Empresarios se quejan de que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos les requieren pagos millonarios hasta tres veces, pese a que ya acudieron a pagar lo que las auditorías de Fisamex determinaron en un primer momento. Señalan que con un documento llamado “presupuesto”, los organismos del agua pretenden obligarlos a pagar bajo la advertencia de suspenderles el servicio o ser inspeccionados por STPS y Coepris. Autoridad responde que cobros son en apego a la Ley y comienza a fincar créditos fiscales con multas
La persecución que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha hecho en contra de los empresarios por presuntos adeudos de agua, no termina cuando se acude por un requerimiento a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y se paga lo señalado por la autoridad.
“Al cabo de dos, tres o cuatro meses, te vuelve a llegar un citatorio diciendo ‘Oye, ahora me debes agua no contabilizada’. Preguntas ‘por qué no me lo cobraste cuando me hablaste en marzo’, y la respuesta es: ‘Lo que pasa es que me acaba de salir hasta ahorita’. Ahí va otro viacrucis en el que, si no tienes el millón, los dos millones, los quince millones, te vuelven a amenazar que te van a quitar el servicio de agua y drenaje. Si te resistes, te van a mandar a la Secretaría del Trabajo o a la Coepris. En otros casos, te bloquean la cuenta y con eso no puedes pagar el consumo de agua corriente, y si no lo pagas en tres meses, ellos ya están en la posibilidad de poderte quitar el medidor”, argumentan.
Aun pagando un segundo dictamen elaborado por Romafam, SA de CV (conocida como Fisamex), hay empresas que en una tercera ocasión les están tratando de cobrar una garantía, denunciaron empresarios a ZETA.
Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública, admitió que los cobros por diferentes conceptos se hacen paulatinamente, y justificó que se debe a que el usuario no reporta que tuvo un mayor consumo al contratado, pese a que es obligación de la autoridad tener el historial de los consumidores.
“Siempre que se les presentan los derechos de conexión se les dice: ‘Se está revisando también la parte del consumo, si ustedes tienen más consumo, es mejor que lo reporten y soliciten ampliar el consumo para que lo paguen, porque, si nosotros detectamos que existe un consumo arriba de lo contratado, les vamos a volver a dictaminar’. Vaya, es un acercamiento, y como no lo hacen, luego tenemos que volver a hacer estos dictámenes”, expresó la funcionaria.
“En muchos casos ellos mismos nos dicen ‘¿Sabes qué? Si incrementó mi consumo, dame de una vez el dictamen y yo te digo cómo creció, cómo se proyectó y cuánto está aumentando’, y es cuando se sacan los dos”, indicó la funcionaria.
No obstante, a decir de los afectados -quienes pidieron el anonimato para evitar represalias-, los organismos operadores justifican que el cobro de agua no contabilizada se debe a que “los medidores no han sido calibrados, o muy casualmente están fallando”.
Con esa argucia, “están cobrando arbitrariamente” esas cantidades de periodos pasados, pese a que el usuario está al corriente en el pago del consumo mensual de agua, expresaron los empresarios que fueron entrevistados por separado. Algunos mostraron su preocupación ante la posibilidad de que sigan siendo víctimas de lo que consideran “extorsión”.
Respecto al cobro de garantías, Espinosa Martínez refirió que cuando la empresa no acredita que recibió un estímulo fiscal que la exentó de hacer dicho pago, deben sufragarlo.
A decir de la funcionaria, los organismos operadores piden información sobre esos estímulos a la Secretaría de Economía para determinar el cobro de garantías, y si no se tiene el documento, se determina el pago. “Es parte de lo que también estamos organizando y ordenando, porque te digo nos dejaron un desastre de información, ni digital, ni en papel”, dijo.
“Desastre de información” que termina pagando el empresario, a quien le piden documentación de hace 20, 40 años, y que por Ley ya no está obligado a conservar, aseguraron los afectados que se declaran a favor de que se pague lo que se debe, siempre y cuando haya un fundamento.
El 5 de enero, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, exigieron que los procedimientos de cobro se lleven a cabo de manera legal, apegados a derecho y se siga el debido proceso.
En conferencia de prensa virtual, el vicepresidente del CCEE, Sergio Guevara, indicó que, en cerca de 150 empresas dictaminadas, el común denominador es que en casi todos los casos no se trata de tomas ilegales ni de cobros de consumo de agua, sino de querer cobrar derechos que en algunos casos ni siquiera se prestan, como el de drenaje.
El líder empresarial en Ensenada se manifestó a favor de que aquellas empresas que deban derechos o servicios de agua y/o drenaje los paguen, pero reiteró su preocupación respecto a los cobros que no se están llevando a cabo en apego a derecho y no se da la oportunidad a las empresas de defenderse, por lo que los CCE consideran la necesidad de que los afectados interpongan recursos legales conjuntos.
Un día después, el gobernador Jaime Bonilla Valdez acusó que el CCE “defiende los intereses de morosos”, quienes, en su opinión, “buscarán la manera de no pagar, no pagar impuestos, no pagar predial, no pagar el agua, así como los ‘Kikos Vegas’ del mundo”.
“Nosotros sabemos que la Ley lo respalda, si no están de acuerdo, tienen recursos. Todo mundo tienederecho de defenderse, pero que no se equivoquen si deben; tienen que pagar. Pagan hoy o mañana, o pasado mañana, pero tienen que pagar. Ese gobierno les va a cobrar hasta el último día de su gestión, así que pueden hacer todas las cuentas alegres”, advirtió el mandatario.
Los empresarios entrevistados por ZETA relataron que cuando se acude a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos les entregan un documento al que le denominan “presupuesto” de derechos de conexión o de ampliación de derechos de conexión, en el que se indican los conceptos a pagar y las cantidades, que suelen ser millones de pesos.
La secretaria de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, reconoció que en un inicio a las empresas se les notifica de esta manera: “Se le da el presupuesto y el dictamen”, y una vez que la autoridad “ve que no tiene interés de resolver su situación”, se fincan los créditos fiscales, “para ahora sí notificarles y que ellos cumplan y sea conforme a la Ley”.
Además, “nosotros analizamos, y no queremos tener a las empresas con una situación legal. Un crédito fiscal implica que, si no cumplen con el compromiso de pagar una vez fincado el crédito fiscal, vamos a decir tres días que se les dé para pagar, y no tienen oportunidad de pagar inmediatamente, con las reformas que se han hecho a esta Ley, nosotros pudiéramos señalar bienes”, embargar cuentas “y es lo que no queremos”.
ZETA tuvo acceso a un crédito fiscal fincado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), documento que se encuentra membretado, firmado por el director del organismo y detalla los cobros solicitados e impone una multa por no haberse pagado por los conceptos referidos, y está siendo impugnado judicialmente.
COBROS SIN HOMOLOGAR CRITERIOS
Aunque la autoridad ha modificado su actuar desde que iniciaron las “auditorías” de Fisamex -empresa que percibe el 20% de lo recaudado por estas-, los empresarios advirtieron que persisten las irregularidades. Aseguran que anteriormente se entregaba un cálculo en hojas sin membretar y sin ningún sustento o firma, “casi, casi de palabra pedían el dinero”.
Actualmente, los “presupuestos” ya están en hojas oficiales de los organismos operadores de agua y a veces están firmados por mandos medios, quienes “van a tener responsabilidad administrativa y penal”, ya que los documentos siguen sin estar debidamente comprobados, fundamentados ni detallados.
Funcionarios como Miguel Duarte, director comercial de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), solo lee el “presupuesto” determinado por la auditoría (Fisamex), y pide que se pague pese a reconocer que “no es una orden de pago, ni se está fincando un crédito fiscal”.
“Te dice que no es la persona o la autoridad para señalar si uno está bien o mal, tampoco explica los cálculos y se limita a manifestar que el presupuesto o los dictámenes son lo único que tiene autorizado entregar. Incluso llega a decir que una vez que se realice el pago te darán un convenio donde viene estipulado con base en qué es”, relataron los entrevistados.
Una de las irregularidades, es que no en todos los casos se cobra el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sobre ello, la secretaria Vicenta Espinoza Martínez indicó: “Esto lo hemos estado analizando y platicando. En Ensenada sí lo están contemplando, que es lo que a nosotros nos llamó la atención, porque ellos decían que se genera una factura y nosotros estamos pagando los impuestos y ellos también.
“Es un tema de fiscalización del SAT, el organismo del agua de Ensenada es muy independiente del organismo de Tijuana, Tijuana muy independiente de Tecate. Con la Secretaría del Agua se pretende unificar estos trabajos, estos criterios y en eso es lo que estamos. Es un tema de impuestos y no es tan fácil decir ‘ya no lo voy a cobrar o voy a decir que todos lo paguen’, porque no se había pagado”, argumentó la funcionaria.
COMIENZA COBRO A PYME
Los entrevistados por este Semanario señalaron que desde hace un par de meses la empresa Estrategias de México Stratimex está haciendo auditorías a Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) pidiendo cantidades por 100 mil o 200 mil pesos por cada establecimiento que se tenga.
Consideran que esta situación “le causa más daño a una empresa chica pidiéndole 100 mil pesos que a una grande, pidiéndole un millón, que puede pagarlo y pelear que se lo devuelvan, pero las PyME las truenas y es donde ahorita están causando más daño”.
Incluso refirieron el caso de una empresa que decidió cerrar definitivamente sus puertas en Mexicali y comentar con sus empleados lo ocurrido.
PAGAN 290.9 MDP A FISAMEX
Al corte del 6 de enero de 2021, según Vicenta Espinosa Martínez, el monto que Fisamex ha dictaminado a 3 mil 078 empresas, asciende a 5 mil 614 millones 785 mil 903.90 pesos. Del total se “han recuperado” mil 493 millones 727 mil 924 pesos, equivalentes al 26.60%.
El discurso oficial indica que el recurso derivado de las auditorías sería para infraestructura, pero la realidad es que hay opacidad en su ejercicio, al no conocerse a detalle en qué se utilizó, y en algunos casos sirve para sufragar gasto corriente.
Ejemplo claro de que una mínima parte del recurso recaudado se utilizó en obras de infraestructura hidráulica es Mexicali. De los 208 millones 990 mil 893.17 pesos recuperados por la CESPM, solo se han ejercido 6 millones 642 mil 970 pesos en dos proyectos (limpieza de desazolve en bóveda del Río Nuevo, 3.6 millones de pesos, y la construcción de red de agua potable en desarrollo habitacional Montaña y Mar en San Felipe, 3.03 millones de pesos). La mayoría del recurso se ejerció pagando al Issstecali, Fisamex y a la Comisión Estatal del Agua (113 millones 661 mil 598 pesos).
Por otro lado, aun cuando la CESPT ha sido el organismo que más ha recaudado producto de las auditorías de Fisamex con mil 109 millones 686 mil 106 pesos, las comisiones de Tecate y Mexicali le prestaron 37 millones en conjunto. Destaca el caso de la CESPTE, en Ensenada, cuyo monto que prestó a Tijuana (14 millones de pesos) equivale al 24.16% de lo que recaudó hasta el martes 5 de enero.
Los organismos operadores señalaron que es un préstamo a corto plazo, a reembolsarse el 31 de enero. “Yo me imagino que solamente era para salir de algún tema el organismo del agua en Tijuana, porque es el que más compromisos tiene y se reintegra”, dijo Vicenta Espinosa Martínez sin precisar en qué se utilizó el recurso.
Los datos presentados indican que a Fisamex se le ha pagado 290 millones 941 mil 796.62 pesos sin considerar el IVA por todos los dictámenes en el Estado. Dicha cantidad representa el 19.47% del total recaudado, por lo que falta por entregar a la empresa alrededor de 7.8 millones de pesos.
En el caso de la CESPT, el recurso captado mediante las auditorías de Fisamex se usó para pagar energía eléctrica por más de 493.3 millones de pesos.
– El reporte indica que es de abril a octubre de 2020, ¿quiere decir que entonces el presupuesto no les alcanzó?, cuestionó ZETA.
“Nos podemos ir más allá de pensar que no les alcanzó el presupuesto, se gastaron el recurso en quién sabe qué y nosotros generamos, obviamente. Acuérdate que cuando nosotros llegamos, ya habían proyectado o programado el presupuesto, básicamente llegamos en noviembre (2019), ya se había hecho un trabajo, ya se había proyectado y nosotros tratamos de trabajar con lo que nos dejaron de recursos, pero además había adeudos históricos. Entonces, nos dejan un programático, pero no nos dejan una liquidez”, argumentó la secretaria de la Honestidad y la Función Pública.
Entonces, es cuando se pide dinero prestado al Gobierno del Estado, al sector central para que la paraestatal cumpla y cubra ciertos compromisos, como la energía eléctrica.
En la misma información de la secretaría se señala que el organismo operador en Tijuana y Playas de Rosarito pagó 20 millones de pesos, aunque no detalló en qué se ejerció el “préstamo” del gobierno central. Situación similar a la de Mexicali.
La CESPT destinó 280 millones 207 mil 130 pesos (25.25%) de lo recaudado a “inversión”, compra de bombas, proyecto del Matadero, limpieza del Río Tijuana, proyecto de SIDURT y el Corredor Costero. El resto (805 millones 376 mil 927 pesos), a pagar a Fisamex, energía eléctrica, Issstecali y gobierno estatal.
