La SHFP vs los González Cruz

Ezenario lunes, 21 diciembre, 2020 1:00 PM

El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud) celebró la renovación de un contrato de arrendamiento a un inmueble perteneciente al alcalde de Tijuana, Luis Arturo González Cruz y su hermano Luis Alfredo; mientras que su otro hermano, Luis Ricardo, era subsecretario administrativo de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Dicha acción, generó que la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), Vicenta Espinoza, presentará ante la Fiscalía General del Estado (FGE), una querella en contra de los hermanos González Cruz y los funcionarios del Isesalud que firmaron el contrato de arrendamiento; pero sin incluir al titular de la dependencia de salud estatal Alonso Pérez Rico.

El martes 15 de diciembre del 2020, visitó las oficinas de la FGE en Mexicali y presentó la denuncia. En ella acusa a los González de haberse enriquecido con varios contratos, que en total suman 2.6 millones de pesos.

El edificio ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde actualmente se encuentra la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali, pertenece a los dos hermanos González Cruz, y fue firmado desde la administración pasada, cuando el hermano del presidente municipal de Tijuana, Luis Ricardo, ocupaba cargos dentro de la misma dependencia, aunque posteriormente fue contratado en la Oficialía Mayor.

De acuerdo a los hermanos denunciados, el contrato data del año 2010, y fue acordado entre los funcionarios del exgobernador, José Guadalupe Osuna Millán, y el padre de los González, quien es el propietario original. Y los últimos 10 años se ha renovado con los hermanos González Cruz, porque en vida su progenitor les heredó el inmueble.

El arrendamiento a los hermanos Arturo y Alfredo González Cruz del inmueble en cuestión data de 2017, año en el que Luis Ricardo era subdirector general de Administración del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

Mientras, el último contrato celebrado entre ambas partes data del 6 de febrero del 2020, cuando Arturo fungía como alcalde de Tijuana y su hermano Luis Ricardo trabajaba como subsecretario administrativo de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, cargo que dejó de tener el 13 de marzo del mismo año.

En el contrato se aclara que el inmueble le pertenecía originalmente a los padres del alcalde de Tijuana, pero en 2015 ellos realizaron un contrato de donación a sus hijos Arturo y Luis Alfredo.

La negociación estableció que el costo de la renta mensual fuese de 203 mil 170 pesos, lo que al año sería un total de dos millones 438 mil 42 pesos. Mientras que en el contrato de 2017 se establecía una renta mensual de 182 mil 893 pesos, un total estimado anual de dos millones 194 mil 716 pesos; una diferencia de 243 mil 326 pesos, al contrato de 2020.

Por su parte, Vicenta Espinoza acusó que no hubo un proceso de licitación, ni otros ofertantes para albergar las instalaciones del sector salud estatal, lo que representa una irregularidad que sugiere tráfico de influencias.

“Nosotros estamos presentando una denuncia por coalición de servidores públicos, conducta ilícita y lo que resulte (Luis Arturo González Cruz, Luis Alfredo González Cruz, Miguel Ángel Marín Cardone, Carlos Gómez Valdés, Mikel Roberto Alcántara Hernández), el tema de la jurisdicción de Mexicali, haciendo una indagatoria cuando se firma un convenio el funcionario estaba en Oficialía, beneficiándose con tráfico de influencias, en el sentido de que no hubo una presentación para otros servidores”.

Sin embargo, la Secretaría de Honestidad no mencionó la responsabilidad que tiene implícita en la realización del contrato de arrendamiento por parte del secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien también pecó de omisión al haber avalado, como director del sistema de salud, dicho contrato con el alcalde de Tijuana.

El 16 de septiembre trascendió en algunos medios locales que el contrato entre los González y el Instituto de Salud, por el arrendamiento del inmueble y un estacionamiento, será cancelado. Sin embargo, el contrato tiene vigencia de un año, y el 22 de enero se concluye.

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