En calidad de ciudadanos, representantes de la Alianza Mexicana de Abogados y el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) interpusieron un recurso de amparo en contra de la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla de desmantelar el Centro de Gobierno del Estado, en Tijuana.
En las últimas semanas se ha comenzado con el traslado de las oficinas gubernamentales a distintos puntos de la ciudad, lo que ha generado el descontento de empleados burócratas y personalidades de la sociedad local.
Por parte de los burócratas se han realizado distintas manifestaciones y llamados a sus líderes sindicales para que intercedan por ellos, mientras el ejecutivo estatal mantiene su plan de donar las instalaciones en Tijuana a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
De acuerdo con el abogado Rafael Cruzmanjarrez, presidente en Baja California de la Alianza Mexicana de Abogados, para poder hacer efectiva la donación del inmueble Bonilla Valdez debió iniciar un proceso ante el Congreso local y la Federación para modificar el Decreto que se emitió en la década de los setenta, cuando el Gobierno Federal de ese entonces donó el inmueble para que fuera usado como oficinas de gobierno, de lo contrario lo podría reclamar.
“Tenemos conocimiento de que el Gobierno del Estado ha amenazado al Sindicato a través de sus autoridades, en este caso el Secretario General, para que se abstenga de participar en este movimiento”, explicó el abogado Carlos Atilano, presidente de COCI.
Esto al cuestionarle si el recurso de amparo que presentaron hoy también contemplaba o incluía a los burócratas que se han expresado en contra de la iniciativa.
“Los más de 200 empleados sindicalizados, son parte de la población de perjudicados, que tienen muchos años trabajando ahí, viven cerca y mantienen a sus hijos en escuelas de la zona. Cambiarlos a trabajar a otras zonas de la ciudad, es una grave afectación para ellos”, expresó.
El recurso de amparo se presentó ante los Juzgados Federales en Tijuana, se espera que esto se vincule al recurso que también interpuso el Patronato 11 de Julio que obtuvo un fallo a favor el pasado 22 de febrero, para frenar el desmantelamiento de la biblioteca Benito Juárez.
