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La SCJN declara inconstitucional el programa Mochila Segura

Por cuatro votos contra uno, la mayoría de ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, este miércoles 3 de febrero, inconstitucional el programa Mochila Segura, que desde el 2001 aplicaban los Gobiernos federal y al menos 18 estatales.

Los ministros resolvieron que no existe sustento legal alguno, ni protocolos específicos, para que las autoridades de cualquier orden de gobierno ordenen la revisión obligatoria de las pertenencias de los alumnos cuando ingresan a la escuela.

“Este Alto Tribunal reconoce la necesidad de que las distintas autoridades que conforman el Estado Mexicano, garanticen la seguridad de los educandos en los planteles educativos, mitigando cualquier riesgo que ponga en peligro su vida, su salud y, en general, su integridad”, señalaron los ministros.

“[…] sin embargo, lo que no puede aceptarse, es la promoción y ejecución de operativos abiertamente discrecionales y sin sustento legal, que comprometen los derechos de los propios educandos”, se lee en la sentencia de la Primera Sala.

El fallo de la SCJN incluye un estudio de derecho comparado con regulaciones en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, donde sí existen leyes para revisiones de este tipo.

“Si bien se favorecen, en casos excepcionales, ciertas intervenciones bajo sospecha razonable, no se permite el registro generalizado de pertenencias de los estudiantes, aunque sí el escaneo general en los accesos a partir de herramientas tecnológicas, como arcos o varas detectoras de metales, cuya aplicación, podría motivar solo cuando surja sospecha, la respectiva revisión”, explicó la SCJN.

El fundamento de Mochila Segura en 2010 fue el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, firmado por las secretarías de Gobernación (SEGOB) y Educación Pública (SEP) -con Alonso Lujambio Irazábal como titular-, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

“[El Plan] es únicamente un acuerdo suscrito entre distintas autoridades, para prevenir, entre otras cuestiones, el ingreso de armas a las escuelas de educación básica; no obstante, no puede darse a este documento consensual el carácter de norma general que sustente el programa Mochila Segura, ni menos en las implicaciones de su ejecución”, sostuvo la SCJN.

El objetivo de dicho programa era reforzar en las escuelas un ambiente sin violencia y que las instituciones públicas y privadas llevaran a cabo la revisión y vigilancia dentro de las instalaciones.

Los directivos y profesores debían realizar una inspección a las mochilas de los estudiantes, para constatar que éstos no portaran objetos que pudieran utilizar para agredir, como armas o sustancias tóxicas.

Dicha revisión debía realizarse en cooperación con los padres de familia y personal docente de las escuelas. Se debía analizar que los alumnos no portaran objetos que pudieran afectar la salud física o moral de la comunidad estudiantil.

En noviembre de 2019, la SCJN acordó revisar la implementación del programa Mochila Segura, a fin de analizar la obligación del Estado mexicano de satisfacer el derecho a la educación de calidad con elementos mínimos de seguridad.

El proyecto, propuesto por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, planteaba ponderar el principio del interés superior del menor y sus derechos a la intimidad, privacidad y presunción de inocencia.

“Se trata de revisar si los derechos a la educación e integridad de los estudiantes justifican la revisión de sus pertenencias o, en su caso, bajo qué estándares se pudiera realizar esta acción”, acordó entonces la Primera Sala.

Antes, en agosto de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación respecto a Mochila Segura, en la que señaló las violaciones a derechos, pese a que la SEP no había emitido alguna instrucción para prohibir la medida.

LA MASACRE DEL COLEGIO CEVANTES DE TORREÓN

Enero del 2020 fue la última vez que fue aplicado el programa de Mochila Segura, después de que un niño de sexto de primaria mató a su maestra, hirió a seis personas más y luego se suicidó, en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila.

En ese entonces, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal aseguró que el operativo Mochila Segura sería evaluado en colaboración con la CNDH, con el objetivo de prevenir la violencia.

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, pidió fortalecer el operativo Mochila Segura y exhortó a los padres estar al tanto del comportamiento de los alumnos, ya que se creía que el autor del tiroteo pudo haber estado bajo la influencia de un videojuego.

Esteban Moctezuma Barragán, entonces titular de la SEP Federal, señaló el 13 de enero del 2020, que plantearía que fueran los padres de familia quienes revisaran las mochilas de sus hijos en las instalaciones del plantel.

Asimismo, el funcionario federal comentó que buscaría establecer protocolos de acción para que profesores y alumnos sepan cómo se enfrentan a una situación de esta naturaleza. “Los protocolos pueden salvar vidas”, expresó.

Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) consideró que este tipo de programas de revisión de mochilas, significan criminalización y discriminación en contra de niñas y niños.

Mientras que Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se pronunció en favor del programa, “ni modo, la realidad así nos obliga, las mochilas de los estudiantes, de los alumnos, antes de ingresar a los planteles”.

Por su parte, el 13 de enero del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la violencia en las escuelas no se resolverá solo con programas como Mochila Segura, ya que, según el político tabasqueño, se requiere ir al fondo de ir a “una sociedad mejor, de bienestar material, del alma, el fortalecimiento de valores, que no continúe la desintegración familiar”.

Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del periódico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios años fungí como editor de opinión y jefe de redacción del diario digital SinEmbargo.
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