo no corresponde con las actividades descritas en sus contratos para prestar servicios al municipio de Tijuana”, indicó la Auditoría Superior de la Federación.
