De llevarse a cabo la expropiación bajacalifornianos pagarán indemnización a valor real, en un momento en que la prioridad debe ser la compra de vacunas contra COVID-19, advierte Daniel Solorio Martínez
De expropiar el Club Campestre de Tijuana, el gobernador Jaime Bonilla Valdez se expone a ser nuevamente derrotado en los tribunales, ya que en una acción de expropiación debe acreditar lo que se denomina una causa de utilidad pública; que en este caso sería “mucho muy cuestionable” y podría no justificarse por lo que los jueces anularían la expropiación, consideraron abogados consultados por ZETA.
Daniel Solorio Martínez explicó que si bien la Constitución y las leyes expropiatorias establecen que el presidente y los gobernadores son autoridad para expropiar los bienes privados es necesario que se acredite una causa de utilidad pública.
El gobernador podría publicar en el Periódico Oficial el decreto expropiatorio y mandar a la policía a tomar posesión del inmueble, pero después vendrá un problema para el Estado, y expondrá no sólo a su persona sino también al gobierno del Estado a ser derrotado en los tribunales, como ya ocurrió cuando pretendió extender su mandato de gobierno de 2 a 5 años y fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Solorio Martínez detalló que cuando un gobernador expropia inmediatamente aparece el derecho de los propietarios a la defensa jurídica y las leyes prevén (federal y local) que los afectados “tienen derecho a un recurso ante el propio gobernador, y si no recapacita, tiene derecho a llevar el caso a los jueces de amparo o a los tribunales de justicia administrativa del estado”.
Adicionalmente, dijo, el proceso de expropiación conlleva que el gobierno pague al propietario del inmueble una indemnización, que es del valor real del bien.
Por la mañana de este 26 de enero de 2021, el propio Bonilla Valdez reiteró su intención de expropiar el Club Campestre de Tijuana. En su transmisión de Facebook, sin mencionar cuánto podría pagar el gobierno de indemnización, hizo una encuesta a los usuarios que la presenciaban mediante la pregunta “El Club Campestre, desde su origen, no ha proporcionado ningún beneficio social a la comunidad de Tijuana ¿Estarías de acuerdo en su expropiación para fines de interés público y convertirlo en un bosque o un parque para la ciudad?”.
En respuesta 677 usuarios de la red social (equivalentes al 77%) manifestaron estar de acuerdo, mientras que 198 (23%) dijeron no estarlo. Más tarde, el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano afirmó que la expropiación del Club Campestre será “perfectamente legal y sí va a proceder”, por lo que ya se encuentra preparando la ruta jurídica.
En un comunicado, apuntó que a pesar de que el Club Campestre está ubicado en una de las zonas más importantes de la ciudad, es una propiedad que está rodeada de muchos problemas jurídicos y legales, de bastantes controversias que datan prácticamente desde principios del siglo pasado.
“El Club Campestre es un pulmón de Tijuana, es una de las pocas áreas verdes que tiene nuestra ciudad que como todos saben recientemente se ha determinado que somos el municipio más poblado de México y sin embargo no tenemos áreas verdes, no tenemos lugares de esparcimiento, de tal manera que la idea del gobernador es que el Campestre deje de ser de unos cuantos y se convierta en un centro para el beneficio y el goce y disfrute de todos los tijuanenses”.
Argumento que refutaron los abogados consultados por ZETA. “Me parece una idea extraña, extravagante, porque si se trata del pulmón, el pulmón ahí está, ahí está la arboleda. Es bastante grande, el oxígeno que se produce ahí no se queda para los propietarios, ni para los que lo usan, sino para todo el mundo”, señaló Solorio Martínez.
“Ojalá que el gobernador sea prudente y no meta en un lío, en un conflicto, al pueblo. Finalmente, el pueblo es el que paga los platos rotos. Tendríamos que pagar una indemnización muy grande” en un momento en que la prioridad debe ser la compra de las vacunas contra el coronavirus.
“Esperaría que eso no lo haga el gobernador sin antes un análisis prudente del costo-beneficio. Primero de verás puede acreditar una causa de utilidad pública y si no la puede acreditar mejor no te meta, vas a ser derrotado, y sería derrotado ya no Bonilla sino el gobierno del Estado. El ejecutivo del Estado cuando Bonilla ya no sea gobernador, ya le queda muy poco tiempo” de mandato, añadió.
El ex senador Juan Marco Gutiérrez coincidió en que para llevar a cabo una expropiación es necesario justificar la utilidad pública; la cual “no puede ser ni caprichosa, ni discriminante, y mucho menos confiscatoria”, y en este caso lo esgrimido por el gobierno “sería mucho muy cuestionable”.
En su opinión “el puro planteamiento vuelve a revelar el estilo autoritario, de venganza, de conflicto con el sector privado” de Bonilla Valdez. Este gobierno es “terriblemente amenazante, terrible ejecutor de políticas públicas, si es que se le puede llamar políticas públicas a los actos de autoritarismo que está haciendo y anunciando”.
Si la expropiación llegara a ocurrir “yo pienso que habría que solidarizarse, porque no es el Club Campestre lo que está en juego, es la propiedad privada como concepto. Las limitaciones que imponen el interés público tienen que estar sumamente acreditadas, no puedes ser caprichosas, y esto según se vio es un capricho del gobernador, y no va a ser eterno, ya se va en diez meses”.
“La gente, los agraviados por las políticas de este gobierno, no deben dejarse, deben saber que la justicia, sobre todo la federal a través del amparo y de otras vías, poco a poco han ido poniendo a este gobernador en su lugar”, aseveró el ex encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación al morir Francisco Blake Mora.
Respecto a si la reciente reforma aprobada por el Congreso local y que entró en vigor hoy para darle más facultades a la Secretaría General de Gobierno (de Rodríguez Lozano) en cuanto a concesiones podría utilizarse en la expropiación del Club Campestre, el abogado manifestó que la reforma “no pega en la Ley de Expropiación, aunque sí está muy correlacionada, porque introduce una definición de servicio público que pudiera ser un preludio para la justificación de una eventual expropiación de algún inmueble vinculándolo a esa nueva definición”.
No obstante, reiteró que la Ley de Expropiación tiene que ver con la posibilidad y la justificación de la utilidad pública, independientemente de qué dependencia la hace.
“Si hicieron esta reforma para que de manera más cómoda el secretario de Gobierno ejecute directamente una estrategia tendente a una expropiación así de escandalosa, si hicieron una reforma nada más para habilitar y facilitarle el trabajo, el procedimiento administrativo, pero en sí mismo la causa de utilidad pública de expropiar un predio de este tipo estaría, en mi opinión, mucho muy cuestionable”, reiteró.
