Si una consigna tuvo el ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las campañas negras que le armaron las tres ocasiones que fue candidato a la Presidencia, es que si llegaba al poder, al igual que otros gobiernos –como el de Venezuela-expropiaría la propiedad privada. En concreto la industria.
En mayo de 2018, durante una gira proselitista, le insistieron con lo de las expropiaciones en caso de ganar la elección. Su respuesta entonces fue clara: “No vamos, nunca, jamás, a afectar las libertades de los ciudadanos. Va a haber un auténtico Estado de Derecho y esto implica garantizar las libertades y al mismo tiempo que se respete la legalidad”. Complementó entonces: “Si hay democracia hay justicia, va a haber paz, va a haber justicia, nosotros estamos luchando para construir una auténtica democracia, no para construir una dictadura¨.
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Pero en Baja California, su partido Morena tiene en el Gobernador Jaime Bonilla a un pretenso dictador. No solo ha incrementado impuestos y creado nuevos, también ha perseguido a las empresas con supuestas auditorías a los servicios de agua, con lo cual ha cobrado más de mil 500 millones de pesos y aspira a quintuplicar esa cantidad, con una manera de cobrar sin más explicaciones, al estilo extorsión.
Utilizando las redes sociales, plataformas desde las que todos los días se comunica haciendo en vivos, hostiga, señala, bulea y ofende a propios y extraños. Hace campaña, muchas veces campaña negra. Habla de las elecciones y los partidos políticos, ningunea a la posición y promueve a los suyos de Morena, menos a uno, al Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, a quien le tomó animadversión cuando este, contra los deseos del gobernador, hizo pública su intención de ser candidato a gobernador del Estado.
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González Cruz, el ahora Alcalde de Tijuana representando a Morena, dirigió el Campestre, como popularmente se conoce al Club, durante varias administraciones. Como también lo hizo el hermano del Fiscal General del Estado, Rosendo Ruiz Hernández.
Pero al Gobernador del Estado se le quedó en mente que el club prácticamente es la sede de González Cruz, y no una institución con 72 años de fundación y servicio. En su justa personal para denostar y sacar de la jugada política a González Cruz, Bonilla lo acusó como responsable de un homicidio, caso en el cual la Fiscalía General del Estado inició una carpeta y ya ha enviado un citatorio para que comparezca el morenista en calidad de imputado.
El otro tema de la atención de Bonilla es el Campestre. Donde dice, “se la pasa” el Presidente Municipal. El lunes 25 de enero de 2021, el gobernador de Baja California emitió la frase que ha sido un estigma para la izquierda que representa el Presidente Andrés Manuel López Obrador: ordenó a su Secretario General de Gobierno, que iniciara los trámites para la expropiación del Club Campestre de Tijuana, para convertir en un bien del Estado de Baja California, la propiedad que alberga además un campo de golf.
Ese mismo día, el Congreso del Estado de Baja California, de mayoría morenista y aliados, publicó el Decreto 198, para reformar cinco artículos de la Ley General de Bienes del Estado, para básicamente, dotar de representación jurídica al Secretario General de Gobierno, para “toda clase de negocios judiciales o administrativos, del orden común, o federal. La Secretaria General de Gobierno en los asuntos relacionados con la aplicación de esta Ley o los bienes del Estado, coordinará y ejecutará las acciones jurídicas que se realicen para el cumplimiento de la presente Ley”.
Aunque de acuerdo al Artículo 6 de la Ley de Expropiación, es el gobernador el que tiene la facultad de ser expropiante, siempre y cuando, justifique la utilidad pública, en este caso del Club Campestre, de acuerdo a catorce preceptos contenidos en la Ley.
En dado caso, el Gobierno de Baja California debería pagar una indemnización por la expropiación, como se señala en el Artículo 12 la misma Ley: “La indemnización por el bien expropiado, será el equivalente al valor comercial que fije la autoridad expropiante a través de la unidad administrativa que corresponda; tratándose de bienes inmuebles (como lo son las instalaciones del Club), el precio no podrá ser inferior al valor fiscal que en su caso registren en las oficinas catastrales o recaudadoras municipales al momento de la expropiación”.
Bonilla pues, estaría “comprando” el Club Campestre, al tiempo que también sería sujeto el Estado de Baja California, de demandas por responsabilidad patrimonial, por parte de vecinos de las instalaciones deportivas privadas, quienes verían afectada la plusvalía de sus propiedades.
Pero lo grave del caso es que el Gobernador Jaime Bonilla ya se ha adentrado a los terrenos de una pequeña dictadura estatal, y amenaza con expropiar, por lo pronto un Club Social y Deportivo, lo que de llevarse a cabo, pondría en peligro la propiedad privada en Baja California.
El caso, de proseguir los intentos del gobernador de expropiar la propiedad privada, se dirimirá una vez más en Tribunales, como todos los exabruptos de Bonilla Valdez, como quedarse cinco años en lugar de los dos para los cuáles fue electo, o el impuesto a las gasolinas, una facultad exclusivamente federal, o su decreto para agenciarse la caseta de peaje federal en la zona de Playas, y tantos más.
Pero Bonilla tiene todo en Baja California para hacer su voluntad, mayoría calificada en el Congreso del Estado, los cinco Ayuntamientos y la representación federal. Un poder absoluto que lo está convirtiendo en un dictador de cuarta, acaso apoyado desde Palacio Nacional, como lo presume, y de ser así, Baja California sería una vez más un laboratorio nacional de Morena, en este caso, para ver si las expropiaciones proceden, con sus respectivas indemnizaciones. El tiempo lo dirá, que por cierto, es lo único que Bonilla afortunadamente no tiene, pues apenas consiguió un bienio en el gobierno que este año concluye.
