Autoridades federales aceptan los asesinatos de 19 comunicadores durante 2020, muchos más que los que tienen enlistados organizaciones protectoras de periodistas. En la última década son 138 los reporteros, editores y directores de medios ejecutados. Los periodistas que pasan al lado del activismo son los principalmente asesinados, señala el reportero y escritor Jesús Lemus. El 60% de las víctimas silenciadas tenían trabajos alternos para mejorar sus ingresos y mantener a su familia. Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua concentran el 51% de los crímenes
Nunca como en los últimos tiempos se ha tenido tanta confusión, por parte de las autoridades, con el número de periodistas asesinados en México. El Gobierno Federal reconoce los homicidios de 19 comunicadores durante el año en curso, cifra mayor a la que cuentan organizaciones defensoras de periodistas. La gravedad del problema es tal, que se trata del país más peligroso en el mundo para ejercer la profesión u oficio de informar.
Apenas el 25 de noviembre último, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que “la última década ha sido de enorme violencia contra el gremio periodístico, porque se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país”.
De esos crímenes, el propio Encinas adjudicó 38 de los eventos como registrados durante la actual administración gubernamental que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Dos de los asesinatos ocurrieron durante el primer mes del sexenio, es decir, diciembre de 2018. Otros 17 homicidios quedaron en los registros de 2019, mientras que, en lo que va de 2020, 19 han sido los periodistas privados de la vida.
“En los tres últimos años ha tenido un repunte significativo, y reconocer que este año es lamentablemente el mayor número de homicidios, alcanzando la cifra de 19”, enfatizó el subsecretario de Gobernación.
El dato destanteó a los propios periodistas, porque ni Reporteros sin Fronteras (RSF), ni Artículo 19, ni la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ni medios de comunicación o periodistas que llevan su propio recuento, llegan a tantos comunicadores caídos.
Artículo 19, organización independiente que promueve y defiende el avance de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, identifica cinco de los crímenes bajo el criterio de la posible relación del hecho con la labor netamente periodística de la víctima. RSF, organización independiente con sede en París, cuenta siete periodistas asesinados en México. Y la SIP, organismo también internacional con residencia en Florida, Estados Unidos, tiene en su listado a diez periodistas mexicanos muertos por mano ajena.
En el informe de Alejandro Encinas, se destaca que la mayoría de los crímenes contra comunicadores en la última década ocurre en cinco estados, que concentran el 51% de los eventos fatídicos: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua. También refiere que 2017 a la fecha, seis de las víctimas estaban incorporadas al Mecanismo de Protección de Derechos Humanos y Periodistas. De esos casos, solo en tres hay presuntos responsables procesados penalmente.
Julio Valdivia, periodista asesinado en Veracruz
El periodista y escritor michoacano Jesús Lemus Barajas estima que la diferencia en las cifras de reporteros asesinados estriba en el criterio con que cada organización o los propios miembros del gremio que llevan su conteo clasifican a las víctimas. En algunas estadísticas contemplan a locutores comerciales, publicistas o administradores de medios, voceadores, blogueros y otras personas que colaboran con el periodismo; pero en un control más estricto, otros recuentos solo incluyen a quienes se tiene la certeza de que eran periodistas en activo.
Los atentados contra la libertad de expresión no son solo los casos que terminan con la vida del mensajero, también la actual administración federal refiere que en los últimos cinco años se tienen reportadas mil 52 agresiones en distintas modalidades contra periodistas, y se reconoce que “más del 40% de estas agresiones han sido identificadas como atribuibles a servidores públicos”.
ACTIVISMO, LA CAUSA
En entrevista para ZETA, el periodista Jesús Lemus advierte que en sus investigaciones tiene registro de 13 comunicadores asesinados en este año, “pero que el gobierno tenga más casos creo que es positivo, porque siempre será mejor que se investiguen todas las muertes y no solo unas cuantas, ni menos de las que ocurren en la realidad”, y lamentó que prevalezcan las mismas condiciones de inseguridad que en sexenios anteriores para los periodistas.
Lemus, un periodista encarcelado en máxima seguridad bajo el régimen de Felipe Calderón, autor de ocho libros, el más reciente titulado “El Licenciado. García Luna, Calderón y el narco”, de editorial Harper Collins, ha sufrido las amenazas de muerte en carne propia y desde entonces se encuentra desplazado. Está registrado en el Mecanismo de Protección, “pero eso y nada es lo mismo, la última vez que hablamos fue hace cuatro meses, cuando quedaron de darme una serie de medidas cautelares… y sigo esperando”.
Al cuestionarle al escritor, que sigue muy de cerca el fenómeno del asesinato de periodistas, cuál es perfil o el común denominador que observa en los crímenes, no duda en afirmar que un buen porcentaje está relacionado con la incursión de los reporteros al activismo de causas sociales. “Es decir, que del periodismo formal pasan a encabezar o formar parte de movimientos, aprovechando que tiene el uso del medio de comunicación para amplificar denuncias e irregularidades. Y no está mal que lo hagan, ni se justifica que les agredan o los maten, sino que simplemente la labor del periodismo no es la del activismo. También ocurre el fenómeno a la inversa: activistas que cansados de luchar en las calles, logran un sitio en un medio de comunicación y continúan con su labor de difundir sus inconformidades. El periodismo es denunciativo, nada más. Recordemos: el periodismo no es activismo propiamente. El periodismo pretende hacer activar a los órganos e instituciones sociales, pero el periodismo no puede hacer activismo”.
El periodista ha documentado que los colegas asesinados tratan temas relacionados con los índices de violencia, la corrupción de funcionarios de gobierno con grupos del crimen organizado, pero también denuncian arrebatos de territorio como es el suelo, bosques, agua, hidrocarburos y minas. “Ese es el punto negro, el centro de la llaga, donde se van computando las muertes de periodistas, que fueron los que mayor número de amenazas recibieron. Son los que han sido, en mayor cantidad, ejecutados durante los últimos años”, aseveró.
Informes del Mecanismo de Protección de Derechos Humanos y Periodistas, tienen el registro que siete comunicadores por semana reciben amenazas, ya del crimen organizado, y de funcionarios públicos de los ámbitos municipal, estatal y federal. Es decir, una amenaza diaria. Al menos tres de los periodistas amenazados se ven obligados a dejar su lugar de origen o de trabajo, mensualmente, la mayoría de las veces sin el apoyo del referido mecanismo.
LOS ASESINADOS
Los homicidios de los periodistas que han combinado el periodismo con el activismo no son de ahora, se vienen registrando desde años anteriores, sobre todo en épocas más recientes. Lemus Barajas destaca algunos de los casos más emblemáticos que ha podido seguir de cerca. Sobre todo del Centro hacia el Sur del país, donde ocurren una importante cantidad de amenazas y crímenes.
De 2019 a la fecha, llaman la atención casos como el de la reportera Norma Sarabia, quien fue asesinada el 11 de julio del año próximo pasado en Huimanguillo, Tabasco. “Era una periodista que cumplía con ese patrón que te acabo de mencionar. Ella denunciaba, era defensora del medio ambiente y pasó de pronto al activismo, a hacer reuniones con gente que estaba manejando casos sociales, como era el caso de la violencia de género, principalmente. Y pues se convirtió en víctima de la violencia”, lamentó Jesús Lemus.
Otra muerte violenta fue la de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado en Actopan, Veracruz el 2 de agosto de 2019. Jesús recuerda: “Celestino pasó del periodismo al activismo y trabajaba mucho la denuncia sobre el arrebato de recursos, sobre todo lo que tenía que ver con la minería. Laboraba en medios muy locales y hablaba en radio sobre el tema. Lamentablemente no era muy reconocido, pero esa era su tendencia”.
El autor de los libros “México a cielo abierto” y “El agua o la vida”, que versan sobre los saqueos a los recursos naturales, citó también la ejecución del reportero Nevith Condés Jaramillo, privado de la vida el 24 de agosto de 2019 en Tejupilco, Estado de México, quien “además de ejercer el periodismo, era un activista social, defensor del medio ambiente y denunciante permanente del arrebato del suelo y del agua. Y así como ellos tenemos muchos casos en 2020. El de Álvaro Ruiz, que fue asesinado en Santo Domingo Pichucalco, Chiapas, el 5 de enero de 2020. Periodista dedicado al activismo y la defensa del territorio; Fidel Ávila Gómez, periodista de Huetamo, Michoacán, victimado el 8 de enero de 2020. Si bien es cierto que no hacía tanto activismo, denunciaba mucho la presencia del crimen organizado en esa región. Señaló a Los Caballeros Templarios como invasores y controladores del comercio local a través del cobro de derecho de piso”, abundó Lemus.
Sobre los casos del crimen organizado en los ataques a periodistas, aseguró que lo que está pasando en la región de Ciudad Obregón y Cajeme, en el Estado de Sonora, es muy grave. Cuatro miembros de los medios han sido asesinados en el año en curso. Primero, Jorge Miguel Armenta Ávalos, el 26 de mayo en Ciudad Obregón; quince días después, en Cajeme, Alma Angélica Aguilar Domínguez, el 10 de junio. Ahí mismo, mataron a José Castillo el 14 de junio; y el 2 de noviembre, a Jesús Alfonso Piñuelas, también en Cajeme.
“Aquí lo que sucede particularmente en Sonora, es que hay una revuelta por el control de las plazas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El gremio periodístico, que son estos reporteros dedicados a la cobertura de información ‘normal’, que ni siquiera estaban tan involucrados directamente con la noticia policiaca, fueron tomados y obligados por el narcotráfico para que fungieran como voceros de grupos”, analiza el periodista.
“Algunos de ellos, como Jorge Miguel Armenta, se negó a ser parte del grupo del CJNG y lo ejecutaron. Alma Angélica Aguilar también se negó a ser utilizada por esa organización criminal y corrió la misma suerte que Jorge. A José Castillo le sucedió lo mismo, el cártel lo cercó y lo obligó a servirle. En el caso de Jesús Alfonso Piñuelas, denunciaba constantemente la presencia de los cárteles, de cualquiera de ellos y de la violencia, hasta que lo cazaron a principios de noviembre”, subrayó Jesús Lemus.
LAS INVESTIGACIONES
Aunque ya es un avance que las autoridades reconozcan el mayor número de asesinatos de periodistas, lo realmente importante es que la dependencia encargada de la investigación de los crímenes, persecución y detención de los presuntos responsables no se deslinden de su competencia, argumentando que el móvil de la privación de la vida no fue el ejercicio periodístico, sino alguna otra situación de la vida personal de la víctima.
Es importante señalar que los reporteros más precarizados son también los más agredidos, al ser periodistas sin una base laboral establecida o trabajan en medios de comunicación muy modestos e independientes, sin acceso a un ingreso formal para vivir dignamente y sostener a su familia.
Jesús Lemus Barajas lo describe muy bien: “Esos periodistas son los que tienen trabajos alternos. Por ejemplo, unos venden tacos, otros venden zapatos, otros son taxistas en las tardes, otros toman fotos en las fosas y las venden. O sea, tienen un trabajo alterno que es de donde verdaderamente se mantienen para desempeñar su pasión en el periodismo, que no les garantiza un salario digno, y es ahí donde las fiscalías se deslindan y dicen que los mataron por el oficio que ejercen diverso al de periodista, siendo que no, que le mataron porque era periodista y tenía que vivir haciendo labores de taxista”.
Finalmente, de las investigaciones del escritor sobre los periodistas silenciados a balazos, golpes, cuchilladas o por asfixia, se infiere que el 60% de las víctimas tenía empleos alternos; es decir, trabajaban en otra cosa diferente al periodismo para poderse sostenerse y vivir de ello.
COMUNICADORES ASESINADOS EN 2020
