Diputados simulan interés por entrevistas de selección de magistrado 

Destacados miércoles, 23 diciembre, 2020 9:07 PM

 

Legisladores de Baja California les faltaron el respeto a los candidatos a magistrado, los citaron para una video-sesión, y después los ignoraron mientras expusieron sus propuestas.

Gerardo López, Julio Cesar Castillo, Víctor Navarro, integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales se conectaron a la sesión que se realizó vía internet, para “cumplir”, pero ninguno participó, ni mostró interés en las exposiciones de los candidatos. El diputado Víctor Navarro mantuvo encendido su teléfono mientras viajaba en su vehículo sin prestar atención, otros simplemente se desentendían de su labor, desconectando su señal.

En la sesión de miércoles 23 de diciembre, el trabajo de los diputados consistía, en escuchar las propuestas de trabajo de los candidatos a ocupar la vacante que dejó el retiro del juez supremo de la Cuarta Sala, Emilio Castellanos Luján -al cumplir los 70 años de edad-, y después entrevistarlos, para tener elementos que les permitieran analizar y determinar cuál de los postulantes es el mejor perfil. Y con esos datos, elaborar un dictamen con una terna de los tres mejores para ser votados en el pleno de la legislatura.

Sin embargo, las únicas voces que se escucharon del lado de Congreso, fueron las del presidente de la comisión, Juan Molina, quien sí cuestionó a los aspirantes por las necesidades y posibilidades para mejorar el sistema judicial, y la secretaria Julia González, pero la participación fue escasa.

Por única ocasión, la sesión se llevó a cabo de manera virtual, porque el estado regresó al semáforo rojo por el incremento sostenido de contagios de coronavirus.

La jornada de entrevistas estaba citada a las nueve de la mañana, pero inició con un retraso de 2 horas, y tuvo una duración de 3 horas y media aproximadamente.

Los 20 aspirantes citados, para ser entrevistados como aspirantes a ocupar un espacio en el máximo tribunal de Baja California, fueron:

Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez.

Ana María Elías González Rosas.

Ana Carolina Valencia Márquez.

Cenaida Tafolla González.

Karla Patricia Amaya Coronado.

María de Lourdes Molina Morales.

Carlos Alberto Ferré Espinoza.

Gerardo Aceves Salazar.

Juan Carlos Constantino Ortega Veiga.

Humberto Tamayo Camacho.

Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz.

Pedro Galaf Hernández García.

Álvaro Castilla Gracia.

Sandra Sofía Rubio Díaz.

Jesús Antonio Chávez Hoyos.

Ruth Esperanza Álvarez Fuentes.

Héctor Antonio Cortez Peña.

María Dolores Moreno Romero.

Jorge Cristiani Ramírez.

Jesús Angulo Guzmán.

Muchos de los candidatos han participado varias veces en los procesos de selección de magistrado, algunos como los jueces Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, Ana María Elías González Rosas y Gustavo Adolfo Villarespe, incluso superan las cinco ocasiones, pero no han podido cumplir con las exigencias legislativas.

Con más de 20 años de carrera, la mayoría de los aspirantes coincidieron al describir los principales problemas del Poder Judicial, como lo son la urgencia de más salas civiles y familiares, de 2 hasta 4 nuevos juzgados, principalmente en Zona Costa, donde se llevan entre 2 y 3 mil casos al año, entre inicios y reincidencias.

Algunos como el ex magistrado supernumerario Fernández Ruiz de Chávez.

Entre las propuestas destacaron la urgencia de impulsar el tribunal electrónico con su respectiva firma, con el objetivo de que los abogados puedan observar los avances de sus casos desde su hogar u oficina, sin la necesidad de acudir a los juzgados.

También concordaron en la necesidad de impulsar los Centros de Convivencia Familiar, principalmente en Mexicali y Tijuana, donde médicos, enfermeros, psicólogos puedan observar y proteger el desarrollo familiar durante las convivencias.

El proceso de selección de aspirantes a magistrado se realizó, después que el 13 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgara la suspensión en la controversia constitucional que impidió la entrada en vigor de la reforma constitucional que desaparecía el Consejo de la Judicatura, y que permitía que los magistrados fueran designados por el Congreso de una terna enviada por el gobernador del estado.

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