Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA de Tijuana, recibió este miércoles 24 de febrero, el reconocimiento Excellence in International Journalism and Human Rights Award, por parte de la estadounidense Texas Tech University (TTU).
Kent Wilkinson, profesor y director del Harris Institute for Hispanic and International Communication, de la TTU, señaló que Adela Navarro Bello es una prestigiada periodista mexicana, que se distingue por cubrir temas de narcotráfico, temas sociales y políticos, que ha sobrevivido a los embates de gobiernos y de miembros del crimen organizado.
“En México estamos viviendo una época de oscuridad. Cada día la libertad de expresión se ve amenazada por el Gobierno Federal, así como por los gobiernos locales, y por supuesto, por el crimen organizado que, por la evidente impunidad y corrupción, constituye un poder ilícito tan presente en nuestra sociedad actual”, señaló Navarro Bello al recibir el galardón.
“Hacer periodismo de investigación en mi país es buscar enemigos. Si se investiga la corrupción en el gobierno, el funcionario público de más alto rango involucrado considera al periodista su adversario. Si se investiga una red de narcotráfico, los delincuentes quieren matar al mensajero para preservar su impunidad”, advirtió la periodista mexicana.
Sin embargo, la directora de ZETA Tijuana afirmó que en dicho medio bajacaliforniano, “donde ejercemos el periodismo desde hace 40 años”, a pesar de las amenazas y ataques, “continuaremos haciéndolo, mientras la sociedad anhele una fuente confiable de información, desconfíe del gobierno, crea en la democracia y la libertad de expresión y confíe en que esta es la forma de transformar un país para mejor”.
En su turno, Lyombe Eko, profesor de origen camerunés de Industrias de Periodismo y Medios Creativos de la TTU -doctor por la Universidad del Sur de Illinois en Carbondale-, señaló que el periodismo es un registro de la historia, que vigila todas las situaciones de la vida cotidiana, y que presenta problemáticas que se agravan con el género.
Por su parte, David D. Perlmutter, profesor y decano de la Facultad de Medios y Comunicación de la TTU, indicó que importa el periodismo que se hace en Líbano o en Tijuana, Baja California, México, porque todo está interconectado, por eso, dijo, se tiene que reconocer a los periodistas que dan sus voces independientes, que aportan datos, “por eso pensamos en ustedes como campeones”, en que hacen algo heroico.
La periodista mexicana recibió el galardón por parte de universidad pública con sede en Lubbock, estado de Texas, en Estados Unidos, junto a Zeina Khodr, corresponsal en Beirut, Libia, para la cadena árabe Al Jazeera, que transmite en inglés.
Khodr señaló que en el periodismo no hay género, ya que ambos se ponen en peligro cuando reportan casos. “Es compromiso, es una profesión difícil, pero apasionante. Por eso no lo considero un trabajo”, indicó.
La periodista libanesa argumentó que ha vivido experiencias muy difíciles, como ver 82 cadáveres ejecutados al cubrir un conflicto bélico, pero es parte de mantenerse fuerte, y seguir adelante contando las historias, dándoles contexto.
“Cubrir guerras, cubrir conflictos, es también cubrir la política […] Cubrir cierta batalla, no cambiará el curso de la guerra, pero si podrían cambiar ciertos aspectos de la negociación en una mesa. El periodismo internacional es la ‘gran fotografía'”, abundó Khodr.
“¿Cómo mantener a las personas interesadas en la noticia? […] Todos los conflictos son similares, se tiene que mantener a los televidentes internacionales comprometidos, dando contexto”, insistió la corresponsal de Al Jazeera.
Licenciada en Ciencias Políticas por la American University of Beirut, Khodr ha sido corresponsal de noticias durante más de 15 años. Ha trabajado para los servicios en línea, en árabe y en inglés de Al Jazeera, Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), Emirates Dubai Television, BBC World Service y CNN.
Asimismo, la periodista libanesa ha trabajado para Al Jazeera English desde su lanzamiento, en 2006. Después de informar desde Pakistán y Afganistán, saltó a la fama internacional como una de las primeras corresponsales en ingresar a Trípoli, en 2011.
Khodr informa desde el Líbano, Siria y Turquía. Obtuvo el premio Sky Women in Film and TV Awards (WFTV UK) en 2011, por su cobertura de la caída de Trípoli, la capital y la ciudad más poblada de Libia, además, la sede del Gobierno central y la administración.
INTERVENCIÓN ÍNTEGRA DE ADELA NAVARRO BELLO
En México estamos viviendo una época de oscuridad. Cada día la libertad de expresión se ve amenazada por el Gobierno Federal, así como por los gobiernos locales, y por supuesto, por el crimen organizado que, por la evidente impunidad y corrupción, constituye un poder ilícito tan presente en nuestra sociedad actual.
Hacer periodismo de investigación en mi país es buscar enemigos. Si se investiga la corrupción en el gobierno, el funcionario público de más alto rango involucrado considera al periodista su adversario. Si se investiga una red de narcotráfico, los delincuentes quieren matar al mensajero para preservar su impunidad.
No existen medidas de seguridad al informar sobre la corrupción en el gobierno o la impunidad de la mafia. Los periodistas acaban en el menor de los casos acusados, señalados, vilipendiados, desacreditados, arruinados y, en el peor de los casos, asesinados, perseguidos, incluso pueden desaparecer sin dejar rastro.
Este no es un escenario nuevo. Esto ha estado sucediendo durante al menos 21 años. Entre 2000 y febrero de 2021, más de 140 periodistas fueron asesinados en mi país, y en 2020, según el Comité para la Protección de los Periodistas, o CPJ, 30 periodistas fueron asesinados en México, 21 de esos casos fueron resueltos: se cometió un homicidio como como resultado de los informes de noticias de la víctima.
El 99 por ciento de estos delitos aún no se han resuelto. Las fuerzas del orden, ya sea a nivel nacional o local, no investigan la causa de los homicidios, ni a los perpetradores materiales y mucho menos a los intelectuales. Ha habido pocos casos en los que la justicia haya avanzado realmente, por ejemplo, con Javier Valdez en Sinaloa en 2015, y Miroslava Breach en 2017.
El mensaje, y lo he reiterado durante los últimos 20 años, es muy claro: en México puede asesinar a un periodista y no terminar en la cárcel. A pesar de este clima adverso, en México hay periodistas que no renuncian a practicar la libertad de expresión. Particularmente en los estados donde suele haber mayor impunidad tanto para las autoridades como para los criminales.
En ZETA ejercemos este derecho desde hace 40 años y no ha sido un camino fácil. Tres asesinatos, un atentado y múltiples amenazas han violado nuestro equipo editorial. Pero más que cargarnos con esto, ante la impunidad, defendemos cada semana el periodismo libre y de investigación; denunciamos, señalamos, exigimos justicia para nosotros y para la sociedad en la que vivimos.
En 1988 enfrentamos nuestro primer caso de asesinato, el de Héctor Félix Miranda, uno de los dos directores fundadores. En 1997 esto sucedió por segunda vez: Jesús Blancornelas, también director fundador, sobrevivió al ataque en su contra en el que recibió cuatro disparos. Su guardaespaldas y conductor no tuvieron tanta suerte.
El tercer homicidio ocurrió en 2004, cuando nuestro Editor en Jefe, Francisco Javier Ortiz Franco, fue asesinado. En todos los casos, el crimen organizado fue el detonante de estos viciosos ataques contra periodistas.
En 2008, 2010, 2012, 2017, recibimos amenazas de dos cárteles de la droga cuyo poder criminal se basa en la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos.
Hasta ahora hemos resistido las agresiones directas del gobierno. Tuvimos un primer incidente en 1980 cuando el PRI como partido de gobierno -y se mantuvo en el poder durante 80 años- intentó cerrar nuestro acceso a la información y frenar la distribución de ZETA. El gobierno también nos atacó en 2013, 2014 y 2016. En esa ocasión, el culpable fue un gobierno del PAN, el partido de derecha que gobernó en México durante 12 años.
Hoy, los ataques a nuestro semanario ZETA provienen de un gobierno extraído de Morena, el partido de izquierda populista fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2014. Los ataques de noviembre de 2019 y julio de 2020 al semanario fueron contabilizados como 16 por Artículo 19, la organización para la protección de periodistas.
El método suele ser el mismo: ataques verbales del gobierno al periodismo del semanario que denuncia la corrupción. El propósito de los funcionarios públicos involucrados es agredirnos moralmente, desacreditar nuestro trabajo y detener su distribución.
Y estos ataques no se limitan a ideologías políticas o partidos; como les he explicado, tres gobiernos de distintas afiliaciones políticas nos han atacado por hacer nuestro trabajo: el periodismo de investigación.
Actualmente el gobierno de López Obrador, desde su púlpito presidencial, ataca a la prensa prácticamente todos los días. Desde los periódicos nacionales y periodistas independientes que en el pasado señalaron los actos de corrupción de gobiernos anteriores, y que hoy señalan sus propias faltas, López Obrador los ataca de una manera que es problemática y francamente preocupante. Los llama sus adversarios, periodistas sicarios, miembros de la mafia en el poder y, en el menor de los casos, liberales que se oponen a su gobierno.
Esta polarización que se ha promovido todos los días de esta presidencia ha logrado impactar en las redes sociales, aunque no ha parado la investigación periodística que informa sobre la corrupción actual. A pesar de la personalidad populista y autoritaria del hombre que actualmente gobierna México, y del peligro de ser violado por los cárteles de la droga, valientes periodistas continúan investigando y publicando sus hallazgos.
El origen del problema de la violencia y el crimen en México es la corrupción que da paso a la impunidad. Hemos tenido instituciones infiltradas por cárteles de la droga desde hace seis años, y organismos policiales incapaces de procesar todos los delitos que se cometen en el país. En 2020 se registraron más de 32 mil asesinatos en este país.
El fracaso de la policía, sumado a una ineficiente administración de justicia y un nulo ejercicio del estado de derecho, es la combinación que no solo ha violado a los periodistas, sino también a los ciudadanos.
En este escenario adverso, debemos sumar opacidad. Cada vez más, el gobierno monopoliza la información, la sella y la reserva, haciendo que no esté disponible para todos los ciudadanos. En definitiva, el presidente López Obrador está intentando, por la vía legislativa, cerrar el acceso a la información pública y acabar con la transparencia, argumentando que el suyo es un gobierno no corrupto, cuando vemos señales, incluso en su propia familia, de que esto no es así.
En este sentido, los periodistas de investigación enfrentan obstáculos a la hora de investigar información. Pero el periodismo de investigación en México no es imposible. Muchas entidades gubernamentales, ciudadanos, instituciones de la sociedad civil y algunos organismos autónomos que sirven de vínculo entre el gobierno y la sociedad, entregan información a quienes buscan publicarla.
Afortunadamente, no somos los únicos que hacemos esto en ZETA, hay medios de comunicación en otros estados y en la región central de México, sumándose a este esfuerzo participando en grupos de trabajo individuales y colectivos, y así están desarrollando investigaciones periodísticas. revelar lo que el gobierno quiere ocultar: corrupción, abuso, impunidad, desvío de recursos, complicidad con el crimen organizado, entre otros temas que la sociedad debe conocer.
Los gobiernos cambian, el poder de los partidos políticos también cambia, pero los verdaderos periodistas siguen aquí, investigando sin otro objetivo que mantener viva la libertad de expresión y periodismo, y enfrentar la agenda pública de un gobierno, que no importa su origen, querrá ejercer su poder de presionar a la prensa libre e independiente. Como nosotros en ZETA, donde ejercemos el periodismo desde hace 40 años. Y a pesar de las amenazas y ataques, continuaremos haciéndolo mientras la sociedad anhele una fuente confiable de información, desconfíe del gobierno, crea en la democracia y la libertad de expresión y confíe en que esta es la forma de transformar un país para mejor.
