Encabezados por Mónica Martell Olguín, fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificaron este viernes 26 de febrero, ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que no otorgarán a María del Rosario Robles Berlanga, el beneficio del procedimiento abreviado, en el que debe declararse culpable para obtener una pena mínima, debido a que, supuestamente, la ex funcionara federal no quiere reparar un daño a la hacienda pública por un total de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Según lo informó el diario Reforma, basado en informes federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -que en este caso tiene la calidad de ofendida-, secundó la postura de la FGR y manifestó que también estaba de acuerdo en llevar a cabo la audiencia intermedia contra la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
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El pasado 17 de febrero, Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) informó al juez federal que la FGR no concedería a Robles Berlanga, ni el procedimiento abreviado, ni el criterio de oportunidad, beneficio este último que consiste en colaborar con información en las investigaciones del Ministerio Público a cambio de la cancelación de la acción penal.
En la audiencia de este viernes 26 de febrero, los fiscales federales ratificaron lo anterior ante el juez de control y expusieron que no hay condiciones para el procedimiento abreviado, porque en las negociaciones, la ex titular de la SEDEDOL y la SEDATU no aceptó reparar el daño. Por lo anterior, pidieron al juzgador llevar a cabo la audiencia intermedia. Sin embargo, esta fue diferida hasta a las 10:00 horas del próximo 26 de marzo.
La ASF también expuso estar de acuerdo con la Fiscalía General de la República y pidió al juez federal pasar a la etapa intermedia, ya que no hay interés de la imputada en reparar el daño, que asciende en este proceso a 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
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En el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021, enviado el pasado 17 de febrero al juez Villar Ceballos, el subprocurador Ramos López explicó que los beneficios del procedimiento abreviado y el criterio de oportunidad son inviables, porque la ex funcionaria federal quiere una pena de tres años sin pagar la reparación del daño, además de que no aportó a la FGR información sobre delitos más graves a los que le imputan, ni se comprometió a ratificar dichos informes.
“Su defensa particular en la audiencia del 10 de febrero de 2021 señaló como propuesta para un procedimiento abreviado que se le impusiera a María del Rosario Robles Berlanga una pena de 3 años de prisión y que no procediera pagar la reparación del daño”, dijo el subprocurador Ramos López en el documento también suscrito por Teresa Maldonado Rodríguez, una de las fiscales que litiga el caso.
Según el mismo rotativo, en caso de que este viernes el juez Villar Ceballos hubiera continuar con la audiencia intermedia, los fiscales federales habrían procedido a acusar formalmente a Robles Berlanga y pedirán imponerle 21 años de prisión, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, porque presuntamente fue omisa ante los desvíos de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
En punto de las 10:56 horas, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, dio inicio a la audiencia intermedia en la que también serán depurados 300 datos de prueba de la Fiscalía General de la República y 53 de la defensa de Robles Berlanga, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés.
Del total de las 300 pruebas que constan en la acusación contra la ex titular de la SEDESOL y SEDATU, 231 son documentos, entre ellos convenios, contratos y auditorías; mientras que 56 son testimonios de funcionarios de seis dependencias y 4 testigos colaboradores. Asimismo, 13 son discos compactos con presentaciones en Power Point, con tablas y datos relacionados con testimonios.
Sin embargo, el mismo diario informó que la ex funcionaria federal no podrá ser llevada a juicio “durante un buen tiempo”, ya que Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, suspendió en forma indefinida la apertura de un juicio contra Robles Berlanga, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El juzgador federal concedió a la ex titular de la SEDESOL y la SEDATU una suspensión definitiva que, por un lado, autorizaba llevar a cabo este viernes 26 de febrero, la audiencia intermedia en la que los fiscales federales formularían en forma verbal la acusación contra Robles Berlanga por el citado ilícito.
Es decir, las pruebas y testimonios serían sujetos de debate y Villar Ceballos definirá cuáles serán los datos considerados para el juicio. Lo que no podría hacer el juez federal de la causa es que, una vez concluida la audiencia intermedia, dicte precisamente el acuerdo para abrir el juicio.
“Es una obligación legal del juez responsable suspender el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la sentencia ejecutoriada que recaiga en el juicio principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo de la Ley de Amparo”, según dictó Vargas Alarcón.
Según Reforma, la norma citada por el juez federal precisa que la autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia, y esa circunstancia prevalecerá hasta que sea notificada de la resolución de última instancia en el amparo.
El pasado 2 de noviembre, Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de la SEDESOL y de la SEDATU, durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, en el Gobierno de Peña Nieto- ofreció convertirse en testigo protegido de la FGR.
Para así “revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del [Partido Revolucionario Institucional] PRI”, en la llamada “Estafa Maestra”, según lo informó este lunes 2 de noviembre, el diario Reforma, basado en fuentes del Gobierno Federal.
Mismas que “confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”.
“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos”, señaló el rotativo.
“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la ‘Estafa Maestra’, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.
Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la SEDATU y la SEDESOL fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado”, abundó el Reforma.
Asimismo, el ex oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL Federal también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, las instituciones antes mencionadas, suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos.
Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos, recordó el Reforma.
“El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado”, detalló el rotativo.
El 4 de agosto del 2020 se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de María del Rosario Robles Berlanga y de Emilio Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de la SEDESOL y SEDATU, durante el Gobierno de Peña Nieto.
Una semana antes, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismo que podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.
El 26 de octubre del 2019, la ex titular de SEDESOL y SEDATU, acusó a la FGR, mantenerla como rehén debido a que, según aseguró, no ha aceptado colaborar. A través de una carta escrita a mano, la ex funcionaria federal señaló que no optará por recurrir a lo que llamó la “falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.
“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén -porque no he querido colaborar- para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, afirmó Robles Berlanga.
La ex titular de la SEDESOL y la SEDATU Federal agregó que tiene información de la misma Fiscalía General de la República, que ofrecen impunidad a otros implicado en la llamada “Estafa Maestra”, a cambio de declarar “lo que ellos necesitan”.
Asimismo, Robles Berlanga destacó que la FGR pretende darle su libertad a cambio de que “señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad”.
El 23 de septiembre del 2019, Robles Berlanga se declaró formalmente inocente del presunto delito que le imputó la FGR, institución a la que acusó de presionarla para que repare las presuntas omisiones por haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 025 centavos, en la llamada “Estafa Maestra”.
En la respuesta oficial a la acusación formal que realizó en su contra la FGR el 26 de agosto del 2019, Robles Berlanga indicó que la petición de parte de la Fiscalía que se le condene el pago de la reparación del daño por dicha cantidad “es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso”.
“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, agregó Robles Berlanga.
La respuesta fue entregada a Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a quien la ex funcionaria federal solicitó cite a declarar a 15 testigos, entre ellos, al ex oficial mayor de la SEDESOL, Zebadúa González, además de Juan Carlos Lastiri Quiroz, ex Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, y, a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Asimismo, dentro de la carpeta judicial 314/2019, Robles Berlanga pidió al juez federal citar a declarar a Alberto Javier Sánchez Rojas, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Vicente Agustín Mercado Zúñiga, Jaime Aranda Castillo, Javier Ortiz Moreno, Emilio Zebadúa, Javier Guerrero García, Víctor Manuel Tapia Castañeda, Armando Saldaña Flores, José Antonio Orozco Martínez, y a Marcos Salvador Ibarra Infante.
La ex funcionaria federal ofreció como medio de prueba las testimoniales de Juan Francisco Martínez Lavin, quien se desempeñó como enlace entre la Sedesol y la ASF; así como los de Aldo Pavón Segura, quien prestaba sus servicios para la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), un órgano descentralizado de la SEDATU, y quien fuera designado de manera provisional para atender las determinaciones y los pliegos de observaciones indicados por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2016.
Por otra parte, la ex titular de la SEDATU y SEDESOL Federal negó de manera categórica las acusaciones de la FGR, porque dijo que se apartan de la verdad y pretenden atribuirle la responsabilidad de hechos en los que nunca ha participado, ante lo que ofreció dictámenes periciales en materia de administración pública y contable tratar de desvirtuar la acusación de la Fiscalía.
“Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal”, afirmó Robles Berlanga en su respuesta
“[…] como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las auditorías forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los pliegos de observaciones a la cuenta pública, ni al momento de presentar los dictámenes técnicos”, detalló la ex funcionaria federal.
Robles Berlanga destacó que la acusación de la FGR es meramente de carácter político, y no jurídico, “lo cual consideró completamente injusto, pues los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos ni tampoco para cobrar afrentas del pasado, tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades”.
“Hacerlo de esta forma ciudadano juez de enjuiciamiento, se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional, pues en palabras del propio Fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero], se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el estado, dejando entrever que para obtener mi libertad ´debo delatar a otros funcionarios”, puntualizó.
El 25 de agosto del 2019, la FGR presentó al Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, por escrito, su acusación contra Robles Berlanga, en la que solicita imponerle una pena de 21 años de prisión por el delito imputado.
Según el documento presentado por la FGR al juez Villar Ceballos, citado por el diario Reforma, 7 años corresponden por la comisión del ilícito en la SEDATU, 7 años en la SEDESOL y otros 7 años por tratarse de un delito continuado, que constituye un característica que agrava la pena privativa de libertad.
Por otra parte, el diario El Universal informó que en la acusación que presentó la FGR, la institución subrayó que la ex funcionaria federal cometió con “dolo” el ejercicio indebido del servicio público, y por ello, la Fiscalía solicitó que Robles Berlanga pague el total del dinero que fue desviado en la llamada “Estafa Maestra”, a manera de reparación del daño.
La FGR también solicitó que se le imponga una multa por 3 millones 561 mil 300 pesos. Además, para respaldar estas acusaciones, la Fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y ex servidores públicos para que rindan declaración en contra Robles Berlanga, por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Dichos testimonios provienen de actuales trabajadores, o quienes estuvieron durante la gestión de Robles Berlanga; así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de la SEDESOL, de la SEDATU; además de policías federales y ministeriales. Los fiscales ofrecen, además, una prueba pericial en materia de contabilidad, para respaldar los dos hechos en los que la FGR basa todo el proceso contra la ex funcionaria del Gobierno de Peña Nieto.
