-Ante la falta de instalaciones de la FEBC, se pueden interponer denuncias en los MP: fiscal
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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California, dará a conocer su primer reporte mensual sobre conductas detectadas durante el actual proceso electoral (2020-2021) en la entidad.
El titular de la FEBC, Carlos Barboza Castillo, informó que “en los próximos días” el organismo emitirá “la numeralia del monitoreo de conductas” registradas del 7 al 31 de enero, periodo al que corresponde el “primer corte” realizado por la institución en esa materia.
“Estamos trabajando con el área de la dirección de investigación, estamos trabajando ya el trabajo técnico para hacer la presentación pública”, mencionó.
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Según recalcó, “los delitos electorales se persiguen de oficio”, de manera que para poder abrir investigaciones ante posibles actos de esa naturaleza, la fiscalía ha venido observando las conductas manifiestas en el ámbito electoral, a partir del esquema de monitoreo.
El ex legislador por el Partido Revolucionario Institucional, refirió que en caso de que por parte de la ciudadanía se detecten comportamientos que posiblemente redunden en delitos electorales, con todo y que la fiscalía no cuenta con instalaciones propias, como tampoco con “sistema de datos”, se puede hacer la denuncia correspondiente en los ministerios públicos.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se instauró el 24 de noviembre de 2020 con la designación de Barboza Castillo como titular. Sin embargo, nació sin un inmueble donde operar y sin una estructura propiamente definida. 11 días antes, la XXIII Legislatura de BC apenas había votado la ley orgánica de la FEBC.
Fue hasta poco más de un mes posterior a su instauración que Barboza Castillo designó a los encargados de las direcciones adscritas al organismo.
En sesión del Grupo Unidos por Tijuana, celebrada este miércoles 3 de febrero y en la cual el fiscal anunció la próxima publicación del monitoreo de conductas electorales, igualmente aprovechó para destacar que “el Parlamento local atinadamente estableció en la ley orgánica de la fiscalía un transitorio que dice que si la fiscalía no está al funcionamiento al 100 no quiere decir que los delitos electorales no se persiguen”, pues “la fiscalía de la república tiene jurisdicción para ello, porque no puede haber un vacío”.
El director de Investigación y Persecución de la FEBC, Jesús Antonio Chávez Hoyos, a su vez indicó que de momento “toda la integración y desarrollo de investigaciones (relativas a los delitos electorales) se debe de hacer por conducto de la Fiscalía General del Estado”. Manifestó que ello no implica que Barboza “no tenga acceso” a las carpetas correspondientes.
“Él tiene acceso directamente a esas carpetas, él tiene constante comunicación con el fiscal general del estado (Guillermo Ruiz Hernández)”.
En cuanto al reporte de monitoreo propio de la FEBC, agregó que “si detecta alguna conducta que pudiera tener relevancia o pudiera tener un matiz, se elabora la ficha informativa respectiva y si es procedente se inicia el acta circunstanciada para turnarla a la fiscalía general”.
A pregunta expresa sobre la posibilidad de que servidores públicos como el gobernador Jaime Bonilla Valdez hayan incurrido en delitos del orden electoral, por sus manifestaciones a favor o en contra de una expresión política en pleno proceso local (el cual inició el 6 de diciembre), Barboza Castillo sostuvo que “hay un capítulo específico” para las personas que se desempeñan en el servicio público. Asentó que, sin embargo, la FEBC “bajo ninguna circunstancia” va a prejuzgar. “Vamos a garantizar el principio de inocencia en todos los casos aún cuando determinemos la presunción de un delito electoral”, sostuvo.
A decir del exponente, en si en determinado caso la conducta cumple con los elementos de tipo penal se da paso a un acta circunstanciada, lo que implica “una revisión mucho más exhaustiva, más técnica” y “si todo esto continúa en esa misma lógica pasa entonces a la carpeta de investigación”.
Por otro lado, Chávez Hoyos compartió que “ya se detectó una circunstancia” a partir del monitoreo emprendido por la fiscalía. No obstante, “omitimos los datos de la persona por protección de derechos”, arguyó. El directivo, anticipó que en términos generales, el reporte correspondiente no solamente incluirá “números”, igualmente dará cuenta de “porcentajes y diversas circunstancias que rodean a estas fichas (informativas)”. Reiteró que no se proporcionará información personal “porque va en contra de lo que señalan las disposiciones legales”.
Consultado por ZETA, el presidente del Grupo Unidos por Tijuana, Álvaro Montaño Rubio lamentó que la FEBC no cuente con presupuesto. Consideró como “una falta de sensibilidad del gobernador enviar la propuesta de crear la fiscalía al Congreso al cuarto para las 12:00″.
A su modo de ver, Bonilla Valdez “debió haberla enviado con anticipación”, toda vez que “era ya un reclamo ciudadano la creación de la fiscalía”.
Finalmente estimó que para su operación “debieron haber reservado una partida presupuestal”.
