Por una denuncia por nepotismo, el Comité de Honor y Justicia de Morena determinó suspender por seis meses los derechos partidistas de la presidenta del municipio de Los Cabos, Armida Castro Guzmán. Esa resolución le dejaba sin posibilidad de participar en el proceso electoral 2021 bajo las siglas del partido.
No obstante, después de impugnaciones interpuestas por la alcaldesa ante el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur (TEEBCS), en días pasados este órgano de justicia determinó devolver a Armida Castro sus derechos partidistas y regresar la resolución del juicio político a la Comisión de Honor y Justicia de Morena.
La magistrada presidenta del TEEBCS, Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, explicó que la resolución deriva de un juicio ciudadano interpuesto por Armida Castro como militante de Morena. Detalló que en un inicio, la alcaldesa intentó promover el juicio ante la Sala Superior; sin embargo, resolvieron como improcedente la impugnación debido a que el caso debía ser estudiado por el tribunal local.
“Dice que esta debe conocerse por el Tribunal local, reencausa el asunto. Nosotros analizamos minuciosamente la demanda y pudimos advertir que en efecto hay inconsistencias en el material probatorio”, dijo.
“Estimamos que se otorgaron valores muy imprecisos a ciertos medios de prueba. Tomamos en cuenta que siempre debe surgir el principio de presunción de inocencia; nadie puede ser sancionado sin pruebas plenas”, enfatizó.
La magistrada declaró que hay pruebas insuficientes, por lo que no es procedente condenar a la edil cabeña ya que, sin fundamento, constituye una violación a la presunción de inocencia.
“No toman en cuenta tal particularidad al momento de tramitar la queja, se llega a la conclusión de que las pruebas no son suficientes. Todo debe quedar probado sin lugar a dudas; de otra manera quedaría absuelta”, agregó.
La sentencia del TEEBCS fue regresar la resolución al Comité de Honor y Justicia para que revise las pruebas y dictamine en lo correspondiente. Además, se restituyeron los derechos partidistas a Castro Guzmán. La funcionaria añadió que la Comisión de Honor y Justicia incurrió en dilación para resolver el juicio político de Armida Castro, ya que resolvió siete meses en una época donde se aproximan las elecciones.
Apodaca Ruiz subrayó que en la sentencia de TEEBCS, exhortaron a la Comisión de Honor y Justicia a investigar la posibilidad de que la alcaldesa pudiera ser víctima de violencia política por cuestión de género.
“Pudiera analizarse o visibilizarse desde ese contexto, Armida no impugnó dentro de sus quejas y no hizo ningún señalamiento por violencia. Nosotros también en nuestra sentencia y sin que parezca un exceso, con la intención más cabal de cumplirla obligación, de prevenir erradicar la violencia contra las mujeres y que, bajo esos mismos parámetros, debía investigar esta hipótesis”, comentó.
Por ahora, la Comisión tiene hasta el lunes 30 de noviembre para emitir una nueva resolución; a más tardar el martes 1 de diciembre debe notificar al TEEBCS sobre cualquier determinación. En caso de insistir con la suspensión de los derechos partidistas, Castro Guzmán puede impugnar de nuevo.
En respuesta, la alcaldesa de Los Cabos compartió un video en sus redes sociales para confirmar la resolución del TEEBCS. Informó que sus derechos habían sido restituidos por ley y que seguirá trabajando bajo las insignias de la 4T.
“Hoy con mucho gusto y de verdad, con mucho orgullo les comparto y les reitero: yo pertenezco a ese ideal, soy amiga de la concordancia con el gobierno federal. Participo, activamente, de los cambios que pueda generar la Cuarta Transformación desde aquí, en mi municipio”, mencionó.
“Apegada a mis derechos, sin renunciar a sus derechos partidarios, interpuse una impugnación. Hoy ha resuelto este tribunal que se me devuelvan categóricamente, los derechos que por algún motivo en valoración de los que integran la Comisión de Honor y Justicia habían sido suspendidos”, apuntó.
Tribunal no analizó a fondo las pruebas: Pedro Magallón
Luego de darse a conocer la resolución, Pedro Magallón, militante de Morena que promovió el juicio contra Armida Castro, cuestionó la decisión del órgano de justicia.
El juicio político por nepotismo inició a documentarse cuando a mediados del 2019 se filtraron documentos que evidenciaban que el hijo de la alcaldesa, Juan David Dimas Castro, había sido dado de alta como trabajador del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Oomsapa). Como empleado de confianza, aparecía con un sueldo de 20 mil pesos mensuales.
Señaló al TEEBCS que el historial de cotizaciones de Dimas Castro es una evidencia contundente del caso de nepotismo. Agregó que la presidenta municipal tampoco ordenó investigaciones para aclarar quién ordenó el alta de su hijo en el sistema.
“La resolución del Tribunal no explora a fondo la evidencia, las pruebas ahí están. Lo que no valoró el Tribunal que no es el caso de nepotismo nada más, sino la falta de probidad. Ahí está el caso vigente de nepotismo, voluntario e involuntario. Si ella no ordenó el alta, debía solicitar una investigación y sancionar al funcionario público que lo hizo. Es un daño al erario público, ahí está el historial de cotizaciones en el Issste”, recalcó.
Acusó que la falta de probidad por parte de la alcaldesa para aclarar el caso es una violación grave a los estatutos de la Cuarta Transformación.
“La Comisión de Honor y Justicia retira sus derechos partidistas, no por violencia política de género. La alcaldesa tuvo la oportunidad de defenderse en un procedimiento transparente y no quiso. Se interpuso el 2 de julio de 2019, no es una artimaña política”, finalizó.
Respetaremos cualquier decisión de los tribunales: Morena BCS
El presidente de Morena en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, precisó que el Comité Estatal del partido no es parte del juicio, sino que se trata de un conflicto entre militantes. En este contexto, dijo que acatarán las resoluciones de los tribunales cuando el caso sea desahogado totalmente.
“Nosotros los dijimos desde hace varias semanas, que el TEEBCS le devolvería los derechos y cosa que así sucedió. Simplemente es una cuestión de legalidad. Ella también, como cualquier ciudadano, tiene derechos políticos que puede hacer valer”, declaró.
“Ahí será donde no discutamos y aceptemos. Si sale en sentido contrario a ello, estaremos en firme para que no pueda participar”, manifestó.