El precursor de Derechos Humanos en los últimos 45 años en Baja California y actual director de Atención al Migrante en el ayuntamiento de Tijuana, José Luís Pérez Canchola, informó que el tema de corrupción de menores provenientes de otros estados de la república continúa en Baja California, al punto de ser el estado que encabeza esta problemática a nivel nacional.
“Baja California ocupa el primer lugar a nivel nacional en corrupción de menores; ese delito que ahí está en los códigos penales, que es gravísimo, que tampoco se investiga, pero nada más de carpetas de investigación anualmente hay una estadística de 500 o más casos. En el resto del país los estados tienen 50 o 100 casos, aquí hay más de 500 año con año”, compartió José Luís Pérez Canchola.
Puso de ejemplo los casos de mujeres provenientes del estado de Puebla, que con engaños son traídas a la frontera y las venden a cantinas de la localidad. Compartió que han llegado algunas de estas víctimas que se logran escapar, y desde la dirección que encabeza se les ha ayudado a que vuelvan a sus lugares de origen; sin embargo, por temor a represalias se niegan a interponer una denuncia.
Además, indicó que de octubre a la fecha, tiempo que lleva al frente de la dirección de Atención al Migrante, ha detectado entre 65 y 70 menores de edad en situación de contexto de movilidad, que acuden a solicitar una constancia de identidad para ser recibidas en algún hospital en donde puedan nacer sus hijos.
Pérez Canchola reveló que son menores de entre 14 y 16 años, quienes están teniendo embarazos tempranos, la mayoría proveniente de familias migrantes; en algunos casos, a consecuencia de abuso sexual.
El también activista, enfatizó que el problema no es precisamente responsabilidad de esta comunidad vulnerable, sino de las instituciones responsables de ellos; pero al mismo tiempo, reconoció que instituciones como el DIF actualmente se encuentra saturado.
“Tenemos un problema muy fuerte aquí en Tijuana de estas niñas, con embarazos tempranos, en donde a veces confiesan que son abusos sexuales dentro del círculo familiar o a veces son engañadas por vecinos o amigos. Alguien tiene que tomar el primer paso y que estos casos sean tratados por instituciones y personas especializadas”, indicó Pérez Canchola, quien trabaja en conjunto con Inmujer y DIF municipal, al respecto del tema.
