Ayuntamiento de Tijuana deberá implementar medidas de atención a detenidos
Este miércoles, 24 de febrero, un juez federal ordenó a autoridades de Tijuana implementar medidas para garantizar los derechos a la salud en favor de personas en situación de calle y usuarias de sustancias que sean detenidas por faltas administrativas en Tijuana, Baja California, ante la pandemia del COVID-19.
Se trata de la suspensión provisional concedida por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales la entidad, en un juicio de garantías promovido por la asociación civil Documenta, que en agosto de 2020 no fue admitido, pero que luego de impugnarse ante un Tribunal Colegiado con sede en Mexicali, se declaró fundada la queja interpuesta por el organismo de la sociedad civil.
El reclamo no obedeció nada más a que autoridades estatales y municipales no cumplen a cabalidad con su obligación de proteger a estas poblaciones vulnerables ante la pandemia, sino también haberlas puesto en riesgo al promover su detención masiva como parte de operativos de seguridad pública local que se realizaron entre los meses de junio y julio de 2020.
Durante dichos operativos, refiere Documenta A.C., más de 180 personas en situación de calle y usuarias de sustancias fueron privadas de la libertad en el municipio sin que autoridades tomaran las medidas de prevención requeridas ante la pandemia como son: detección de posibles casos positivos de COVID-19 previo ingreso a su Estancia Municipal de Infractores o adoptar medidas de higiene y sana distancia adecuadas.
De acuerdo con declaraciones públicas del titular del DIF Municipal realizadas en medios de comunicación, hasta septiembre de 2020, se calculaba que Tijuana tenía más de un millar de personas en situación de calle, quienes presentan distintas condiciones de salud mental, uso problemático de sustancias o son población migrante.
“La problemática no es nueva en esta ciudad fronteriza: las zonas centro y norte, principalmente en sus cercanías a la zona de El Bordo, se caracterizan por estar altamente habitadas por personas este grupo, quienes viven constantes actos de discriminación, criminalización y malos tratos por parte de habitantes y autoridades locales, principalmente de seguridad pública”, destaca la asociación quejosa.
Durante la pandemia por COVID-19, las personas sin hogar se han visto forzadas a desplazarse de los sitios que de forma común habitaban en el espacio público u ocultarse, “además de, claramente, no contar con la posibilidad de tomar medidas de sana distancia, higiene o atención a la salud requeridas ante esta emergencia”.
Con la admisión del amparo interpuesto por Documenta A.C., las autoridades locales deberán proporcionar a las personas detenidas materiales para su higiene personal como son cubrebocas, jabón y agua potable; desinfectar los espacios en que se encuentren detenidas, y en caso de ser necesario, dar la atención médica correspondiente. También deberán garantizar la sana distancia entre éstas y con el personal que labora en el centro de detención municipal, tomando en consideración las medidas de contingencia impuestas por las autoridades.
La asociación promovente del amparo destaca que “las personas en situación de alta vulnerabilidad ni siquiera deberían estar siendo criminalizadas y detenidas en Tijuana si las detenciones responden a actos de discriminación y persecución de la pobreza, pero, garantizar al menos medidas de reclusión que promuevan su dignidad y acceso a la salud en el contexto del COVID-19 será un paso importante para avanzar en su reconocimiento como sujetos de derechos”.
