La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Gobierno de Baja California debe aclarar un monto total de 71 millones 136 mil 841.24 pesos por la ejecución de tres programas en materia educativa, de recursos federales.
El señalamiento más grande es por 69 millones 352 mil 494.97 pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019.
De los cuales, 62 millones 444 mil pesos fueron señalados por la ASF, debido a que la Secretaría de Educación Pública realizó 8 mil 727 pagos improcedentes con los recursos del FONE, por cuenta y orden del ISEP, a 371 trabajadores adscritos en 19 centros de trabajo entre los que destacan los denominados “Dirección de apoyos e infraestructura educativa y nueva creación”.
Según la ASF, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) realizó pagos improcedentes con recursos del FONE por concepto de honorarios por 21 millones 244 de pesos, pero más tarde, durante el proceso de auditoría el gobierno proporcionó los contratos por honorarios con los cuales acreditó que proceden los pagos por 17 millones 825 de pesos; no obstante, persiste la observación por 3 millones 419 pesos.
Adicionalmente, la SEP realizó 587 pagos improcedentes con recursos del FONE, por cuenta y orden del ISEP, por 2 millones 275.5 miles de pesos a 48 trabajadores con 91 plazas, adscritos en 49 centros de trabajo, que contaron con licencia sin goce de sueldo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el gobierno estatal proporcionó la documentación que justifica 245 pagos por un millón 275.9 miles de pesos a 20 trabajadores; no obstante, persiste la observación de 342 pagos por 999.6 mil pesos a 28 trabajadores.
En tanto, por el programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, el máximo órgano fiscalizador del país señaló se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un millón 301 pesos.
La mayor cantidad de las observaciones se debe a que el gobierno de Baja California careció de los expedientes del personal reportado en las nóminas del magisterio estatal pagadas con recursos del programa U080 del ejercicio fiscal 2019, por 913.7 mil pesos, por lo que no acreditó que cubrieron el perfil establecido en el profesiograma autorizado, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la administración estatal proporcionó los expedientes del personal, con los cuales acreditó pagos por 32.6 mil pesos; por lo que persiste la observación por 881.1 mil pesos.
De los cuales 212 mil 815.65 pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 142 pagos improcedentes a 28 trabajadores después de su fecha de baja de la dependencia.
La ASF también presumió un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 207 mil 050.82 pesos más los intereses generados por realizar 96 pagos improcedentes con recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación del ejercicio fiscal 2019 a 11 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019 o ejercicios anteriores.
El tercer programa de recursos federales ejercido por la administración estatal, cuyos recursos fueron observados por la ASF, es el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. El monto observado asciende a 483 mil 393.30 pesos.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 278 mil 721.90 pesos por realizar pagos improcedentes, con recursos del programa Escuelas de Tiempo de Completo a 22 asesores externos especializados contratados para el desarrollo de habilidades musicales mediante la conformación de orquestas sinfónicas y coros infantiles y juveniles, correspondientes a la quincena 15 del ejercicio fiscal 2019, los cuales no desempeñaron las funciones específicas de su puesto.
Además, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) pagó con recursos del Programa de Escuela de Tiempo Completo apoyos económicos por 204.7 mil pesos a 27 trabajadores que contaron con las categorías directivo, docente y personal de apoyo, los cuales excedieron los montos autorizados, y por 454.4 mil pesos a 34 trabajadores con la categoría Intendente-E, la cual careció de autorización. Con ello, se incumplió con los Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Aunque en el transcurso de la auditoría, el gobierno estatal proporcionó la documentación que acredita la autorización de los pagos por 454.4 mil pesos a 34 trabajadores que contaron con la categoría Intendente; sin embargo, persistió la observación de los 204.7 mil pesos por el pago de los 27 trabajadores con categoría de directivo, docente y personal de apoyo. (Julieta Aragón)
