La recién aprobada reforma al sistema de pensiones de México, ejerce una presión adicional a todos los gastos que enfrentan las empresas formales en el Estado y en el país, ya que la mayor parte del incremento de 6.5 a 15% de la cuota de seguridad social, será absorbida por el empleador, indicó Gabriel Camarena Salinas, coordinador presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana y del CCE de Baja California.
El líder empresarial se mostró a favor de que los trabajadores cuenten con una mejor pensión de retiro, sin embargo, el incremento a las cuotas sociales debió hacerse de forma tripartita: trabajador, empresa y gobierno.
“El resultado de la Ley no salió así, fue algo decepcionante y preocupante porque afecta la competitividad del sector empresarial”, afirmó a NEGOCIOZ.
El dictamen establece que la cuota del trabajador se mantendrá en 1.13%, la aportación patronal incrementará de 5.5% a 13.87% entre 2023 y 2030, mientras que la aportación gubernamental se centrará en los trabajadores con menos ingresos.
Camarena Salinas abundó que al tener las empresas la mayor carga del incremento a las cuotas de seguridad social, también se alienta la informalidad, puesto que entre más impuestos se impongan al patrón, “aquellos que están por decidirse si se van a la formalidad, prefieren jugársela y seguir en la informalidad” para evitarse tantos impuestos, en perjuicio para la recaudación fiscal y el trabajador, a quien no se brinda ninguna prestación.
El 9 de diciembre, el Senado de la república aprobó la reforma a pensiones enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen, avalado por unanimidad y que será remitido al Ejecutivo para su promulgación, reduce el número de semanas de cotización de mil 250 a mil, en un periodo de once años. En una primera etapa, trabajadores con 750 semanas cotizadas podrán tener acceso a una pensión mínima.
Asimismo, establece un tope máximo de 0.54% para las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), aun cuando la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) había recomendado no aprobar la iniciativa en esos términos, ya que el mecanismo propuesto para regular las comisiones es “inflexible”.
El presidente del CCE Tijuana consideró la medida como restrictiva, ya que no debería utilizarse en una libre competencia, “entre más competencia, las comisiones por manejo deben bajar, como se ha visto en otros rubros como en las telecomunicaciones”, destacó.
El dictamen avalado previamente por la Cámara de Diputados también incrementa de 3 mil 289 a 4 mil 345 pesos el monto de la Pensión Mínima Garantizada que otorga el Gobierno Federal a los trabajadores que no tienen recursos suficientes en su Afore.
En cuanto a la reforma de outsourcing, pospuesta en la Cámara de Diputados, Camarena Salinas se mostró a favor de que las empresas que utilizan la subcontratación o no, cumplan a cabalidad la Ley Federal del Trabajo y haya mecanismos que faciliten identificar esquemas ilegales o desleales.
“Nos pareció bien que se dio un tiempo prudente para el análisis de la figura de subcontratación y no se hizo al vapor” al postergar la discusión de la reforma hasta febrero próximo, comentó el empresario.
