El 19 de noviembre, la diputada morenista Carmen Hernández falleció después de una férrea lucha contra la COVID-19, enfermedad que ya fue contraída por gran cantidad de empleados del Poder Legislativo, lo que ya ha generado otros decesos.
Para el lunes 30 de noviembre, a propuesta del diputado Miguel Ángel Bujanda, se iniciaría un proceso para que la fallecida legisladora fuera inmortalizada con una foto y una breve semblanza en la Sala de Mujeres Forjadoras, ubicada en la planta baja del Poder Legislativo en Mexicali, volviéndola así un pilar en la historia oficial de la política de Baja California.
Todos los diputados elogiaron la propuesta, misma que se materializará tentativamente en marzo de 2021; mientras tanto, la diputada Evangelina Moreno asumirá su escaño para continuar el trabajo dentro del parlamento.
Lo que poco se ha notado es que el lamentable fallecimiento de la diputada morenista tendrá una repercusión trascendental en la vida de Baja California, pues para el mes de enero, las diputadas Miriam Cano y Montserrat Caballero, además de su compañero Juan Manuel Molina, tendrían la posibilidad de operar uno de los temas más importantes de la Legislatura: el matrimonio igualitario.
Y es que Hernández fue una congruente y dura opositora a la unión de parejas del mismo sexo, postura que le causó grandes tensiones dentro de la bancada. Sin embargo, la postura de Evangelina Moreno es tan progresista como la de Cano Núñez, la inicialista de dicha reforma, por lo que es prácticamente un voto más para su causa.
En la última intentona de los morenistas por aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo el 30 de julio, consiguieron 16 sufragios de los siguientes personajes:
Juan Manuel Molina, Miriam Cano Núñez, Montserrat Caballero, Araceli Geraldo, Eva Gricelda Rodríguez, Rosina del Villar Casas, Ramón Vázquez Valadez, María Luisa Villalobos y Julia Andrea González, de Morena; Gerardo López, del PRD; Fausto Gallardo, del PVEM; Julio César Vázquez Castillo, del PT; David Ruvalcaba, del PRI; Elí Topete, de Movimiento Ciudadano; Rodrigo Otáñez Licona, del PBC; y Trinidad Vaca Chacón como legisladora sin partido.
Mientras que los votos en contra procedieron de Víctor Navarro, Carmen Hernández y Juan Meléndrez, de Morena; Eva María Vásquez y Loreto Quintero Quintero, del PAN; y Efrén Moreno, del extinto Transformemos. Y en abstención, Claudia Agatón Muñiz, del PT; Víctor Morán, de Morena; y Miguel Ángel Bujanda, diputado sin partido.
Veremos qué resultado genera este nuevo entorno el próximo año, en esta ventana entre la definición de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y las campañas electorales.
GANDALLA
Hoy viernes 4 de diciembre, concluye el análisis del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) sobre el recurso de revisión RR/606/2020, en el cual un ciudadano solicitó -a través de la Plataforma Nacional de Transparencia- una explicación del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y un sustento de sus dichos sobre las acusaciones de compra de votos para poder alcanzar las más de 50 mil firmas contra la “Ley Gandalla”, como se le conoce a la reforma hecha por la actual Legislatura y que permite a diputados, alcaldes y munícipes, buscar la reelección sin separarse del cargo.
En el noticiero nocturno de Canal 66, Rodríguez Lozano aseguró que empresarios e integrantes de partidos políticos pagaron mil pesos a cada persona por votar, a lo que un ciudadano le solicitó demostrar sus dichos de manera formal. El secretario se negó, argumentando que no formaba parte de sus facultades proporcionar dicha información. Lo que no analizó es que el ex secretario Francisco Rueda Gómez tuvo el mismo escenario al ser obligado por el ITAIP a sustentar sus dichos respecto a que Morena financiaba al colectivo Mexicali Resiste durante la presidencia de Octavio Sandoval Franco.
Ahora el caso recae en la consejera Cinthya Denisse Gómez Castañeda, quien hasta el momento ha evidenciado los mejores criterios y armas en su desempeño profesional. Sin embargo, este es el momento de la verdad para saber qué tanto pesa la imposición del “morenismo” dentro del órgano garante.
