Con diez meses de una economía frenada por la COVID-19 en Baja California, negocios cerrados, miles de empleos perdidos en el sector servicios, construcción, personal del hogar y comercio -ganados en la maquila con mini sueldos de dos salarios mínimos-, está claro que las despensas, pensiones, becas y demás apoyos económico de los programas de asistencia humanitaria del gobierno serán insuficientes en la temida cuesta de enero.
Particularmente si estos gobiernos, como el bajacaliforniano, que reparten becas escolares de mil 300 pesos bimestrales o 2 mil 440 bimestrales a los adultos mayores, deciden al mismo tiempo castigar a los ciudadanos productivos con una ola de aumentos a derechos e impuestos locales.
De entrada, resolvieron aumentar el costo de la cuota mínima del agua (ver nota de la reportera Julieta Aragón Domínguez en esta edición), y de acuerdo con las estimaciones de promedios de las mismas comisiones de agua locales, las familias de cuatro miembros terminarán con recibos alrededor de los 304 pesos mensuales si viven en un departamento, y de 620 pesos, si habitan una casa con jardín.
También incrementaron los precios de las licencias de conducir, que, de ser temporales, pasarán a ser permanentes, pero eso significa que quienes tengan la obligación de renovarlas este 2021, deberán pagar por este nuevo privilegio. Así que el documento que valía 524.41 pesos, ahora costará casi el doble: 983.69 pesos. Y las licencias de chofer duplicarán su costo, comenzando desde los mil 584 pesos.
Los trámites y solicitud de calcomanías, tarjeta de circulación y placas para automóviles también aumentaron su precio entre 250 y 416 pesos adicionales, dependiendo del trámite. Y los derechos por la expedición de actas de matrimonio, nacimiento, defunción y constancias de antecedentes penales costarán entre 50 y 60 pesos más que el año pasado.
Existen otros aumentos al sector empresarial, como el de 39.73% a la verificación de
Protección Civil, o el pago de mil 228 pesos por la solicitud de revisión de la publicidad de bebidas alcohólicas en eventos locales. Costes que seguramente serán transferidos al ciudadano común, si es que 2021 le permite salir a divertirse.
A estos y otros aumentos de la administración bonillista, los gobiernos municipales de Baja California decidieron abonarle. De hecho, los cinco alcaldes optaron por ignorar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les prohibió recaudar el impuesto sobre alumbrado, y en medio de la crisis, lo rebautizaron para sacarle la vuelta a la Ley y seguir cobrando entre 100 y 260 millones de impuestos a sus gobernados. Igual, cuatro de los cinco alcaldes -a excepción de Mexicali- decidieron aplicar incrementos al Impuesto Predial.
Además, en Tijuana piensan cobrar 15.5 millones más que el año pasado a los ciudadanos por usar los parques, y los cobros por arrastre de autos también crecerá.
En general, el pago de derechos aumentará entre un 20 y 100%, mientras Ensenada pretende cobrar 156 millones de pesos más que en 2020, en aumento por impuestos y derechos; en Mexicali el incremento promedio en el pago de derechos será del 26%, y en Tecate los servicios municipales aumentarán un 20%.
En lo nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador notificó que aumentarían los costos de la gasolina, el tabaco y las bebidas azucaradas, por el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
A lo anterior, se suma el hecho que, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los estudios periódicos que hace de precios al consumidor, en el transcurso del año pasado, varios productos de la canasta básica sufrieron aumentos, como arroz, huevo, leche y frijol. Entre 30 y 50% en los últimos dos años.
Pero no fueron los únicos. Otros artículos como el azúcar, el agua embotellada, las medicinas, la carne y con el tema de la COVID, los artículos de limpieza como el detergente, también fueron impactados.
Adicionalmente, esos precios se verán incrementados de nuevo en el transcurso del primer trimestre del año. Como acostumbran, las empresas reetiquetarán por el ajuste inflacionario.
Así, frente a la cascada de aumentos, el incremento al salario mínimo, que en la zona fronteriza norte pasó de 185.56 a 213.39 pesos diarios, se ve nuevamente pulverizado, al igual que los paliativos asistenciales de las autoridades.
Después de un año de crisis sanitaria y económica, y teniendo de frente otro año similar- más allá de los empleos de bajo sueldo en las maquilas-, los tres órdenes de gobierno continúan sin generar soluciones de fondo ni planes de largo plazo que permitan a los ciudadanos visualizar una empinada cuesta, que ciertamente se extenderá más allá de enero.
