Los bares reabrieron desde octubre, algunos en la clandestinidad, otros con el pretexto de ofertar comida entre sus servicios. A pesar de la “prohibición”, en algunos como LeConteiner aseguran contar con autorización del secretario de Salud del Estado. Ocho funcionarios de Coepris están siendo investigados por el asesinato de una mujer en Adelita Bar. A las escuelas privadas de BC no se les emitirá la reapertura en marzo, como lo han anunciado en el ámbito nacional
Bares de la ciudad han estado operando frente a los ojos omisos de las autoridades de salud. Aunque estas insisten en que ese giro sigue cerrado, ahora buscan que les autoricen a abrir, así como a las escuelas privadas, las cuales ya anunciaron su apertura el próximo mes.
El 11 de febrero de 2021, la joven Isis Atalia Montoya Romero, de 19 años de edad, fue asesinada en el Adelita Bar de la Zona Norte de la ciudad, por el estadounidense Kelley Logan Matthew, de 27 años, dejando en evidencia la operación del establecimiento a pesar de las restricciones.
No es ningún secreto que los bares de la Zona Norte han seguido trabajando a escondidas de las autoridades, pues si bien apagaron sus letreros y ya no invitan a los clientes a pasar, aprovecharon que los hoteles nunca cerraron y solo modificaron la entrada a través de ahí.
En reiteradas ocasiones se cuestionó tanto a la Dirección de Inspección y Verificación Municipal como a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) sobre la operación de estos lugares. La respuesta genérica, era que se realizaban operativos en todos los bares de la zona y de esa manera confirmaban que no abrían.
INVESTIGAN A OCHO FUNCIONARIOS DE COEPRIS
A partir del homicidio de Isis Atalia, las denuncias comenzaron a llegar a la Secretaría de Salud y actualmente ocho funcionarios de la Coepris son investigados por corrupción, precisamente por permitir la apertura de bares.
“Esta persona hizo algunos señalamientos con relación a funcionarios de otras instituciones de gobierno, y yo no actúo con base a suposición o sugerencias; actúo con base a hechos. Si tengo una denuncia sobre un funcionario, mi actuar no va a ser inhabilitarlo o suspenderlo; va a ser investigar la situación y determinar qué es lo correcto”, dijo a ZETA el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico.
Agregó que los ocho funcionarios de la Coepris serán turnados a las instancias correspondientes para así probar su participación en actos de corrupción por recibir dinero a cambio de dejar operar a bares.
A raíz de las denuncias recibidas, han registrado más por parte de la ciudadanía; algunas presentan evidencia de funcionarios que hicieron algo mal.
De los ocho investigados, tres fungían como verificadores y ya no trabajan más en la Secretaría de Salud. El resto continúa con la revisión de expedientes y funciones en la dependencia, “para darle la mayor transparencia posible a este tema”.
El martes 16 de febrero, diversos bares comenzaron a promocionarse en redes sociales, tales como Tropics o Cavally, el primero anunciando su reapertura e incluso comentando en Facebook que solo bastaba una llamada para asegurar la entrada, mismo que fue borrado cuando comenzaron los reclamos; y en el segundo, habría bandas invitadas.
Tropics estuvo operando durante el semáforo Naranja que hubo en la entidad en octubre y noviembre de 2020, por contar con permiso de restaurante, aunque no cuenten con cocina.
En recorrido realizado por ZETA, se constató que diversos antros y centros nocturnos están abiertos, ya que además de Cavally, ubicado sobre Paseo Centenario en Zona Río, operan Le Conteiner en Paseo de los Héroes, Lumi en Plaza Fiesta y Black Box sobre Avenida Revolución, donde el pasado fin de semana se presentó el cantante Caloncho, cuando los conciertos siguen restringidos.
En Lumi, incluso permitieron el acceso a un grupo de seis personas, tres de ellas se quitaron el cubre bocas antes de llegar a la mesa, la cual estaba en zona restringida. Es decir, había marcas que indicaban que no se podía utilizar esa mesa a razón de la sana distancia, y aun así la ocuparon, además de que no obligaban a los clientes a consumir alimentos, pese a tener permiso de restaurante.
Carlos Mora, secretario de Gobierno de Tijuana, señaló a este Semanario que a raíz del feminicidio ocurrido en el bar Adelita solicitó la renuncia de Alfonso García Dworak, quien se desempeñaba como director de Inspección y Verificación Municipal.
Destacó que durante el fin de semana acudieron a Cavally y LeConteiner como parte de los operativos, pero estos argumentaron tener el visto bueno de la Secretaría de Salud, pues el propio titular, Alonso Pérez Rico, había supervisado los protocolos de higiene.
“No vamos a permitir complicidades. En los lugares que se mencionan –Cavally y LeConteiner-, Alonso Pérez Rico había hecho la inspección en la zona y consideraron que podían operar. Cuando fuimos y les pedimos que pararan estas actividades, ellos se defienden con la autorización”, afirmó el funcionario municipal.
Sin embargo, admitió que los puentes de comunicación con el Estado apenas se están restableciendo, pues no había tal coordinación.
Asimismo, bares en Rosarito han continuado abiertos, aprovechando el caso omiso de las autoridades locales y estatales para dar atención a turistas estadounidenses, mientras los restaurantes en Popotla exceden el límite de aforo y no exigen cubre bocas entre los músicos que brindan entretenimiento entre las mesas.
OFRECEN APERTURAS
Dueños de bares comentaron a ZETA que algunos abrieron gracias a acuerdos que se hicieron entre funcionarios, o bien, intermediarios que no trabajan en el gobierno, pero gestionan los permisos para la apertura.
“No de manera abierta, al menos a nosotros, pero ya hay lugares que abrieron estos días gracias a que se amarraron. A nosotros nos llegó alguien preguntando si queríamos abrir, y ese alguien trae a varios lugares”, mencionaron.
“Ellos son personas, como contactos que se manejan desde fuera pero finalmente rinden cuentas a los altos mandos”, de esa manera no hay un señalamiento directo contra algún funcionario en particular.
Al respecto, Pérez Rico admitió que se recibió una denuncia que derivó en la investigación de los ocho elementos de la Coepris.
Por su parte, César Heredia, director de Inspección y Verificación Municipal, aclaró a ZETA que se han hecho auditorías a la administración de García Dworak, pero todo ha estado en orden y con transparencia, por lo que no hay motivo para dudar de su trabajo al frente de la Dirección.
ESCUELAS PRIVADAS SE PREPARAN PARA APERTURA
El 22 de febrero se anunció el regreso a clases en escuelas privadas por parte de la Asociación Nacional para el fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana para el próximo 1 de marzo, en todos los niveles y sin importar la semaforización.
Catalino Zavala, secretario de Educación en Baja California, comentó que eso no ocurrirá en la entidad, ya que se han establecido diálogos con asociaciones de escuelas particulares que les han señalado no estar de acuerdo con el regreso a clases presencial.
No obstante, información obtenida por ZETA da cuenta que padres de familia ya están haciendo compras de uniformes y útiles escolares, pues les han informado que regresan a clases en marzo, al menos en nivel medio superior.
“No es posible (que reabran), es mucha irresponsabilidad y es un problema de riesgo de salud para los alumnos, porque tienen que abrirse con protocolos de Salud y de Educación, entonces no se va a permitir”, afirmó.
Actualmente hay 93 mil alumnos en escuelas privadas, pero hasta el cierre de edición, no se contaba con un padrón de recintos que cerraron de manera definitiva a causa de la pandemia provocada por la COVID-19.
Por otro lado, Zavala señaló que el 7% de los alumnos de este tipo de escuelas, han pasado al sector público. El martes 23 de febrero recibió llamadas por parte de representantes de este sector, pues de abrir, nadie se haría responsable en caso de brotes de la enfermedad.
“Es muy sencillo hacer este tipo de declaraciones, pero al rato nadie se responsabiliza de nada. Si tenemos un brote en una escuela privada de niños, de adultos o con maestros, ¿quién se va a hacer responsable de eso?”, cuestionó el funcionario de Educación.
El Colegio Familia emitió un comunicado a los padres de familia, asegurando que no habría regreso a clases presencial pese a los rumores de que reabrirían el lunes 1 de marzo, ya que se ajustan a los lineamientos de las autoridades estatales.
Por su parte, el Colegio Cumbres afirmó que si bien se están creando protocolos para un regreso a clases presencial mixto, nada de eso se llevará a cabo hasta que el Estado se encuentre en semáforo Verde y así lo indique la Secretaría de Salud.
ZETA intentó contactar a otras escuelas privadas para conocer sus posturas respecto al regreso a clases en marzo, sin embargo, sus números telefónicos estaban desconectados o fuera del área de servicio.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / ZETA
ABREN CIRCOS Y FERIAS
Un grupo de 28 bares de Zona Río y Centro enviaron una petición al Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Salud el martes 16 de febrero, solicitando la apertura de esos negocios con el argumento de que ese giro es diferente a los antros, centros nocturnos y table dance.
Juan Carlos Molina, gerente del bar Dandy del Sur, comentó que los bares se distinguen por ser pequeños, tener un mayor control del aforo, así como de los protocolos de higiene, por lo que pidieron la apertura y que no los clasifiquen en la misma categoría que otros giros con venta de alcohol.
Alonso Pérez Rico dijo estar al tanto de la petición, sin embargo, recordó que lo mismo señalaron en octubre de 2020, cuando Baja California pasó a semáforo Naranja por primera vez, “hasta marchas hicieron” y no cumplieron, razón por la que ahora no habría permisos para abrir hasta que no se den las condiciones apropiadas.
Asimismo, en la transmisión diaria del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el miércoles 24 de febrero, Pérez Rico anunció que a partir del primer minuto del 25 de febrero, circos y ferias podían abrir con el 30% de aforo permitido.
Al mismo tiempo, solicitó que representantes de estos negocios se acerquen a la autoridad para establecer medidas preventivas y estrategias para el control de la gente.
También autorizó que iglesias o centros de culto ubicados en colonias con alto contagio, abrieran con un 25% de aforo y no al 50%, como sucede en colonias con bajo índice de casos activos; no sin antes advertir que de exceder el límite, el lugar será clausurado hasta nuevo aviso.
