La administración de Jaime Bonilla Valdez dejará inconcluso el Tren Interurbano Tijuana-Tecate, ya que la construcción de siete estaciones intermedias y la adecuación de dos terminales, así como la rehabilitación de los 27.41 kilómetros de vía y el mejoramiento de 32 cruceros viales, llevará 24 meses a partir de que inicien los trabajos.
El consorcio ganador -conformado por las empresas Citcocomex Group, S de RL de CV y FMI Proyects, S de RL (únicos participantes en la licitación)-, estima que las obras empezarán durante el primer trimestre de 2021, pero la realidad es que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no hay fecha para autorizar el proyecto, y sin ese aval no puede iniciar. En tanto, el plazo para que el consorcio y el gobierno estatal firmaran el contrato era “a más tardar el 25 de enero de 2021”, según las Bases de la licitación LPN-CITF-001-2020.
Jacques Rendón, director Jurídico de Citcocomex Group, confió en que el proyecto “arranque antes de que esta administración salga, inclusive inaugurar cuando menos la estación terminal de San Ysidro y una más”.
No obstante, el desafío más importante que enfrenta el proyecto es su viabilidad económica. Según lo manifestado por los ejecutivos de Citcocomex Group (encabezados por Rendón), se espera que a lo largo del primer año de operación el aforo, “con cifras conservadoras” sea de alrededor de 40 mil pasajeros diarios; sin embargo, el proyecto depende de una “reingeniería” de rutas de transporte público.
Tal como se señala en el documento Memoria Descriptiva y Reporte Final: Generación del Modelo de Oferta y Demanda Ferroviaria, elaborado por la empresa Nolte de México, SA de CV, un análisis sobre el proyecto, el SITT y las rutas de transporte público indica:
“Obtenidos los resultados para cada escenario y proceso de simulación, la sola implementación de una línea de Tren Interurbano no trae beneficios significativos al sistema de transporte público, debido a que sólo se sumaría a la gran competencia de líneas de transporte público concesionado que existen actualmente, por lo tanto, no habría demanda que sustente la inversión en este tipo de transporte. Por tal razón se propone una reestructuración del sistema de transporte, que permita la implementación de rutas más compactas, conectadas y que permitan atender la demanda de viajes en la zona urbana”.
En opinión de la secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento de Tijuana, Patricia Peterson Villalobos, el proyecto enfrenta un desafío de espacio, es decir, hay poco terreno en el que se puedan construir las estaciones. Dato relevante si se considera que el consorcio prevé que otra fuente de ingresos es que haya locales de ventas de alimentos y de artículos de conveniencia en las estaciones.
Se espera que la inversión privada del proyecto alcance los 3 mil 500 millones de pesos y se adquieran entre cinco y seis trenes tipo DMU que usen bio diésel y una capacidad aproximada de 400 pasajeros.
VÍNCULOS CON UNA EMPRESA SANCIONADA Y OTRA FANTASMA
Antes que el Comité Interinstitucional de Transporte Ferroviario del Estado de Baja California (encabezado por Karen Postlethwaite Montijo) emitiera el fallo de la licitación a finales de diciembre de 2020, una nota firmada por la reportera Isabel Mercado y publicada en Newsweek BC, reveló que Grupo Cocomex era la única empresa que participaba en la licitación bajo la razón social Citcocomex Group y había sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública federal, además de aparecer en la lista “negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Al respecto, Jacques Rendón afirmó a NEGOCIOZ: “Ninguna de las empresas del consorcio, ni nadie de nuestro grupo tiene relación alguna con las empresas que se mencionaron en esa nota”.
Refirió una carta aclaratoria dirigida a ese medio, en la que la representante legal Mayra Adabella Sánchez Hernández aseguró que Citcocomex Group “nunca ha sido sancionada, ni inhabilitada”.
No obstante, NEGOCIOZ constató que existe relación entre Circocomex Group y Corporativo de Construcción en México, SA de CV (la cual fue sancionada por el Órgano de Control Interno en Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México), y con la empresa homónima que aparece en la lista definitiva 69-B del SAT.
En el acta constitutiva, con el folio mercantil N-2017023289, asentada en el Registro Público del Comercio de la Ciudad de México, se observa que la mayor parte de las acciones de Consorcio Corporativo de Construcción en México, SA de CV pertenecen a Consorcio Corporativo de Construcción en México, SA de CV, con Registro Federal de Contribuyentes CCC040609MC7. Este RFC y razón social se encuentra en la lista definitiva del 69-B del SAT, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de diciembre de 2017.
Tal acta constitutiva indica que el otro accionista (minoritario) es Andrés Ricardo Álvarez Fonseca, quien “no participa como accionista en ninguna de las empresas del grupo. Si bien forma parte de los consejos consultivos, él no tiene ninguna toma de decisión y realmente los accionistas y quienes toman las decisiones son otras personas”, afirmó Jacques Rendón. Mientras que en el acta de la Asamblea del Consorcio Corporativo de Construcción en México, con folio mercantil N-2017023289, aparece Mayra Adabella Sánchez Hernández como su representante legal.
Asimismo, se constató que mediante la circular OIC/AR/GACM/011/2019, emitida el 28 de junio de 2019, el Órgano Interno de Control en Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, comunicó a los oficiales mayores en las dependencias federales y las entidades federativas que debían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Consorcio Corporativo de Construcción en México, SA de CV. Empresa que todavía aparece en el Directorio de Sancionados en Declaranet, con una multa por 604 mil 500 pesos y un plazo de inhabilitación de un año tres meses que terminó el 20 de septiembre de 2020. La sanción fue impuesta por “presentar documentación falsa consistente en la opinión de obligaciones fiscales y la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”.
Durante el periodo en que esa empresa fue inhabilitada, Mayra Adabella Sánchez Hernández -en su carácter de apoderada general de Citcocomex- suscribió el 25 de marzo de 2020 el contrato No. DGDFM-03-20 con la SCT para el suministro e instalación de cubiertas en acceso y marquesinas de ocho estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Jalisco, por 19 millones 071 mil 764.68 pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Según el documento, la empresa con RFC CGR131025E65 acreditó su legal existencia con la escritura pública número 61,708 (fecha 25 de octubre de 2013), bajo el folio mercantil 505187-1. El contrato se firmó en conjunto con FMI Proyects, S de RL de CV, compañía que también ganó la licitación del Tren Interurbano Tijuana-Tecate.
