En mayo de 2020, tras conocerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no respaldaba la inconstitucional ambición del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para ampliar su periodo de dos a cinco años, lo que intentó solapado por el poder que despliega sobre el Congreso de mayoría morenista y los ayuntamientos -a excepción de Tecate, que votó en contra-, el alcalde electo por Tijuana, Arturo González, tuvo una gran osadía.
Al grito de “El rey ha muerto, ¡viva el rey!”, sin la venia del ingeniero que aún rumiaba su fracaso y se considera dueño de Morena en Baja California, González empezó a buscar la candidatura a la gubernatura. Un viaje a Mexicali y otro a Ciudad de México -adonde también fue por la libre la alcaldesa de Mexicali, Marina Ávila-, fueron suficientes para desatar la ira del mandatario estatal.
Tal berrinche termina esta semana con la solicitud de licencia del alcalde, quien, tras nueve meses de enfrentamiento, terminó acusado hasta de homicidio y con la amenaza de expropiar el Club Campestre, el cual en algún tiempo encabezó, mientras sus hijos eran objeto de campañas negras en redes.
González no ha abierto la boca, pero se va. Sus cercanos advierten que entendió que estos pleitos ni ganados son buenos, que se está llevando a mucha gente entre los pies y perdiendo su tranquilidad familiar, emocional y empresarial por una candidatura que no va a tener y no vale la pena.
El voto contra la Ley Bonilla también le salió caro a la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, con quien el gobernador inició una contra-campaña pública para evitar su reelección.
Como en el mundo mafioso, la cacería y vencimiento del alcalde tijuanense, seguramente servirá de ejemplo para el resto de los morenistas que pretendan avanzar sin la bendición de su autoproclamado patriarca, ya se puede considerar la primera guerra electoral ganada por el gobernador que en teoría y por Ley, no debería estar metiendo sus manos, voz y recursos al proceso electoral que empezó en septiembre de 2020. Pero eso no le importa.
Incluso el señor Bonilla lleva casi siete meses intentando deshacerse del presidente de Morena en Baja California, Ismael Burgueño, a quién él no designó ni le pidieron permiso. De hecho, el 13 de septiembre del año pasado, organizó una sesión de consejo político para impugnarlo y removerlo, pero lo invalidaron desde el consejo nacional.
En cuanto a la oposición, sean los discursos mañaneros de Facebook o en las jornadas o mini-jornadas, un día sí y al siguiente también, Bonilla se ha dedicado durante todo su gobierno a denostarlos.
Repite frases como “Los panistas y los priistas son los gobiernos que nos han destruido, ¿van a votar por ellos?”, “Nuestras candidaturas son las más legítimas”, “Dentro de unos meses van a venir los panistas a tocar la puerta y pedirles el voto, y les van a decir ‘ya voten por nosotros, hombre, ya no vamos a robar, ya no vamos a abusar de nuestro poder’, ¿van a votar por ellos? Si no se merecen más que el desprecio del pueblo”.
O “No me dan ganas de quitar el guante de la cara al PAN, los seguiremos señalando como los grandes defraudadores y bandidos que tuvo el Estado por 30 años”.
El gobernador también está convertido en el propagandista oficial de sus candidatos por Morena. Cuando Marina Ávila fue designada a la cabeza de la coordinación del Estado por la defensa de la Cuarta Transformación, para posteriormente ser la candidata en la elección de 2021 por la gubernatura de Baja California, “me da mucho gusto que sea un candidato de unidad”, comentó el ingeniero.
“No es un concurso de belleza”, pero si fuese, “yo le apostaría a Marina”, dijo respecto a la posibilidad de que Lupita Jones, ex reina de belleza bajacaliforniana, representara a la alianza “Va por Baja California” contra la alcaldesa de Mexicali.
De la misma manera, ha elogiado y apoyado las precandidaturas de las secretarias de Infraestructura, Desarrollo y Reordenación Territorial, Karen Postlethwaite Montijo, y la de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa, quienes aspiran a convertirse en alcaldesas de Mexicali y Tijuana, respetivamente. Y ha apoyado la reelección del alcalde de Ensenada.
Adicionalmente, en fechas recientes sus transmisiones mañaneras inician con una imitación de “La Bamba”, cuya letra critica al denominado PRIAN, a los “priandilleros”, presenta a los de Morena como la única opción honesta y pide una votación masiva para la 4T.
Con esta propaganda, Jaime Bonilla Valdez está evidenciando lo poco que le importa el hecho de que el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, clasifique los portales personales de los funcionarios como institucionales, les instruya a difundir solo “información vinculada con el ejercicio de sus atribuciones” y prohíba la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor público y mensajes destinados a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos.
Efectivamente, la mala fama precede a la mayoría de los partidos en México, pero eso no le da al ingeniero Bonilla un salvoconducto impune para abusar de su poder, violentar los principios de equidad e igualdad, transgredir la normatividad electoral y vulnerar el Estado de Derecho. Principios que, por cierto, también hicieron posible el cambio de gobierno en el país y la llegada de Morena al poder.
