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lunes, septiembre 30, 2024
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Por qué no debe desaparecer el INAI

Durante su administración, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se ha caracterizado por ser un político democrático. Muy alejado se encuentra de ese discurso revolucionario y liberal que expresó muchas veces como oposición, cuando buscó el Poder Ejecutivo federal por la vía electoral.

La realidad es que en todos los puestos de poder que ha ostentado, AMLO se ha comportado como un pequeño tirano que no teme imponer a sus allegados e incluso familiares, como ocurría en las dirigencias de Morena en algunos estados de la República.

Desde el inicio de su mandato -sobre todo en los últimos días-, López Obrador ha preparado su maquinaria para perpetrar uno de los golpes más severos de autoritarismo, concretamente, contra órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Recurriendo a mentiras, de manera cínica ha evidenciado tremenda ignorancia sobre temas esenciales para la democracia, como asegurar que el propio INAI ha reservado información relativa a la condonación de impuestos, o que restringió información sobre casos emblemáticos como el de Odebrecht, cuando las mismas autoridades se han encargado de reservar la información, por lo que el INAI ha tenido que intervenir en cuestionar y reclamar por el acceso a la información.

En sí, el INAI ni siquiera tiene facultades para restringir datos públicos, ya que su verdadera labor es velar por la máxima publicidad y garantizar el derecho a la información previsto en la Constitución, cuando el gobierno falla.

Con este tipo de acciones, el INAI se vuelve uno de los pilares más importantes de la novel democracia mexicana, pues gracias a este organismo se han exhibido actos de corrupción, pero también información pública que la sociedad necesita de primera mano.

A través de los organismos de transparencia, ya sean locales o federales, el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental se garantiza cada vez más, pues obligan a los gobiernos a dar a conocer datos que mantiene en resguardo, desde lo más banal hasta lo más complejo.

López Obrador no tiene interés en destinar esos recursos a salud o seguridad pública. Su intención es exclusivamente imponer su conducta tiránica ante un organismo que se ha vuelto una piedra en el zapato.

Sin embargo, hay que darle algo de razón al Presidente, pues no existe una verdadera razón para que el organismo sea tan ostentoso, pero esto no es necesariamente culpa del INAI.

Sí bien existe evidencia de abusos por parte de consejeros en costosas comidas y opulencia, la realidad es que sus decisiones normalmente van en el sentido de hacer pública información restringida. El problema radica en que estas estructuras burocráticas son vastas, debido a que los órganos gubernamentales han mostrado una clara intención de bloquear todo acceso a la información ciudadana, obligando a ampliar la cobertura de atención, y con ello, más personal. Esto se debe a que los entes gubernamentales no han mudado de la transparencia tradicional al gobierno abierto, donde en lugar que el ciudadano solicite alguna información y espere hasta dos meses en recibir respuesta, la documentación requerida ya se encuentre disponible de manera oficiosa a través de la página de internet, o bien, directo en las oficinas gubernamentales.

Los peligrosos pasos de López Obrador hacia la antidemocracia son importantes para ver el rumbo de su mandato, donde bajo el argumento de ahorrar dinero o de ser honesto, puede hacer lo que le venga en gana. Así, en un arrebato, pretende echar atrás casi 20 años de trabajo en beneficio del acceso a la información, un bien que fue necesario para combatir -justamente- a la tiranía y a aquella “mafia del poder” que en su momento tanto criticó.

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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