Orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito y solicitud de extradición, son considerados actos propagandísticos con vistas a las elecciones de 2021. La fortuna del ex secretario de Seguridad Pública podría ascender a 92 millones de dólares. Acusado de cinco cargos en EU, Genaro García Luna podría alcanzar una pena de entre 20 y 25 años de prisión, y de colaborar, su condena se reduciría a 10 o 15 años de cárcel. Presuntamente se tiene otra carpeta de investigación sobre lavado de dinero y delincuencia organizada
El gobierno mexicano presume acciones de investigación y que va contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego que librara una orden de aprehensión y solicitar su extradición a Estados Unidos, a sabiendas de que primero deberá ser juzgado y sentenciado en ese país, para que una vez cumplida su pena, sea entregado a México.
Hasta el momento la imputación por la que fue expedido el mandamiento judicial es por el delito de enriquecimiento ilícito. No por delitos contra la salud, delincuencia organizada o lavado dinero, que son los relacionados con una conducta criminal como la que se le atribuye en la Unión Americana en cinco cargos de narcotráfico y falsedad declaratoria.
Entre ambos países, se estima que García Luna ha acumulado riqueza por más de 92 millones de dólares, entre bienes inmuebles, empresas y cuentas bancarias aseguradas, unas a su nombre, otras a nombre de familiares o socios, motivo por el que, a finales de 2019, tras su detención en el Estado norteamericano de Texas, le fue iniciada una indagatoria para aclarar el origen de su fortuna.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, confirmó que existe la referida solicitud de extradición para que el ex funcionario federal sea procesado en México, aunque advierte, será un trámite largo.
Efectivamente, se trata de una petición que por el momento no parece viable, pues el proceso penal contra el ex funcionario mexicano en el país del Norte aún no arranca en su fase probatoria.
Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com.- Presidente Andrés Manuel López Obrador
La idea de que EU pudiese entregar al mexicano para que sea juzgado en nuestro país, “se antoja más que imposible, porque allá está acusado de cargos que podrían alcanzar una pena muy alta, aunque sabemos que García Luna está en posibilidades de colaborar -y dispuesto a hacerlo- con la justicia de esa nación para imputar a otros políticos involucrados con el narcotráfico en México, de acuerdo con las pruebas que las propias agencias estadounidenses dicen tener”, asegura el abogado penalista Jorge Huerta Partida.
“Es relevante para los norteamericanos dar un gran pellizco a la fortuna del ex secretario de Seguridad. Está difícil que Estados Unidos ceda a la presa, al menos de aquí hasta que sea sentenciada y se le ejecute la pena que se disponga, y que, barata, podría quedar en más de 20 o 25 años de prisión. Entonces, podemos concluir que el anuncio tanto de la orden de aprehensión como la solicitud de extradición contra García Luna, son mera propaganda con miras a las próximas elecciones intermedias, y se trata de más del populismo que pretende enviar un mensaje de que en México también se investiga y se hace justicia”, advierte el especialista.
ENRIQUECIMIENTO
Cuando Genaro García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Estados Unidos, en México no existía siquiera una investigación en su contra, mucho menos una orden de captura, reconocieron en ese momento las autoridades. Incluso, seis días después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia mañanera que no iniciarán investigaciones contra el ex jefe policial en la administración de Felipe Calderón, y que solo cooperarían en el caso, sin “hacer leña del árbol caído”.
Como ha ocurrido durante el actual sexenio, hubo cambio de opinión, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una verdadera autonomía, y esta inició las pesquisas de la conducta que García guardó como servidor público de la nación desde enero de 1989 hasta diciembre de 2012, sospechándose de un incremento patrimonial que a estas alturas es impresionante tanto en el país como en el extranjero.
Debido a que las propiedades adquiridas por García Luna y sus familiares directos rebasan por mucho las percepciones que estos tuvieron a lo largo de su vida laboral activa, el Ministerio Público de la Federación resolvió ejercitar acción penal en contra del considerado “súper policía” mexicano por el delito de enriquecimiento ilícito. Una jueza de Distrito del Estado de México concedió la orden de aprehensión el 27 de noviembre.
Se dijo que en México, García Luna, su esposa Linda Pereyra y sus hijos, poseen bienes inmuebles por 27 millones de pesos, cuyo origen no pudo comprobar. El delito del que se trata prevé una sanción en el Código Penal Federal, que va desde los dos hasta los catorce años de prisión y una multa de 100 a 150 días; sin embargo, en nuestro país generalmente no se impone la pena mayor, sino la menor, a quienes no cuentan con antecedentes penales.
De acuerdo con la legislación penal en el fuero federal, el delito de enriquecimiento ilícito se materializa cuando una persona que haya tenido calidad de servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o de la procedencia de los bienes a su nombre, o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. También se contemplan los bienes que adquieran, reciban, dispongan o se ostenten como dueños su cónyuge y sus dependientes económicos directos.
En Estados Unidos se investigan por lo menos 34 inmuebles que pudiesen pertenecer a García Luna, su familia y sus socios en diversos corporativos empresariales vinculados con la consultoría y venta de equipos de seguridad, así como de radiocomunicación, sobre todo en el Estado de Florida, donde se detectaron cinco departamentos en el exclusivo sitio de Aventura ParkSquare en Miami.
La FGR asegura que mantiene abierta una carpeta de investigación contra el ex secretario de Estado para indagar las mismas imputaciones por las que es procesado en EU; es decir, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico a través de los cárteles de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva, a quienes habría brindado protección y colaboración, además de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
LOS BIENES
Datos obtenidos de las declaraciones patrimoniales de Genaro García Luna revelan sus limitados recursos a inicios de la administración de Vicente Fox, en la que se desempeñó como director del Centro de Información de Seguridad Nacional (CISEN), y a la postre como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En 2002 poseía dos casas, una de estas con valor de 450 mil y la otra por 500 mil pesos.
En 2008, cuando el ex funcionario era secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, declaró como de su propiedad una residencia valuada en 7 millones 500 mil pesos, una motocicleta Harley Davidson y dos automotores de lujo. A partir de entonces ya no actualizó nuevas propiedades ni venta de las mismas hasta finalizar su actividad como servidor público en diciembre de 2012.
A raíz de su detención en la Unión Americana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenó en México el congelamiento de once cuentas bancarias de Genaro García, sus familiares y empresas en las que se presume su sociedad con otros individuos que también son investigados por la FGR. Entre las sospechosas se encuentran su esposa Linda Pereyra y su hermana, Esperanza García Luna.
La UIF detectó que la empresa Nunvac Inc. ayudó al ex funcionario federal a triangular casi 3 mil millones de pesos desde el Gobierno Federal hacia corporativos de los que es socio. Producto de estas transacciones, García obtuvo recursos para comprar una casa en Miami. Una de las dependencias involucradas es la Secretaría de Gobernación, que en 2013 habría realizado una transferencia de 2 mil millones de pesos hacia una firma relacionada con el ex funcionario preso en la Unión Americana.
A decir de investigaciones oficiales y periodísticas, García Luna creó una red de empresas con las que pudo haber desviado recursos gubernamentales. Entre estas se menciona a Sogam, SA de CV, que a través de contratos directos, asignó servicios de hardware y software para el espionaje en México. Obses de México, SA de CV, que vendió cursos de seguridad a sobreprecio y también servicios de informática. Icit Holding, SA de CV, que vendía servicios de seguridad y comunicaciones; Icit Private Security, SA de CV, que proveía de servicios de seguridad privada; Glac Security Consulting Technology Risk, Geomatrix y Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, entre otras.
De la revisión de fideicomisos, en la actual administración gubernamental se descubrió un contrato ligado al ex secretario de Seguridad Pública, confirmaría el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 13 de octubre de 2020.
“De un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares, y se deben casi 6 millones de dólares. ¿Y saben qué lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas? ¿Saben cuánto tiempo duraron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para tres personas? Una hora y media”, explicó.
EXTRADICIÓN
Fue el 6 de diciembre último cuando la Embajada de México solicitó de manera formal al gobierno de Estados Unidos, la extradición de Genaro García Luna para ser juzgado en nuestro país por la orden de aprehensión girada por el delito de enriquecimiento ilícito. En su momento no se precisaron los detalles, pero horas después se confirmarían por parte de las autoridades.
El 8 de diciembre, el canciller mexicano Marcelo Ebrard se encargó de afirmar que la solicitud es real y adelantó que el proceso para extraditar al ex policía será largo. “Es una solicitud de extradición fundada en lo que ha resuelto el Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Recordarán ustedes que cuando hay una solicitud de extradición tiene que haber una orden de aprehensión, y pues ahí está toda la información correspondiente, que valoró el juez y concedió la orden de aprehensión”, declaró.
“(La) Fiscalía General de la República nos pidió gestionar la extradición y es lo que exactamente hicimos. Entonces, ya se presentó, y ahora viene un proceso que estimamos va a ser largo, no es un proceso muy corto”, reiteró el titular de la diplomacia nacional.
FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM
Y concluyó que, como cualquier ciudadano, García Luna tiene derecho a defenderse.
Cabe recordar que el ex funcionario deberá ser juzgado primero en EU, donde está acusado de servir al Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo de 2006 a 2012. Fue detenido hace un año en Texas y actualmente se encuentra preso a disposición de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde se llevó a cabo el juicio en que fue condenado el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
García Luna está acusado de cinco cargos, entre estos, tres por narcotráfico (tráfico de cocaína), otro por conspiración y uno más por declaraciones falsas. En dos ocasiones ha pretendido recuperar su libertad bajo fianza, garantizando su comparecencia ante el tribunal con una garantía de un millón de dólares, y señalando el riesgo de contraer COVID-19 en el centro de detención en que se encuentra, pero el beneficio le ha sido negado ante la posibilidad de que se fugue.
En audiencia celebrada el 7 de octubre reciente, García se declaró no culpable de todos los cargos que se le imputan. Allí le fue leída la acusación estadounidense de pertenecer a una empresa criminal, que desde enero de 2001, distribuyó alrededor de 53 mil kilogramos de cocaína y a la fecha cuenta con 955 mil páginas de evidencia, entre la que se mencionan centenares de fotografías, videos y gran cantidad de comunicaciones interceptadas que se obtuvieron de la exploración de dispositivos electrónicos.
La extradición de Genaro García Luna a México podría demorar por lo menos de 15 a más de 20 años, pues de acuerdo con expertos, entre ellos el ex abogado del “Chapo” Guzmán, Eduardo Balarezo, estiman que la condena que recibiría el ex jefe policial sería entre 20 y 25 años de prisión, y en caso de que colabore con información veraz, podría ser reducida a solo 10 o 15 años, pero esta situación no ha ocurrido.
Sin embargo, no se debe olvidar que la justicia norteamericana ya cambió el destino del General Salvador Cienfuegos Cepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, a quien se creía perdido en medio de acusaciones y pruebas aparentemente sólidas del Departamento de Justicia, la cual finalmente optó por retirar los cargos y deportar al imputado al que se vinculaba con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva para que fuese juzgado por las autoridades mexicanas. A la fecha, el militar se encuentra libre y ni siquiera ha requerido presentar una demanda de amparo.
