El pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa juega con su suerte y, en una decisión mayoritaria, los magistrados Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Alberto Loaiza Martínez decidieron no acatar el acuerdo de sentencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para adscribir al magistrado Blas Romero López en la sala de Mexicali, con lo que podrían hacerse acreedores a una sanción que podría costarles el puesto e incluso alcanzar una responsabilidad de carácter penal. Su argumento radica en que no cuentan con dinero para pagar su sueldo y que una sentencia de un Juzgado federal se los impide
En un hecho poco común, dos magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) pretenden iniciar un alegato jurídico nada menos que con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a la reinstalación del magistrado Blas Romero López, quien desde 2016 fue nombrado juez supremo en materia administrativa, pero no ha podido iniciar su encargo; en primer momento, por una serie de juicios de amparo, y en segunda instancia, por capricho de los propios titulares del tribunal.
En junio de 2016, Romero López fue nombrado por el Congreso del Estado como magistrado del TEJA para ocupar la vacante que quedó en el municipio de Ensenada, a raíz de la remoción de Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez.
Romero López participó en una convocatoria emitida por el Poder Legislativo y resultó ganador a los pocos días. Luego de meses de litigio, Vidrio Rodríguez recuperó su cargo mediante un juicio de amparo, argumentando que su remoción por parte del Congreso del Estado fue por cuestiones subjetivas; el Juzgado federal determinó que no había causa justificada de remoción y se le regresó su plaza.
Su reingreso al tribunal representó que Blas Romero López fuera removido del cargo. Para su fortuna, a los pocos días se abrió una nueva vacante para ocupar la plaza de magistrado en el municipio de Mexicali, por lo que a través de sus abogados presentó una demanda de amparo argumentando que no era necesario quitarle su nombramiento, pues era factible cambiarlo de adscripción.
Tras llevar su juicio ante la primera y segunda instancia, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Distrito, consideró fundados sus alegatos e indicó al Legislativo reinstalar a Blas Romero López en la sala vacante.
Jamás imaginó que sería el mismo pleno del TEJA el encargado de negarle su instalación en el tribunal, haciendo caso omiso a una decisión soberana del Poder Legislativo, que en 2019 ordenó nuevamente reinstalar a Romero López tras recibir la sentencia del Colegiado.
Los argumentos de Montero Vázquez y Loaiza Martínez, son que no cuentan con dinero para pagar el sueldo del magistrado, aunado a que se encuentran en imposibilidad jurídica para reinstalarlo, pues en 2018 hubo sentencia de un Juzgado federal que le impidió su reinstalación.
A cuatro años de litigios, de más de 3 millones de pesos en salarios caídos que puede reclamar y la intervención de la Suprema, el TEJA mantiene su postura y se niega a reinstalarlo.
Foto: Cristian Torres.- Blas Romero López
SCJN METE LAS MANOS, TEJA RESPONDE
El acuerdo de inejecución 4/2020 de la SCJN, que se origina de la solicitud del Tercer Tribunal Colegiado radicado en Baja California, es claro:
“Dentro de un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comprueben el acatamiento de la ejecutoria materia de este incidente, o bien, expongan y acrediten ante este Alto Tribunal las razones que justifiquen el incumplimiento, apercibiéndola de que, en caso de ser omisa ante este requerimiento, se continuará el procedimiento respectivo que puede culminar con una resolución que, en los términos del referido artículo constitucional, ordene la separación del cargo del titular responsable y de su consignación penal ante el Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo”.
El 17 de noviembre, el pleno del TEJA llevó a cabo una sesión extraordinaria vía remota, donde el magistrado presidente Alberto Loaiza Martínez, dio a conocer a sus compañeros Guillermo Moreno Sada y Carlos Rodolfo Montero Vázquez, de la notificación del acuerdo emitido por la SCJN, donde simple y llanamente ordenaba la reinstalación de Blas Romero López en la sala de Mexicali.
El documento de más de 30 páginas -en poder de ZETA- del que se encargó en analizar el ministro José Luis González Alcántara Carrancá, hace un recuento de lo ocurrido en esta batalla legal y llega a la conclusión de que los alegatos de Romero López son fundados, por lo que deben reinstalarlo de manera inmediata, o de lo contrario, justificar las causales mayores por las que se encuentra imposibilitado para cumplir la sentencia.
Pese a ello, la propuesta de Loaiza Martínez fue de rechazar el acuerdo y enviar una justificación financiera y legal por la que no se podía cumplir con la sentencia.
De inmediato respondió el magistrado Moreno Sada, quien se manifestó en contra de la propuesta, argumentando que no se contaba con elementos para negar la adscripción a Romero López.
“Actualmente tenemos una sala vacante, la primer sala de Mexicali, por lo tanto, yo creo que sí podemos cumplir con la sentencia, podemos adscribirlo, tomando en consideración que el Congreso del Estado ya le otorgó el nombramiento, con los principios legales y constitucionales; por lo tanto, no veo yo la imposibilidad jurídica, yo los exhortaría a que cumpliéramos el tribunal, este acuerdo de la SCJN”, refirió Moreno Sada, quien agregó que como tribunal están obligados a acatar las sentencias de cualquier instancia superior.
Como respuesta, el magistrado Montero externó que no cuentan con recursos para pagar un salario de magistrado en Mexicali, pese a que desde hace cuatro años, dicha sala ha sido ocupada por un secretario con funciones de magistrado, es decir, cuenta con recurso suficiente para cubrir la nómina.
“Estuvimos a punto de no tener un financiamiento muy serio, estas manifestaciones se hicieron públicas, es un hecho notorio que tenemos atrasos en pagos de prestaciones sociales y algunos otros gastos con proveedores, por tener falta de fondeo, aparte de la viabilidad de fondeo económico, bajo esas circunstancias creo que hay una falta de dinero”, declaró el magistrado Montero, quien remató asegurando que los Juzgados federales debieron solicitar los estados financieros a la Secretaría de Hacienda, para revisar si se cuenta con recursos para cubrir una responsabilidad de esta naturaleza.
El magistrado presidente Loaiza agregó que hay una jurisprudencia de la SCJN cuando se da contradicción de sentencias, la primera es la que tomará relevancia. Su argumento viene a colación debido a que la primera sentencia emitida por un Juzgado federal no consideró fundada la queja de Blas Romero López.
Sin embargo, tras llevar un nuevo proceso judicial, el Tercer Tribunal Colegiado le dio la razón, por lo que ordenó al Congreso su reinstalación, misma que ejecutó en 2019.
Foto: Juan Manuel Molina
Pese a ello, Loaiza y Montero mantienen la premisa de que la primera sentencia es la que tiene valor.
Para el magistrado Romero, el hecho resulta inconcebible, toda vez que ambos argumentos se encuentran ya superados. El primero porque actualmente se le está pagando a una secretaria con funciones de magistrado para sacar adelante las sentencias, por lo que básicamente se está pagando a alguien un sueldo que a él le corresponde.
En el mismo sentido refiere que la misma SCJN tiene conocimiento del proceso judicial y de las sentencias de amparo, y aun así decidió emitir el acuerdo.
Para el abogado y especialista Rogelio Robles Dumas, el TEJA prácticamente está retando al máximo tribunal del país, el cual ya tomó una decisión y simplemente debe acatarse.
Agregó que durante varios años se ha llevado un proceso judicial en el que ya la justicia federal resolvió el caso y le dio la razón a Romero López, pues su nombramiento -aseguró- tiene validez al igual que el de Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez.
Según su dicho, es sumamente delicado el acto realizado por el TEJA para justificar la no ejecución de la sentencia, pues los argumentos vertidos en la sesión ya se encuentran analizados y superados por el Tribunal Colegiado y la SCJN, por lo que su respuesta podría considerarse una inejecución y culminaría -aproximadamente dentro de un mes más- en la destitución de los magistrados Montero y Loaiza de sus cargos, además de proceder penalmente contra ellos.
CONGRESO YA HA CUESTIONADO A LOAIZA Y A MONTERO
El 17 de mayo de 2020, ZETA publicó una información relativa a los actos irregulares que se registran en el TEJA, como el hecho que se tenga una sala auxiliar en Tijuana sin facultades para hacerlo; o bien, la falta de nombramiento del magistrado Loaiza Martínez.
En ese entonces se obtuvo un documento donde el Poder Legislativo claramente establece que el hoy magistrado presidente no cuenta con un nombramiento avalado por el Congreso, por este cargo en el que lleva ya más de 20 años.
En diciembre de 2019, la diputada Claudia Agatón Muñiz cuestionó a Loaiza sobre su situación legal, a lo que este último respondió que desde 2003 cuenta con una sentencia de la SCJN que lo avala como “magistrado saliente”, toda vez que no ha sido sometido a un proceso de evaluación para determinar si continúa en el cargo.
De 2003 a la fecha, Loaiza no ha sido sometido a ningún proceso de evaluación, pese a que la Ley lo establece.
En la misma fecha, Agatón cuestionó a Montero por la situación de Blas Romero López, a lo que respondió que el tema continuaba en los tribunales federales, pero garantizó que acataría las resoluciones relativas al tema. Sin embargo, casi un año después y ya con una intromisión de la SCJN en Baja California, la situación sigue prácticamente igual.
ZETA buscó una opinión sobre el tema con el diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación, por ende, encargado de evaluar la situación de Loaiza dentro del TEJA, pero tras solicitarlo de manera personal y telefónica, el legislador no brindó opinión al respecto ni referente al acuerdo de la SCJN, que ordenan la reinstalación inmediata de Romero López.
Asimismo, este Semanario intentó obtener una opinión de Loaiza Martínez, pero por medio de su personal, se negó a responder a los cuestionamientos, argumentando no haber sido notificado de tal acuerdo por la SCJN, pese a que ese día se llevó a cabo la sesión extraordinaria.
