Dos jueces federales, uno en Tijuana y otro en el penal de Puente Grande en Jalisco, se han declarado incompetentes en la materia, por lo que el caso se remitirá al juez de origen o a la SCJN; el detenido asegura que la fiscalía no comprobó la flagrancia y que los partes policiacos tenían inconsistencias, aunado a que las confesiones fueron bajo tortura
El agente investigador de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), Israel Arturo Silva Aguirre, sentenciado a 69 años de prisión por el delito de secuestro, impugnó hace más de 12 años la condena sin que el Poder Judicial Federal le haya dado respuesta.
En estos años, los jueces se han declarado incompetentes para emitir un veredicto final y han enviado el expediente a Juzgados en Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, y ahora están por devolverlo a Baja California, donde se corre el mismo riesgo al no existir un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso).
Arturo Silva, padre del detenido, mencionó que de ser así viajará a Ciudad de México, hasta el Consejo de la Judicatura Federal. “Me traen vuelta y vuelta por todo el país sin ninguna respuesta”, reclamó.
El Sistema Penitenciario de Baja California confirmó la presencia de Silva en sus instalaciones, y que dentro de sus archivos no aparece una sentencia o recurso de apelación.
Los hechos sucedieron el 3 de enero de 2006, cuando la entonces PGJE, a través de la Unidad Antisecuestros y la Subsecretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) informaron sobre el desmantelamiento de una banda de secuestradores afines al Cártel Arellano Félix (CAF).
En el expediente en poder de ZETA se menciona que fueron detenidos “en flagrancia” cuando pretendían cobrar un rescate de 300 mil dólares por el secuestro de Dorotea Aguilar Hernández. Al mismo tiempo, adjuntan un parte policiaco que refiere, los arrestaron cuando circulaban de manera “sospechosa” por el Bulevar Industrial en Mesa de Otay en Tijuana.
Las instancias estatal y federal señalaron como responsables de diversos delitos de alto impacto a Israel Arturo Silva Aguirre “El Flit”, de entonces 29 años y originario de Ensenada, y dos cómplices: Oswaldo Guadalupe Millán Moreno “El Papi”, de 26 años y oriundo de Sinaloa; y Armando Nava Millán “El Diablo”, de 32 años y nativo de Acapulco, Guerrero. Fueron vinculados por “delincuencia organizada, secuestro, portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.
La sentencia se confirmó en 2008, pero fue recurrida por la defensa de Silva en agosto de 2010, cuando interpuso el recurso de amparo directo número 865/2010 aceptado por el primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali.
En 2018, le volvieron a emitir sentencia, pero la redacción era textual a la de 2008, por lo que volvió a impugnar y le repusieron el proceso, el cual sigue abierto.
Arturo Silva impugnó la condena porque aseguró la fiscalía no comprobó la flagrancia, los partes policiacos de la detención fueron falsificados y las confesiones se dieron bajo tortura.
“Me asfixiaron, me golpearon y tengo problemas en los maxilares, me levantaron de los hombros hacia atrás, como sujeción, perdí el 50% de la vista del ojo izquierdo”, denunció.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) existe este antecedente por tortura (CEDHBC/TIJUANA/1471/17) en la Primera Visitaduría General. En esta queja aportó los Protocolos de Estambul que le realizaron y fueron entrevistados los coacusados, quienes también promovieron amparos.
JUECES INCOMPETENTES
Al juez de Jalisco le dieron competencia para desahogar este caso porque existía un Cefereso II en aquella entidad federativa, a la que se supone trasladarían a Silva hace más de dos años.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, desaparecieron el Cefereso y con este las atribuciones de los jueces federales, lo que ha generado retraso en la celebración de las audiencias.
“Desafortunadamente, en un momento dado, un colegiado puede responder que ese juez (asignado) no tenía por qué conocer de ese proceso y se repone otra vez el procedimiento”, explicó el abogado de oficio en llamada desde el Estado de Jalisco, además de dar a conocer que el juez envió el caso al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Baja California.
ALEGA FALSIFICACIÓN
En entrevista telefónica con ZETA desde el penal El Hongo 1 en Tecate, Silva Aguirre afirmó que su detención fue por la noche, mientras circulaban en el Centro de Tijuana y desconoce la flagrancia.
Asegura que la inconsistencia inició cuando en su expediente, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) indicó que a las 00:30 horas del 3 de enero de 2006, un Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la PGJE llamó para informar la detención en flagrancia de los tres sujetos.
Refiere que existe un segundo parte policiaco de agentes estatales, en el cual indican que recibieron la llamada de apoyo por parte de los aprehensores a las 08:00 horas, pero él ya iba detenido.
En otro parte policiaco aseveran que hubo una llamada de apoyo de puesta a disposición a las 10:30 horas del mismo día y que, durante un operativo, un vehículo negro Chevrolet Avalanche circulaba de manera sospechosa, lo cual derivó en la detención.
Desde la madrugada -explicó Arturo- lo trajeron en recorridos y alrededor de las 15:00 horas lo entregaron en Mexicali, donde estuvieron retenidos los tres en una casa sobre la calle Roberto Mazón Noriega de la colonia Hidalgo, y finalmente llegaron al edificio del Ministerio Público.
A raíz de esa llamada, se inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/01/2006 y por consiguiente el proceso. Fue entonces que a Silva lo trasladaron a la SIEDO.
“En México estuvimos hasta el sábado 7 a mediodía, y de ahí nos mantuvieron arraigados en la colonia Doctores; el viernes 17 de febrero de 2006 nos trajeron al Hongo, alrededor de las 20:00 horas”, detalló Silva, quien ha sido enviado a otros centros federales en Veracruz, Ocampo, Guanajuato y Huimanguillo, Tabasco. En 2017 fue recluido en El Hongo donde se ha mantenido sin una sentencia absolutoria.
“A las 10:30 horas del día 3 de enero de 2006 no pudimos ser detenidos ni en tiempo, modo, lugar y circunstancias descritas por los captores, y por lo tanto, este parte informativo queda totalmente desvirtuado, y se aprecia una detención ilegal y arbitraria”, señaló el detenido.
Su insistencia es por la experiencia dentro de tres penales distintos, donde compañeros de celda han obtenido resoluciones a favor en asuntos iguales al de él.
“Por qué mi asunto no lo quieren ver, quién lo está obstruyendo, quién lo está pagando, quiero tener respuestas”, cuestionó.
– ¿Cuál es la situación de los compañeros con los que te detuvieron?, cuestionó ZETA.
“Ellos están en amparo directo, les van a dar el amparo, por cuestiones que estamos viendo, yo soy el único que está en proceso. Tengo los testimonios de mis coacusados, donde ellos no me relacionan con ningún secuestro. No es justo que, si nadie ha presentado una prueba, me tengan privado de la libertad tantos años, máxime con las pruebas en el sumario y el Poder Judicial ha sido omiso”.
LA FAMILIA
Arturo Silva, padre del aprehendido, mencionó que espera una resolución. Desde que inició el proceso penal vendió su camioneta, perdió un terreno, vendió una propiedad de su hijo y otro vehículo para pagar abogados.
“No vendí mi casa para quedarme con un techo, pero no tengo nada para pagar viajes y abogados, en estos 14 años perdí hasta a mi esposa, que murió, y a la familia de mi hijo, que ya no la veo”, lamentó.
Desde antes de la acusación por secuestro, su hijo ya arrastraba una situación laboral. Al momento de su detención estaba suspendido ya que el Órgano Interno de la PGJE lo tenía bajo investigación y mantenía un juicio de nulidad.
Al final le restituyeron el cargo e instruyeron a la procuraduría a pagarle sueldos caídos.
SCJN TENDRÁ QUE DECIDIR
El presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, Iván Duarte Córdoba, explicó que cuando un tribunal se declara incompetente, puede ser por la materia o por la circunscripción territorial, es decir, que el delito no se cometió en su zona de competencia.
Por Ley, cuando un juez se declara incompetente lo remitirá al juez de origen que le envió la apelación o al que es competente, pero si esta situación se ha presentado en más de dos ocasiones, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidir.
Dada la naturaleza del delito (secuestro), son asuntos que tardan años en resolverse, sin embargo, 14 años es un tiempo considerable para emitir una sentencia absolutoria.
Duarte confirmó que, bajo un criterio jurisprudencial, la SCJN podría emitir un fallo para instruir a determinado Juzgado resolver quién sí es competente.
