Grave opacidad de gobiernos estatales y federales para informar sobre la pandemia en centros penitenciarios. Custodios y personal administrativo con más contagios que los presos. CNDH reporta las cifras mochas que recibe de autoridades: 3 mil 209 contagios en prisiones, con 248 muertes. En Baja California se ha dado seguimiento a 425 casos en los penales de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada. Desde abril de 2020 se reportan 44 reclusos muertos y 10 elementos de seguridad en la entidad, pero solo pocos se confirmaron por COVID-19. Asociación Documenta hace un llamado a las autoridades para que incluyan a reos y personal en estrategias de vacunación
Publicidad
La pandemia del coronavirus ha hecho estragos en los reclusorios del país donde la sana distancia es materialmente imposible, la aplicación de pruebas de diagnóstico del virus es nula, el suministro de insumos de limpieza y desinfección corre a cargo de familiares de los presos y las autoridades ocultan o manipulan la información de los contagios y las muertes registradas por este fenómeno de salud pública.
Publicidad
Pareciera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución considerada confiable para recabar la información de lo que ocurre con la COVID-19 en los establecimientos penales, ha bajado la guardia y, ante la nula colaboración gubernamental para proporcionar datos al respecto, ha espaciado sus actualizaciones sobre el monitoreo del sistema penitenciario nacional.
En su último corte de fecha 2 de febrero de 2021, que contiene los mismos datos del monitoreo realizado y presentado a través de sus redes sociales el 26 de enero anterior, la CNDH asegura que ha contabilizado 3 mil 209 casos confirmados del virus SARS-CoV-2 en las prisiones del país, con 248 defunciones y por lo menos otros 24 casos sospechosos no confirmados por esa causa. También reporta tres riñas colectivas o motines derivados de medidas de seguridad relacionadas con la pandemia.
De acuerdo con los datos que a regañadientes ha recabado el organismo protector de Derechos Humanos de las entidades federativas, los fallecimientos por el nuevo coronavirus en el país se han dado en 28 estados:
* Ciudad de México, 55
* Puebla, 37
* Baja California, 34
* Veracruz, 28
* Estado de México, 9
* San Luis Potosí, 8
* Oaxaca, 7
* Zacatecas, 7
* Guerrero, 7
* Hidalgo, 6
* Nayarit, 6
* Sonora, 6
* Chihuahua, 5
* Jalisco, 5
* Yucatán, 5
* Tabasco, 5
* Chiapas, 4
* Durango, 2
* Querétaro, 2
* Quintana Roo, 2
* Guanajuato, 1
* Sinaloa, 1
* Nuevo León, 1
* Tlaxcala, 1
* Morelos, 1
* Campeche, 1
* Coahuila, 1.
De antemano los indicadores que expone la CNDH se basan en las comunicaciones de los sistemas carcelarios estatales y federal, lo que reportan las secretarías de Salud de las entidades federativas y de la Federación, quejas recibidas en las oficinas de las comisiones locales y la nacional, así como del monitoreo de los medios de comunicación.
Hay estados que tienen meses sin reportar los contagios ni las muertes ocurridas en sus reclusorios, como es el caso de Jalisco, donde la estadística quedó congelada prácticamente desde inicios de septiembre, cuando se tenía el dato de 332 casos detectados y nueve defunciones. De los penales estatales de Puente Grande se detectaron 181 contagios, mientras que del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 2, cerrado el día 28 del mismo mes, se contaron 151 casos. Los fallecidos eran internos y personal de ambos sistemas carcelarios. A la fecha solo aparecen cinco muertos en la estadística de la CNDH.
Por su parte, Asilegal, organización de la sociedad civil, constituida para la defensa y promoción de los derechos humanos de personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, tiene sus propios números. En su monitoreo de la pandemia en centros penitenciarios mexicanos, actualizado al 21 de enero de 2021, informa de 4 mil 19 contagios, 343 defunciones y 20 incidentes de violencia ocurridos de marzo de 2020 a la fecha de corte.
BC: 34 REOS FALLECIDOS, 11 SERVIDORES
Según cifras de la CNDH, Baja California tiene el tercer lugar en muertes por coronavirus en las prisiones del país, con 34. Con recuentos oficiales, periodísticos y del ombudsperson, Asilegal destaca 45 muertes, 34 de personas privadas de libertad y once de servidores públicos del ámbito carcelario. Por su parte, el Sistema Estatal Penitenciario del Gobierno de Baja California tiene estadísticas muy precisas al respecto, aunque con la sombra de la incertidumbre por la causa de muerte que finalmente fue asentada en las actas de defunción correspondientes.
El Sistema Penitenciario de la entidad ha dado seguimiento a 425 casos sospechosos, confirmados y recuperados, tanto del personal administrativo, operativo y personas privadas de libertad desde inicios de la pandemia, hasta finalizar enero último. Su desglose es de 250 hombres y 175 mujeres; también divide los casos en 44 muertos, 47 personas incapacitadas actualmente, solo una permanece hospitalizada y 333 ya se recuperaron.
En cuanto a las personas fallecidas 34 eran internos de los diversos reclusorios de Baja California, mientras que 10 eran elementos de seguridad, la mayoría adscritos a los centros penitenciarios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, y los del complejo El Hongo en Tecate. Sin embargo, al momento de establecerse las causas del deceso, solo tres de los presos están confirmados por COVID-19, mientras que en dos se asentó como “sospechoso COVID-19”. En cuanto a los custodios, en siete casos se confirmó dicha causa de muerte, lo que reduce los números y se marcan grandes diferencias con la información de la CNDH y Asilegal.
Del seguimiento de los 425 casos sospechosos y confirmados, se hace mención que 48 correspondieron a reclusas e internos, 166 a personal de las áreas jurídica, técnica y administrativa, incluso directiva, comprobando el fenómeno que ha ocurrido en otros centros penitenciarios del país, en el sentido de que son más los servidores públicos contagiados, que las personas privadas de libertad, tanto en resultar positivos a las pruebas del virus como a la mortandad, a pesar de que las poblaciones de internos triplican o superan en varios tantos a las plantillas de trabajadores.
Una de las razones por las que no resultan más presos positivos a los resultados de pruebas de coronavirus, se debe a que las autoridades penitenciarias de los estados y de la Federación son omisos en aplicar los referidos exámenes, ya que generalmente procesados y sentenciados no presentan los síntomas y pasan inadvertidos. Y a algunos que expresan molestias, les atienden como cualquier otra enfermedad debido a las deficiencias de los servicios de salud de este tipo de instituciones.
Entre el personal contagiado por el virus, se tiene en la lista a médicos, cocineros, criminólogos, trabajadoras sociales, auxiliares administrativas, personal del jurídico, del área de psicología, radiólogos, enfermeras, odontólogos, auxiliares de finanzas y de los servicios educativos, entre otros. Destaca también personal directivo, que incluso se tuvo que ir a casa a guardar cuarentena.
El director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, Óscar Humberto Ruiz Cota, fue diagnosticado con COVID-19 el 30 de diciembre de 2020 y dado de alta el 14 de enero reciente, motivo por el cual no pudo atender inconformidades de los presos que iniciaron una huelga de hambre que tuvo que ser enfrentada al regreso del funcionario. Al subdirector del CRS El Hongo, Luis Manuel López Carrillo, también le fue detectada la enfermedad el 2 de diciembre y hasta el cierre de esta nota continuaba incapacitado. Mientras que el administrador de esa misma prisión, Daniel Ramón Rodríguez Cobián y la jefa del Jurídico del CRS de Tijuana, Sarahy Mendoza de la Vega, también se contagiaron, pero ya se reportan recuperados.
AL DESNUDO
La coordinadora de Sistemas Penitenciarios y Reinserción Social de la Asociación Civil Documenta, Sofía G. Talamantes, que ha dado seguimiento al fenómeno de salud desde su inicio, lamentó que la información difundida por la CNDH no esté desagregada, pues no menciona los nombres de los reclusorios, ni si se trata de mujeres, de hombres o personas adolescentes, tanto contagiadas como fallecidas por el tema de COVID-19.
La activista hace un fuerte llamado a las autoridades para que brinden información desglosada, pues “desde que comenzó la pandemia, en Documenta empezamos a hacer este monitoreo en centros penitenciarios con el afán de que se transparente la información. Que se transparente, por un lado, y cuáles son los protocolos de actuación para prevenir los contagios, y una vez que las personas que están contagiadas dentro de las prisiones. Y, por otro lado, el número personas contagiadas y el número de decesos.
Asimismo, “es importante mencionar que la pandemia vino a evidenciar muchas de las situaciones, mucho del contexto y de las condiciones que están mal en el sistema penitenciario. Por un lado, el tema del hacinamiento. En muchas de las cárceles estatales hay hacinamiento, lo cual implica que las personas privadas de libertad en estos centros se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad; es decir, cómo se van a prevenir los contagios, cuando en celdas para cuatro personas hay hasta más de 20 personas”.
La entrevistada advierte que, incluso antes de la pandemia, la asociación civil conoció de la deficiencia en la atención al derecho a la salud de los presos, pues por voz de familiares de las personas privadas de libertad, se compartió la preocupación de no contar con los servicios médicos indispensables, mucho menos con atención de especialistas, ni la dotación de medicamentos. Situación que se ha agravado durante los últimos meses.
Ante la posibilidad de que se pudiesen restringir las visitas a los presos, como ocurrió entre marzo y julio de 2020, dados los altos índices de contagio actuales, la coordinadora de Documenta considera que no sería lo más adecuado.
“Es importante entender que muchos de los insumos, digamos de higiene personal, de limpieza e incluso insumos básicos como agua para beber, comida, papel de baño y medicamentos, en muchos de los casos, los brindan y los asumen las familias de los privados de libertad. Es decir, la familia es la que les lleva todos estos insumos, porque muchos de los penales no les proporcionan nada”, subrayó.
El cierre de las prisiones a las visitas genera graves situaciones de escasez para las y los internos, pues además de no recibir insumos de higiene, tampoco consiguen los medicamentos ni materias primas para ejercer el trabajo penitenciario como auto empleados o artesanos.
“Las personas en prisión se encuentran bajo la custodia del Estado, y es el Estado el que tiene que garantizar que las personas accedan a estos servicios e insumos básicos. En el momento en que se cancelan las visitas, claro que hay una situación que pone a las personas en prisión, otra vez, aun en mayor grado de vulnerabilidad”, detalló.
En el aspecto emocional también hay una merma entre reclusas y presos, quienes sufren la preocupación por ver y saber noticias de sus familiares, además de que es sabido que no existen tantos programas ni actividades dentro de los centros penitenciarios.
“Las personas en prisión no pueden seguir cumpliendo con las propuestas de su plan de actividades que tienen como compromiso atender para que, en algún momento dado, cumpliendo con ciertos requisitos, puedan acceder a beneficios de pre liberación”, detalló Talamantes.
Sobre el paro de actividades educativas por la pandemia, exhortó a las autoridades penitenciarias y autoridades corresponsables a implementar otras formas para que las personas en contexto de encierro no pierdan clases.
Otro tema que impulsa Documenta, AC es el de las pre liberaciones, que, por desgracia, desde que inició la contingencia de salud no se han incrementado considerablemente.
Por último, Sofía G. Talamantes habló de la vacuna contra la COVID-19, que por más impopular que resulte el tema para las autoridades, deberán contemplar a la población penitenciaria, que hasta el momento no se le ha tomado en cuenta. “No se ha dicho que en algún momento se les va a vacunar o cuándo, o si las personas adultas mayores o de enfermedades crónicas, si se les va a vacunar. Creo que es muy importante que el Estado tenga en cuenta que las personas en prisión están en una situación de mayor vulnerabilidad, por el mismo contexto, por las mismas condiciones”.
Lo mismo resulta para el personal penitenciario que entra y sale todos los días, pudiendo acarrear el virus del exterior hacia los reclusorios, y que como se ha advertido de estadísticas, son más los servidores públicos contagiados que los propios reos, por lo que resulta urgente monitorearles y darles atención, seguimiento y sean igualmente incluidos en la estrategia de las vacunas.
