Miradas, ofensas y burlas en lugares públicos, hasta nulas herramientas jurídicas para pelear por pensiones y riesgos en su integridad al ser internadas dentro de celdas junto con detenidos de su “género original”, son algunas de las complicaciones que sufren diariamente chicas y chicos transgénero en Baja California, quienes además deben enfrentar una discriminación sistémica en el Estado. A finales de noviembre, la diputada Miriam Cano presentó una iniciativa para dar certeza jurídica y facilitar los mecanismos para cambio de sexo en los entes públicos, conocida como identidad sexogenérica
Verónica, una mujer transgénero dedicada a la enfermería que supera los 50 años, tiene severas complicaciones para encontrar trabajo, toda vez que su edad la ubica en el sector vulnerable para atender a personas con COVID-19, la principal necesidad en estos momentos, y, por ende, no puede ejercer su actividad primaria, la cual desempeña de manera privada.
Antes de la pandemia tenía mucho trabajo en su ramo, pero cuando las circunstancias se tornaban complicadas, solía dar espectáculos nocturnos en bares del Centro de la ciudad, pero ahora están cerrados.
Ella narra que por allá del año 2000 fue despedida de su trabajo en la Cruz Roja -donde se desempeñó gran parte de su vida-, debido a que no se identifica con el género asignado al nacer, y lo expresa maquillándose y utilizando atuendos identificados en la construcción social binaria, como ropa de mujer.
Verónica tiene hijos, cuenta bancaria, Infonavit y una serie de beneficios mutualistas, pero para acceder a estos prácticamente debe vestir como hombre para facilitar los procesos, ya que todos sus documentos tienen plasmada la “H”, en el sexo, lo que la ubica como “hombre” ante la Ley.
La razón por la que ha decidido no cambiar su sexo ante la Oficialía del Registro Civil, es la tardanza y complicaciones que representaría modificar toda su documentación ante las instituciones públicas y privadas.
Otra chica trans también llamada Verónica y que representa a compañeras dedicadas a brindar servicios sexuales en el Centro de la ciudad, vivió 17 años con su pareja hasta que de forma inesperada falleció.
Aunque fue su consorte por muchos años sin poder contraer nupcias porque la Ley local se los impide, nunca pudo cobrar la pensión que por derecho le correspondía, debido a que las instituciones se negaron a otorgarlo por la misma discrepancia entre su nombre, género y apariencia
Han pasado cuatro años desde que enviudó y no ha podido cobrar los beneficios mutualistas, pese a que si se tratara de una unión heterosexual lo habrían hecho sin problemas, incluso si no tuvieran un documento oficial que los ubicara en unión matrimonial.
El 27 de noviembre de 2020, la diputada Miriam Cano Núñez presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado, cuyo objetivo es establecer claramente en el Código Civil del Estado, los mecanismos y responsabilidades de los municipios y el Estado, que faciliten los procedimientos para cambio de sexo en actas de nacimiento de chicas y chicos trans.
Para Vladimir Fernández, presidente del Comité Orgullo Mexicali, la iniciativa es urgente y necesaria para visibilizar a la comunidad trans de Baja California, la cual sufre constantes actos de discriminación, incluso del mismo Estado, debido a la falta de legislación, pero también de capacitación al personal.
LA INICIATIVA
La diputada Miriam Cano Núñez ha caracterizado su labor legislativa en busca de visibilizar y reconocer las problemáticas sociales de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ). En julio pasado, junto con algunos diputados de la bancada de Morena, intentaron aprobar el matrimonio igualitario en Baja California, pero por tratarse de una reforma constitucional, se quedaron a un sufragio de su aprobación -este tipo de reformas requiere 17 votos-.
El 27 de noviembre, a través de Oficialía de Partes, se presentó una reforma y adición a los artículos 35, 132, 133 BIS y 134 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuyo objetivo es plasmar las obligaciones de los gobiernos para cumplir con el respeto a los Derechos Humanos de las personas trans, que recaen en el Artículo Primero de la Carta Magna.
Básicamente, la reforma al Código Civil -la cual requiere solo 13 sufragios- define las responsabilidades de las oficinas de Registro Civil del Estado a otorgar un acta de nacimiento nueva para reconocimiento de la identidad de género, la modificación del sexo con el que se siente identificado sin que se altere la filiación o parentesco del registrado, además de definir un plazo de 10 días hábiles para concluir con el procedimiento.
El documento también define los requisitos para solicitar una modificación de sexo en las actas de nacimiento:
– Presentar una solicitud previamente registrada.
– Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para hacer la reserva de la misma.
– Original y copia fotostática de identificación oficial.
– Comprobante de domicilio.
– Ser de nacionalidad mexicana.
– Tener más de 18 años de edad.
– Nombre solicitado sin apellidos y el género.
El Código Civil vigente no reconoce los procedimientos para la modificación de cambio de sexo. De hecho, en la redacción del mismo Artículo 132 evita definirlo como tal, al utilizar palabras rebuscadas y conceptos genéricos y precisa que para solicitar una modificación de este tipo se requiere una serie de documentos fehacientes que demuestren que la persona se ha ostentado con un género opuesto al de nacimiento.
También requiere un estudio psicológico emitido por un perito autorizado por el Poder Judicial, del cual se desprenda algún daño a la persona por no ser identificado de esta forma.
Con la nueva reforma, el Congreso pretende eliminar prácticas como solicitar terapias o peritajes psicológicos, pruebas documentales, testimoniales e incluso físicas o de sometimientos a procedimientos quirúrgicos, para respaldar su solicitud de cambio de género.
El abogado José Luis Márquez Saavedra, quien ha representado diversas causas de la comunidad LGBTTTIQ, comentó que anteriormente era un procedimiento de seis meses a un año para efectuar una modificación de sexo en los documentos oficiales.
Durante la actual administración estatal, la Oficialía del Registro Civil envió un documento para ordenar a las instituciones homónimas y a su cargo, respetar los Derechos Humanos y que cualquier cambio de este tipo sea tan sencillo como modificar un acta por cualquier otro tema.
Pese a ello -aseguró-, existe una necesidad de establecerlo a través de una legislación, de lo contrario, podría modificarse el criterio en cuanto se realice un cambio de administración.
Por su ambigüedad, incluso un funcionario o un juez podría pedir más evidencia médica, como demostrar que cuenta o no -según sea el caso- con órganos sexuales internos o externos.
SOCIEDAD VAPULEA A CHICAS Y CHICOS TRANS: ALTAGRACIA TAMAYO
Activista en favor de la comunidad migrante y de integrantes LGBTTTIQ en Baja California, Altagracia Tamayo reclamó que la sociedad, y sobre todo las instituciones -tanto públicas como privadas-, vapulean los derechos de las chicas y chicos trans, los cuales no pueden acceder a las mínimas necesarias para llevar una vida común.
ZETA conversó con dos chicas trans llamadas Verónica y con Vladimir Fernández, integrante de la comunidad LGBTTTIQ, los cuales exhibieron todas las complicaciones que padecen.
“Trabajo, seguro, Afores, no acceden a créditos porque viene junto con pegado, el paquete completo, cuando estás en concubinato no es válido porque tienes 10 o 15 años, pensión, muere la persona sin que pueda reclamar una pensión”, afirmó el activista, quien agregó las complicaciones de los bienes adquiridos como casas, construcción o herencias. Sin mencionar la discriminación en baños, tiendas, bancos y negocios en general.
Vladimir subrayó que desde hace 10 años, se ha trabajado por los derechos de la comunidad y este es uno de los temas importantes.
Ante las complicaciones jurídicas que se registran en BC, muchas chicas y chicos trans, optan por acudir a Ciudad de México, donde este tipo de modificaciones legales son mucho más sencillas. Una vez que concluyen el proceso, les solicitan su primera acta como parte de un proceso de resguardo y posteriormente una documentación que avale la modificación de género.
El proceso es rápido, pero muchos interesados no concluyen todos los trámites en CDMX porque requieren una estadía más prolongada o por que los invitan a continuar los trámites en su entidad de origen, donde no pueden concretarse.
Cuando regresan a Baja California se ven afectados, ya que cuentan con un acta de nacimiento modificada, pero el resto de su documentación no está homologada o aparece duplicada, como lo son sus estudios, trámites legales, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), entre otras cuestiones. Por este tipo de complicaciones, muchas veces no pueden acceder a empleos y optan por trabajos sexuales o informales para sostenerse.
Verónica, la enfermera, aseguró que en una ocasión le fue otorgado un trabajo en una farmacia de la localidad, pero cuando se presentó y observaron que era una chica trans, decidieron negarle el puesto.
Por su parte, el abogado Márquez Saavedra dijo que desde que tomó la representación de personas de la comunidad LGBTTTIQ, solamente ha tenido conocimiento de dos casos en Baja California, y lo atribuye a la normalización de la violación de Derechos Humanos de la comunidad trans, pues al conversar con ellos les refieren que nunca reciben maltratos. Sin embargo, al cuestionarlos de forma más profunda recuerdan incidentes en los que fueron discriminados en instituciones públicas y privadas.
La activista Altagracia Tamayo expuso que desde que inició la lucha, han apoyado al menos a 60 personas en su proceso de cambio de sexo en su documentación oficial en Baja California, pero la mayoría optan por viajar a Ciudad de México, y por ello no es tan común que se realicen estos procedimientos en la entidad.
El presidente del Comité Orgullo Mexicali agregó que a raíz de las complicaciones generadas por la pandemia, el grupo de chicas trans es el más afectado, toda vez que muchas de ellas realizan espectáculos nocturnos o viven de los servicios sexuales, dos sectores que han sido sumamente golpeados por las medidas de salubridad.
Particularmente, en los servicios sexuales han sido severamente acosados por las autoridades, pues, por un lado, policías municipales les exigen permanecer dentro de los angostos callejones de los hoteles de la zona, y por otro, las autoridades de Salud clausuran los inmuebles si ven aglomeraciones.
No conforme con ello, cuando son detenidas -indicó el licenciado Márquez Saavedra- son internadas en las celdas junto con hombres, lo que los pone en evidente riesgo físico. Por meses han buscado reuniones con la alcaldesa Marina del Pilar Ávila para plantearle este problema, pero no les ha permitido un espacio en la agenda.
Vladimir Fernández afirma que las chicas y chicos trans tampoco reciben apoyos ni despensas del gobierno, toda vez que les son solicitados documentos oficiales para comprobar la entrega, y, al encontrar discrepancias en su apariencia, nombre y sus credenciales, les niegan despensas o beneficios económicos para cubrir gastos de primera necesidad.
El activista puntualizó que las autoridades se olvidaron de las necesidades de este sector, el cual -como siempre- tiene que buscar medidas alternativas y apoyo mutuo para salir adelante.
