Diputados de mayoría aseguran que con la acción del gobernador Carlos Mendoza Davis de vetar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, se genera una controversia constitucional por el desacuerdo entre poderes. Legisladores aseguran que redujeron gastos de la oficina, y Ejecutivo, que invaden la esfera administrativa
El 31 de diciembre de 2020, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó a la ciudadanía su decisión de vetar el Presupuesto y Ley de Ingresos que aprobó el Congreso del Estado.
A través de comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales, el mandatario argumentó que el Presupuesto de Egresos aprobado por la mayoría de diputados y diputadas “va en contra de los intereses de las y los sudcalifornianos”.
Con esto, expuso, continuarán vigentes las leyes que se aprobaron para 2020, con base al Artículo 64, fracción XXXI, de la Constitución Política de Baja California Sur, en el cual se establece que en circunstancias en que no se aprueben la Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos del Estado, se aplicarán los que se hayan aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín del Gobierno del Estado.
Aseguró que existía una reducción del 60%, la cual calificó como irracional e impactaba en la atención a los ciudadanos por el adecuado funcionamiento de las dependencias estatales, ya que afectaría al pago de servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet; arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y entrenadores.
Esto, dice, representaba limitar en 400 millones de pesos la operación de las instituciones del gobierno estatal, “el Congreso ha pasado por alto el derecho de las y los sudcalifornianos a recibir servicios de calidad por parte de su gobierno estatal, sin cumplir con lo que la Ley dispone, sin ningún tipo de estudio y análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación. En un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades, al reducir en 60% el Capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo”, expuso.
Dentro del presupuesto se consideraba el pago del seguro catastrófico que sirve como medida de previsión ante cualquier catástrofe que pueda generar algún fenómeno meteorológico ante la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
Otro de los puntos en los que el mandatario está en contra, es que las y los diputados de Morena y Partido del Trabajo (PT) aprobaron asignar un 2% más de las participaciones federales que se otorgan a los municipios.
Argumentó que Baja California Sur es actualmente la entidad que mayor porcentaje de participaciones federales entrega a sus municipios a nivel nacional.
“La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Coordinación Fiscal aprobados por el Congreso responden, tristemente, a una lógica facciosa y mezquina. Más aún cuando fueron modificados de manera irresponsable y sin realizar el análisis riguroso sobre el impacto económico que la normatividad exige para mantener finanzas públicas que permitan atender las necesidades más apremiantes de la población”, manifestó, para después calificar el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso como una “decisión arbitraria que afectará la calidad de vida de los sudcalifornianos” que podría generar una crisis humanitaria.
“Tenemos la razón legal y la tranquilidad moral para frenar el abuso, impedir el fanatismo y defender el interés público que siempre prevalecerá sobre el interés electoral. El Poder Ejecutivo estatal no actúa por interés partidario, ni se aleja de la gente”, dijo.
GOBERNADOR ABUSÓ DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL: DIPUTADOS DE MAYORÍA
En respuesta, diputados y diputadas de Morena y PT convocaron a rueda de prensa el lunes 4 de enero para dar a conocer los motivos de las modificaciones que realizaron al Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos 2021.
El diputado morenista Humberto Arce, advirtió que la aprobación de estas leyes es facultad exclusiva del Congreso del Estado y mantuvo que el gobernador no tiene el poder para aplicar el veto de bolsillo en este tema: “Se ha caracterizado por el despilfarro del dinero del pueblo, por el derroche en publicidad, en viáticos, en gastos innecesarios y por el no respeto a las instituciones: a los ayuntamientos, al Poder Judicial y al Poder Legislativo.
“Dice él en su comunicado que el presupuesto afecta al presupuesto en salud, en educación y en seguridad pública hasta en un 60%, cosa que es totalmente falsa. Se redujo nada más el presupuesto de forma global únicamente en 2%”.
Y arguyó que en gastos generales del Poder Ejecutivo se le reduce en 170 millones de pesos en todas las partidas que consideraron excesivas, como renta de vehículos, viáticos, comunicación social y algunas otras partidas.
Asimismo, etiquetaron 130 millones de pesos del Impuesto Turista para obras como Universidad de la Salud, la Ley de Atención Prehospitalaria, el Plan Hídrico y electrificación de Isla Natividad.
“El presupuesto es una estimación. Él pudiera, si realmente se ve muy afectado en su operación, mandar una modificación en julio de 2021, pero hacer un veto de bolsillo es algo sin precedentes, inédito. Yo lo manejaría al nivel de ‘berrinche’”, acusó.
Por su parte, la diputada Milena Quiroga, mencionó que consideraron oportuno volver a incrementar en dos puntos las participaciones federales que reciben los municipios que también se vieron afectados por la pandemia, para que se les distribuyera el 26% de este recurso.
“Fue una decisión no electorera y no partidaria, para todos los ciudadanos. Y así mismo nos vamos a sostener”, agregó la regidora por Morena.
Desglosó que el gasto en servicios de comunicación social y publicidad tuvo un recorte de 10 millones de pesos, quedando en poco más de 40 millones de pesos; el rubro servicios de traslado y viáticos pasó de casi 34 millones, a 9 millones de pesos aproximadamente; Viáticos en el país se recortó en 12 millones, quedando en poco más de 2 millones de pesos. Por último, el rubro pasajes aéreos se determinó en 2 millones 770 mil.
“Todos los rubros no se eliminaron, se ajustaron aplicando la austeridad que debe prevalecer sobre todo en este año que acaba de pasar, para dar entrada a otros servicios que requieren de recurso, como el apoyo a Ciudad de los Niños, la instalación de drenaje en muchas colonias, de agua potable en otras tantas colonias, la integración de sueldo a los maestros monitores que ha sido todo un problema en el municipio de Los Cabos”, justificó Quiroga, para rematar:
“Esta acción que está emprendiendo el señor gobernador es un abuso a una disposición legal que existe para evadir su responsabilidad de publicar. Es una publicación más de 37 decretos que tiene el Poder Legislativo de Baja California Sur, retenidos sin publicar”.
Por su parte, Mercedes Maciel, diputada por el PT, aclaró que conforme a lo que planteó el gobernador del Estado al dar a conocer el veto, se ejercería el presupuesto aprobado para 2020.
Al vetar una Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se trata de un desacuerdo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, explicó, procede una controversia constitucional, “no procede porque es cuestión de índole económica, no hay factibilidad de eso, afecta las facultades del Congreso”.
Las y los diputados de mayoría recalcaron que incluso se aumentó el presupuesto enviado por el gobernador, originalmente de 17 mil 140 millones de pesos, y al final quedó en 17 mil 270 pesos. Respondieron que tampoco afecta rubros como salud y educación.
Por último, el presidente de Morena en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, invitó al gobernador a, en términos económicos, “sacar las manos” del proceso electoral en puerta.
“Falta medio año para que los ciudadanos definan, por lo tanto, le pedimos que no adelante, que no caliente más el tema electoral porque en el fondo es eso: ocupa más dinero para las campañas de sus aliados perversos, mientras nosotros vamos a seguir haciendo lo propio para estar dentro del marco de la Ley”, advirtió.
NO ANALIZARON IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: DIPUTADOS DE OPOSICIÓN
Tras la polémica generada por el veto del gobernador Carlos Mendoza Davis, los ochos diputados de oposición (PRI, PAN, PRD, Humanista y PES) señalaron que su voto en contra del Presupuesto de Egresos, se debe a que faltó un análisis serio sobre las consecuencias que traería un reajuste de esta naturaleza para el Estado.
En su perspectiva, la falta de un estudio técnico pone en peligro la operatividad del Gobierno del Estado, los poderes Legislativo y Judicial, así como de órganos autónomos.
Respaldaron el veto del mandatario, alegando que de esta manera se “garantiza una atención eficiente” a la pandemia y a los rubros de educación y seguridad pública.
“En declaraciones realizadas por los diputados de Morena y PT han señalado erróneamente que, en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 que ellos aprobaron, únicamente recortaron los gastos de difusión y de la oficina del Ejecutivo, sin afectar temas como salud, educación y seguridad pública, lo cual es totalmente falso y solo pretenden confundir a la sociedad sudcaliforniana”, refieren.
Sobre la redirección de los 130 millones de pesos de Aprovechamiento al Turista, las y los diputados de oposición alertaron que tal recurso ya tiene una aplicación marcada en la Ley de Hacienda del Estado, por lo que, al reajustarse en el Presupuesto Egresos, habría controversia. Y afirmaron que las modificaciones de los legisladores de Morena y PT “tienen un carácter eminentemente electoral”:
“Reasignaron 300 millones de pesos para obras y acciones concertadas a cambio de apoyos electorales. Las obras y acciones ahí descritas, corresponden a las propuestas que 13 diputados de ese bloque repartieron, como si fuera una Súper Secretaría de Obras Públicas, que, además, adolece de una fundamentación técnica”.
Para finalizar, expusieron que “no se debe hacer política electoral, ni jugar” con el Presupuesto del Estado.
