Aunque el Ayuntamiento de Tijuana fue el primer municipio bajacaliforniano en proponer medidas drásticas para asegurar que los ciudadanos cumplan con el uso del cubrebocas en lugares y transporte públicos, apenas este 8 de enero el Cabildo aprobó un punto de acuerdo con relación a este tema.
Tijuana al día de hoy lidera las cifras de muertes por COVID-19 en el estado, acumulando 2 mil 518 fallecidos por este mal y un total de 12 mil 119 casos positivos. A pesar de encontrarse en semáforo rojo y viviendo la “segunda ola”, la movilidad en la ciudad no se ha reducido y todavía persiste resistencia por parte de la ciudadanía para respetar las medidas sanitarias, como lo es el adecuado uso del cubrebocas.
El primer antecedente de esta propuesta surgió en mayo de 2020, por parte del regidor César Adrián González, se pasó a comisiones pero no prosperó al detonar una controversia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, ya que el Ejecutivo Estatal desaprobaba esta iniciativa, bajo el marco de su confrontación política con el alcalde Arturo González Cruz.
El 21 de diciembre del 2020, se sumó la regidora Mónica Vega Aguirre para iniciar una nueva propuesta que se analizó en las comisiones correspondientes, tomando como antecedente que el Ayuntamiento de Ensenada hizo lo propio al aprobar un punto de acuerdo similar el 2 de diciembre (sin que hasta la fecha se hayan registrado la aplicación de multas).
El punto de acuerdo aprobado por mayoría (registrando solo la abstención del regidor Luis Antonio Quezada), consiste en la adición de los artículos 169 BIS y 193 BIS del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tijuana, así como la modificación de los artículos 162, 189 y 193, con lo que se garantizan la aplicación de multas y amonestaciones a los ciudadanos que no usen cubrebocas en la vía pública.
De acuerdo con los expuesto por la regidora Mónica Vega, lo primero que se aplicará será una amonestación administrativa, en caso de reincidencia se procederá a aplicar una multa de 5 a 15 salarios mínimos, lo que se traduce a montos entre los 430 y 1 mil 300 pesos. Cuando se registre la reincidencia, el infractor no tendrá derecho a la aplicación de la multa mínima. Cuando sea la primera infracción y no cuente con el recurso para cubrir la multa, podrá cubrir su amonestación con trabajo comunitario.
“Es una medida para proteger la vida de los tijuanenses, de ninguna manera tiene que ver con una medida recaudatoria”, señaló Vega Aguirre en su exposición.
“Creo que todos tenemos un amigo, un vecino, un familiar, que desafortunadamente ha fallecido por la irresponsabilidad de mucha gente que anda en las calles aglomerándose”, expresó en su participación el regidor José Cañada, quien leyó el punto de acuerdo en esta ocasión.
Incluso la Sindica Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa emitió un voto a favor, aunque en su razonamiento no pudo dejar de lado señalar que el punto de acuerdo se agregó a la orden del día de último minuto cuando ya se tenía un documento preparado y firmado con anticipación.
“Es muy importante tomar consciencia por parte de la ciudadanía, y los servidores públicos para llevar a cabo por parte de las autoridades competentes que éstas hagan las revisiones correspondientes”, agregó la Síndico, previo a que se diera por concluida la sesión.
