Después de una semana, la titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa, informó que cómo resultado del reportaje publicado en ZETA “Isesalud pagó más de 50 millones en limpieza a empresa fantasma en 2020”, la dependencia a su cargo inició con la investigación y la auditoría para sancionar a los servidores públicos que avalaron la contratación.
Explicó que iniciaron con la investigación a partir de la publicación del reportaje en este semanario, el 25 de enero de 2021, donde se expuso la contratación por adjudicación directa a una persona física con actividad empresarial, de nombre Virginia González Andrade, por 55 millones 13 mil 904 pesos, para prestar el servicio de limpieza para los hospitales y áreas administrativas del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado (Isesalud).
La secretaria de la Honestidad, detalló que el caso de la adjudicación directa a la prestadora del servicio, fue por excepción en virtud del decreto presidencial, donde validaba estas prácticas solo por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo indicó que dicha transacción carece de legalidad, puesto que durante su investigación inicial se determinó que es una empresa irregular.
Principalmente, dijo que al ser una persona física, no puede cumplir con estas capacidades, para las que fue contratada y en poder de dar este servicio en todo el estado y sobre todo en temas de salud, “estamos en revisión pero no creemos que se haya cumplido con las reglas”.
Vicenta Espinosa agregó que la empresa cambió su actividad económica a “servicio de limpieza de inmuebles” el día 31 de marzo del 2020 y para el 1 de abril del 2020 ya estaba prestando el servicio de limpieza al instituto.
“La empresa una vez que cambia su actividad empresarial, al día siguiente dice prestar el servicio en todas las unidades médicas y administrativas del Isesalud en todo el estado. Hay que saber si tenía la experiencia y la capacidad de desempeñar el servicio y que obviamente a ese momento, ya debería de contar con el personal capacitado e idóneo para desarrollar esta actividad, nosotros estimamos que para este servicio deberían de tener por lo menos entre 400 y 500 empleados distribuidos en todo el estado; lo que resulta para nosotros un poco imposible si se cambió su actividad empresarial un día antes”, declaró.
LEER REPORTAJE:
Isesalud pagó más de 50 millones en limpieza a empresa fantasma en 2020
Cómo parte de la investigación de la SHFP BC, la titular de la dependencia aseguró durante la conferencia por redes sociales del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez, que solicitó una auditoría a la Secretaría de Salud del Estado, encabezada por Alonso Pérez Rico, también director general del Isesalud; tienen 5 días para entregar la información solicitada.
“Nosotros ya hicimos la solicitud al SAT y al IMSS para que nos digan cuales son las personas afiliadas a esta empresa, para saber si cuentan con el personal adecuado y que si no tenemos este servicio adecuado están infringiendo una responsabilidad los funcionarios que atendieron este tema”, dijo.
Sobre los servidores públicos que podrían ser sancionados por incurrir en conductas delictuosas al cometer los delitos de fraude, coalición de servidores públicos y daño patrimonial y lo que resulte en perjuicio del Isesalud, de acuerdo con Vicenta Espinoza son:
-Carlos Gómez Valdéz, en su carácter de Subdirector general de Administración.
-Mikel Roberto Alcántara, director de administración.
-Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del área de Recursos Materiales y Servicios Generales, del instituto.
Lo anterior por “validar la contratación con la prestadora de servicios Virginia González Andrade, sin que contara con el personal humano y las condiciones necesarias para poder brindar el servicio de manera eficiente y eficaz a los hospitales e instalaciones del Isesalud; al momento de iniciado el contrato de prestación de servicio, además de que presuntamente se ocasionó un daño a los recursos económicos del instituto por los pagos que se han realizado al prestador de servicio sin que se hubieran prestado estos servicios”, especificó en una ficha técnica expuesta en la transmisión.
Sin embargo, Vicenta Espinosa olvidó mencionar en su reporte las responsabilidades que recaen sobre el secretario de Salud del estado, Alonso Óscar Pérez Rico, teniendo el cargo de director general del Isesalud, ante esta transacción y contratación irregular.
Por otra parte, durante su exposición, y a manera de desacreditar el trabajo periodístico, la secretaria de la Función Pública reiteró en distintas ocasiones que en la dirección fiscal dada de alta en el padrón de proveedores del instituto, no había un terreno baldío cómo lo documentó este semanario, sino que había un inmueble de dos plantas, donde en la parte baja se encontraba un comercio de autopartes y refacciones, mientras que en el segundo piso había una oficina improvisada.
Sin embargo, nunca mostró la dirección del inmueble de dos pisos para saber si se trataba de la dirección que se documentó en este medio de comunicación: Avenida Campiña, Manzana 4, Lote 11, colonia Granjas Familiares en Tijuana, Baja California, la cual al ser visitada por el reportero se encontraba en una unidad habitacional, sin que hubiera acceso público y donde no había ni logos de la empresa señalada.
La otra ubicación expuesta por ZETA fue la que tenía registrada cómo dominio fiscal Virginia González Cruz, con el número de Registro Federal del Contribuyente GOAV-711107-Q96, ante el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Tijuana, durante 2010-2013, asociada con la empresa Muelles de Baja California, empresa con domicilio fiscal en Avenida Los Pinos número 380, Colonia Campos, Tijuana, Baja California, Código Postal 22127 y el cuál resultó ser un terreno baldío.
“Nosotros visitamos el lugar, el domicilio donde se refiere se encuentra el contrato. Encontramos una dirección que es un edificio de dos plantas, en el primer piso existe una refaccionaria, por eso en el semanario Zeta indica que no es más que una empresa de refacciones”.
“En el segundo piso, hay una oficina, que pareciera una administradora, había una persona ahí que dijo ser el director general llamado Víctor García e indicó que esta empresa es de limpieza. A simple vista no existe cómo tal una empresa, pero podría ser solo las oficinas administrativas, pero aclarar que no es un lote baldío”, declaró la funcionaria estatal.
Con su visita al domicilio, que no hizo pública la dirección del lugar, dijo que se apreciaba a simple vista que esta empresa “no tiene una capacidad económica, ni de infraestructura”, para brindar el servicio y que “más bien es cómo una oficina improvisada”.
Por su parte Jaime Bonilla le solicitó a la titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, que haya sanciones y las penalidades correspondientes en contra de quienes autorizaron dicho contrato.
“Esto es una tomada de pelo, lo que hicieron, cambiar la razón social, tratar de justificarlo. Yo te pido por favor que caiga quien caiga, aquí no hay vacas sagradas, por favor, que haya sanciones, y las penalidades correspondientes. Que bueno que se hizo ese reportaje”, declaró el gobernador de Baja California.
