Debido a que los policías de Tijuana no han sido considerados para conocer ¿cómo operará la nueva Ley de Seguridad Pública?, el próximo jueves 18 de febrero realizarán una manifestación pacífica al exterior del Palacio Municipal.
Así lo informó el agente Noé Ramírez Ibarra, presidente de la Asociación de Policías de Tijuana, quien recordó, que junto a la Federación Policial de Baja California, gestionaron modificaciones a la nueva Ley de Seguridad Pública, que en teoría, les otorgaría prestaciones de bienestar social a todos los policías de toda la entidad, para lo cual el gobierno del estado habría asignado 450 millones de pesos en el presupuesto del 2021, destinado a las pensiones de los oficiales.
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Sin embargo, los agentes que la Asociación de Policías de Tijuana no están siendo considerados para participar en las mesas de información. Por eso, quieren conocer al detalle cómo va ser la reglamentación del servicio profesional de carrera, además de revisar el convenio que se hará con ISSSTECALI y que sean adheridos como derechohabientes.
Además, Ramírez solicitó que se creara una Comisión de Vigilancia para que estuviera al tanto del presupuesto que se va otorgar a las corporaciones policiacas.
“Con los oficios no hemos recibido ninguna respuesta, no se nos quiere incluir, por lo tanto, la mesa directiva de la Asociación de Policías de Tijuana decidimos ir a la manifestación, en manera de protesta, haciéndola de manera pacífica dentro del marco legal.
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“Así es que compañeros, por esta decisión que ha tomado la Asociación de Policías, y no habiendo una manera legal, o de dialogo con el Vigésimo Tercer Ayuntamiento de Tijuana, para este efecto, hemos decidió manifestarnos pacíficamente el próximo jueves 18 de febrero”, dijo Ramírez Ibarra.
El presidente de la Asociación de Policías de Tijuana abundó en que la manifestación será en la explanada exterior del Palacio Municipal, a partir de la 10:00 horas y solicitó que acudieran todos los oficiales, quienes estén trabajando pueden acudir solo a firmar.
Finalmente expuso, que esta manifestación ya es del conocimiento de os directivos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSCPM).
“No hay otro día para Tijuana, tienen que concurrir policías, compañeros…no pueden decir que el jefe, que ando acá, que ando de escolta, nada…, pidan permiso, atrévanse, no va pasar nada, es como si fueran a comer”, aseguró el líder policiaco.
Alerta por violaciones a los derechos de seguridad social de policías
En noviembre del 2020, tras cuatro meses de investigación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) informó a través de un comunicado, que emitió una “Alerta Temprana a los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que emitan las disposiciones reglamentarias y medidas necesarias para desarrollar y hacer efectivo el derecho a la seguridad social de las y los policías municipales y estatales”.
“En rueda de prensa, junto con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) del estado y la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California (Ceapbc), el ombudsperson, Miguel Mora, informó que, para tal efecto, el Organismo solicita a las autoridades mencionadas atender lo estipulado en la fracción V del artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Baja California, así como dar cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto No. 125 publicado con fecha 10 de noviembre de 2017, y atendiendo a lo previsto por el artículo 131 Bis de dicha ley”.
El 5 de noviembre del 2020, “la CEDHBC solicitó a los Ayuntamientos y a la FGE realizar las acciones y gestiones necesarias para incorporar oportunamente, al proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2021, todas aquellas partidas y recursos que resulten necesarios para concretar el total cumplimiento de las prestaciones que, por concepto de seguridad social, se establecen en la fracción V del artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública”.
Y el 15 de julio de 2020, “el Congreso del Estado emitió el Acuerdo 1072/4, por el que se pide a la FGE y a los Ayuntamientos que informen el estado que guarda el cumplimiento a lo establecido en el artículo 131 fracción V de la Ley de Seguridad Pública del Estado”, sin embargo, los derechos de los policías continúan siendo violentados.
