“Es lo que nos ha llegado: reportes al colectivo Búsquedas por La Paz han sido 340 carpetas de investigación, pero sabemos que hay muchas personas que por miedo no hacen denuncias”, explica Gabriel Enrique Álvarez Manríquez, representante del grupo. Procurador Daniel de la Rosa destaca resultados positivos para resolver casos
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Desde el 31 de julio de 2014, estalló la violencia en Baja California Sur, y así ha incrementado el número de desaparecidos. A finales de 2017, la entidad federativa vivió la peor crisis de ejecutados, al igual que en 2018. En 2019 y 2020, las desapariciones continuaron.
El colectivo Búsquedas por La Paz refiere que pese a la pandemia por coronavirus, el delito de desaparición forzada de personas no ha disminuido. A la fecha se tienen más de 800 carpetas de investigación, a las que se suman aquellas familias que por miedo no se acercan a denunciar y quienes ni siquiera lo comunican al grupo organizado.
“Es lo que nos ha llegado, reportes al colectivo Búsquedas por La Paz han sido 340 carpetas de investigación, pero sabemos que hay muchas personas que por miedo no hacen denuncias, o no se han acercado; ya serían como 800 carpetas de investigación en todo el Estado, hasta en pueblos pequeños que son de La Toba y todos ellos”, informó Gabriel Enrique Álvarez Manríquez, representante del colectivo.
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En los dos primeros meses de 2021, Búsquedas por La Paz registró 15 desapariciones, es decir, un desaparecido cada cuatro días, además de 62 en los últimos cinco meses de 2020. Esto es, un desaparecido cada dos días y medio.
Aunque las carpetas de investigación han disminuido en el primer bimestre de 2021, los colectivos de búsqueda consideran que estos delitos siguen lacerando a las familias sudcalifornianas.
“En lo que va de 2021 han desaparecido 15 personas en La Paz, se han localizado con vida a dos personas y sin vida a una”, añadió Álvarez Manríquez.
El 9 de diciembre de 2020, Fernando Aarón Talamantes Gaxiola se encontraba en su domicilio en la colonia Santa Fe, municipio de La Paz, cuando un grupo de hombres armados llegó y con amenazas lo sacaron para “levantarlo”. Desde ese momento su familia le perdió el rastro.
Su madre, Vianey Gaxiola, fue una de las manifestantes que volvieron a casa sin una respuesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a Baja California Sur. El mandatario ignoró a los manifestantes, quienes solo querían entregarle una hoja con peticiones, Vianey quedó envuelta en lágrimas.
“Dónde está mi hijo, que me lo regresen, mi hijo desapareció afuera de mi casa aquí en La Paz, en la colonia Santa Fe; él estaba dentro de la casa y estas personas llegaron y le dijeron que se saliera, que si no le iban a disparar, y pues él se salió, lo esposaron y se lo llevaron, así nada más. Tenía 23, acaba de cumplir 24 (años) en diciembre”, denunció la madre de Fernando.
Por otro lado, Gabriel Álvarez recordó que sigue en lucha, pues tiene desaparecidos a sus dos padres, Felipe de Jesús Gabriel Álvarez García y Elvira Yolanda Manríquez Pérez, desde julio de 2020 y 2017, respectivamente.
A la fecha no tiene respuesta alguna, aun cuando hubo testigos y grabaciones del día en que su padre fue privado de la libertad. Él ha cooperado con las autoridades, y por su cuenta, sale a las búsquedas en predios.
“Ella es mi mami, no sé nada de ella, ya va a cumplir el cuarto año sin saber nada de ella, y de mi papá seis meses, tampoco sabemos nada. Hubo cámaras, testigos y las autoridades no hicieron nada por agarrar a esas personas, solo dejaron pasar el tiempo para que esas personas huyeran de aquí”, denunció.
El dolor es irreparable, si no hay respuesta a sus denuncias, mientras no haya atención por parte de las autoridades, cada día que pasa es igual o peor que el primer día de la desaparición. A ello hay que sumar impotencia, desesperación y enojo.
Gabriel Álvarez Manríquez fue recibido por el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, externándole de viva voz la preocupación de las familias sudcalifornianas por las desapariciones… pero hasta el momento, el Gobierno Federal no ha brindado resultado alguno.
“Tengo a mi padre y a mi madre desaparecidos, mi madre ya va cuatro años desaparecida y no se sabe nada, de mi padre ya van seis meses y nada, ya no nos vamos a dejar, ya no nos van a ver la cara. Vamos a luchar hasta encontrarlos, es el grito de una hija desesperada, angustiada por encontrar a sus padres”, dijo a ZETA.
MANIFESTACIONES POR CARPETAS EN BLANCO
Familiares de personas desaparecidas se cansaron, y como no han tenido respuesta en la localización de sus familiares, con la disminución en el Sistema de Alerta Sanitaria, tomaron la determinación de realizar manifestaciones mes con mes en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con el fin de ejercer presión en la localización de desaparecidos.
La principal queja de las familias de desaparecidos, es que no hay una respuesta contundente por parte de la PGJE, lo que han notado, es que las carpetas de investigación están en blanco, generándoles desconcierto y preocupación.
“Las manifestaciones que estamos haciendo, se van a realizar cada mes para tener respuesta a las carpetas de investigación, porque la mayoría están en blanco, todas las familias se están quejando de lo mismo: que en las carpetas solamente están las denuncias que pusieron y las declaraciones que ellos hicieron, y hasta ahí quedan.
(El llamado es) También para Servicios Periciales, que nos ayuden para que nos enseñen fotografías de todos los restos o cuerpos que hay en Semefo o en fosa común”, solicitó Gabriel Enrique Álvarez Manríquez, representante del colectivo Búsquedas por La Paz.
Asimismo, solicitan al procurador Daniel de la Rosa Anaya, una audiencia para que comparta mayores datos de desapariciones, que indique cuántas desapariciones se tienen registradas, el avance de las carpetas y, sobre todo, que confirme que las investigaciones siguen su curso.
“Lo que molestó mucho a las familias fue que el señor procurador dijo que en 2020 el 70% de las personas desaparecidas ya habían aparecido, pero seguimos buscando nosotros, escuchamos a las familias decir no ha parecido mi hija, mi hijo, igual las manifestaciones se van a estar haciendo”, adelantó Gabriel.
Hoy en día, las demandas de colectivas feministas y de búsqueda de personas se han unido en una sola voz, ambas buscan respuestas y que los responsables paguen por el delito, “nos acompañan los colectivos de Cabo San Lucas, que es Búsqueda por Los Cabos y San José del Cabo, que es Buscando Nuestros Tesoros; igual colectivas feministas se nos unieron para pedir justicia por las mujeres asesinadas que se han visto aquí en el Estado. Vamos a trabajar en conjunto, apoyándonos para pedir justicia para personas desaparecidas y personas que han sido asesinadas”, reiteró Álvarez Manríquez.
INCONFORMES CON LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA
En los últimos cinco meses de 2020, quizá no hubo una violencia encarnizada en enfrentamientos en las calles, pero colectivos de búsqueda de personas reportan un importante incremento en el número de familias dolidas por la desaparición de un ser querido.
“De los últimos cinco seis meses (agosto a septiembre) fueron 62 personas desaparecidas, como colectivo, las fichas que tenemos, 400 solo en La Paz; faltaría el resto del Estado”, explicó Iris Manríquez Pérez, quien encabeza el colectivo Búsqueda por La Paz.
En diciembre de 2020, hizo entrega de un documento por escrito al Gobierno del Estado, PGJE, Mesa de Seguridad y al Gobierno Federal, para solicitaron una auditoría a la Comisión Estatal de Búsqueda.
Desde ese momento, determinaron abandonar el trabajo coordinado, pues tienen que dar mayor transparencia al recurso que utilizan para la búsqueda de sus familiares.
“Estamos exigiendo a licenciada Liz Collins una auditoría total de los 3 millones 300 mil pesos que se le dieron para representar a los colectivos y búsquedas, no vimos respuesta, le pedimos ahorita auditoría total, a quién compró equipos, automóviles; también, por qué se decidió entregar a dichas personas, estamos pidiendo eso”, exigió Manríquez Pérez.
En su percepción, tampoco han tenido ese acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, por ello solicitan que se explique la aplicación de recursos en la localización de familiares.
“La Comisión Estatal de Búsqueda se integró a los colectivos, nosotros somos tres colectivos: Búsqueda por La Paz, Búsqueda por Los Cabos y Buscando Nuestros Tesoros. Seguiremos separados hasta no tener respuesta alguna del gobernador y de lo que ha pasado por ayuda federal que se tenía que ser para los colectivos”, concluyó Iris Manríquez.
En respuesta, la Comisión Estatal de Búsqueda de Persona reveló que se trabaja de manera coordinada con los familiares, incluso en apenas un año de creación, “se ha localizado a 46 personas, 38 de ellas con vida, así como 15 hallazgos positivos”, refiere la comisionada Lizeth Collins.
Y confirmó que la Comisión ha participado en por lo menos en 51 búsquedas, atendiendo un aproximado de 105 puntos, donde posiblemente se pudieran localizar restos humanos, “hemos acompañado a los colectivos y familiares en las búsquedas de campo, mismas que se han desarrollado en diferentes puntos del territorio estatal: 40 en Los Cabos, 28 en La Paz, 27 en Mulegé y 10 en Comondú, dando como resultado un total de 15 hallazgos positivos para restos humanos”, expresó Collins.
En las búsquedas no solo participa personal de la Comisión, ya que es poco el personal del que disponen, pero hay coordinación con policías estatales, municipales, ministeriales y elementos de la Guardia Nacional.
Collins aclaró que la Comisión Estatal fue diseñada para acompañar a las familias, defender sus derechos y garantizar la atención y asistencia en su lamentable pérdida.
“Seguiremos reforzando las acciones de búsqueda en todos los municipios de la entidad, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal en esta materia, pero, sobre todo, con la sociedad sudcaliforniana”, concluyó.
En tanto, el procurador estatal Daniel de la Rosa Anaya argumentó que para ofrecer un mejor servicio y lograr la identificación de víctimas, así como de los presuntos responsables, se cuenta con seis laboratorios forenses acreditados a nivel internacional. Del mismo modo, se pretende acreditar al de Los Cabos y Comondú.
“Los principales legados de la actual administración, es la elevación de la calidad de la procuración de justicia, por medio de la capacitación a las y los operadores del sistema, así como la mejora en equipamiento e infraestructura”, sintetizó De la Rosa.
Por su parte, familiares de desaparecidos esperan que se tomen cartas en el asunto y las investigaciones, particularmente sus carpetas de desaparición, tengan un avance, que haya más reuniones y sean constantes, e informen a los sudcalifornianos lastimados sobre este mal que ha causado la delincuencia organizada.
