Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ordenó el desvío de recursos públicos de una docena de dependencias federales a través del mecanismo conocido como “Estafa Maestra”, según lo reveló este lunes 6 de noviembre, el medio digital Animal Político, basado documentos judiciales.
El desvío de recursos supuestamente ordenado por el ex funcionario tuvo como objetivo el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno de Peña Nieto y su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), según declaró Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga-, quien ofreció convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Para conseguir el perdón legal en la investigación sobre el posible desvío de recursos públicos, Zebadúa González hizo una declaración ministerial de 18 páginas, donde narra el modus operandi de la llamada “Estafa Maestra”, además de que se deslinda de cualquier participación, aunque él fue apoderado legal de las cuentas bancarias y encargado de administrar el presupuesto de ambas instituciones federales.
El medio digital Animal Político señaló, que, además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó a Zebadúa González gastos de 205 millones de pesos junto con dos de sus hermanos, sin que ello correspondiera a sus ingresos, por lo que la institución, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, los denunció ante la FGR, por probable lavado de dinero.
“Animal Político obtuvo la comparecencia ministerial realizada el 19 de octubre pasado como parte de la causa penal FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522/2018, donde Zebadúa [González] aseguró que el titular de Hacienda en el sexenio pasado [Videgaray Caso], destinó recursos extra a las dependencias que aplicarían el esquema de desvío”, agregó el medio digital en su investigación.
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“La secretaria Rosario Robles me comentó, que en consulta con el secretario Videgaray, le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían servicios inherentes a la campaña de la ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’, mediante la utilización de Universidades Públicas, ya que la Ley de adquisiciones lo permitía y a la vez facilitaba decidir a priori a los proveedores”, declaró Zebadúa González, según lo citó Animal Político.
Dicho mecanismo permitió que la SEDESOL, la SEDATU, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre otras instituciones, obtuvieran “recursos extraordinarios” de la SHCP.
Todo ello para “proveer de recursos permanentes durante el sexenio para la promoción publicitaria, político-electoral del presidente, su gobierno y el su partido político, sin que existieran previamente programas formalmente presupuestados para ellos. También desviar recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas”, según declaró Zebadúa González ante la FGR.
“Lo que describe es el mecanismo revelado en la investigación periodística La Estafa Maestra en septiembre de 2017 mediante el cual 11 dependencias de gobierno entregaron, sólo entre 2013 y 2014, más de 7 mil millones de pesos a ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero desapareció”, recordó Animal Político.
El medio digital insistió, además, que “aunque se trató de un mecanismo complejo en el que presuntamente intervinieron cientos de personas como secretarios de Estado, oficiales mayores, rectores y supuestos empresarios, hasta el momento sólo Rosario Robles está en prisión preventiva, por supuesto riesgo de fuga en el proceso judicial que enfrenta por uso indebido de atribuciones; además, existe una orden de aprehensión en contra de 11 personas más, pero ningún alto funcionario”.
“Ésta es la primera vez que se involucra al extitular de Hacienda, Luis Videgaray, en una declaración judicial; y se trata de una pieza clave, pues la dependencia a su cargo permitió la entrega de recursos a cada dependencia para los convenios con universidades, pese a que la Auditoría Superior de la Federación [ASF] alertó sobre un presunto desvío desde 2014”, detalló Animal Político.
Zebadúa González le dijo a la FGR que desde 2012, que inició el Gobierno de Peña Nieto, “tuvo inicio una estrategia general, tanto social como político electoral, en la que participarían la mayor parte de las dependencias del gobierno, una de ellas fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, por la cual se desviaron recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en los municipios estratégicos, además de actos proselitistas o compra de votos”.
“También la secretaria Robles me expresó que Luis Videgaray le expuso la necesidad de canalizar recursos de la SEDESOL para el pago de deudas de compromisos de la campaña electoral presidencial que él había coordinado para el presidente Enrique Peña Nieto”, abundó Zebadúa González en su declaración ante la FGR, que cita Animal Político, y cuya investigación se puede leer completa en su página web.
FGR ACUSA A VIDEGARAY DE TRAICIÓN A LA PATRIA Y SOLICITARÁ FICHA ROJA PARA SU CAPTURA
La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, representa un riesgo un riesgo de obstaculización al desarrollo de sus investigaciones en el caso Odebrecht y podría recibir una condena de 79 años de prisión por el delito de traición a la Patria.
Por lo que una vez lograda la orden de aprehensión, solicitará a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una ficha roja, para que ex el funcionario federal sea buscado en 194 países, ya que aún desconoce su paradero, según publicaron los diarios El Universal y Milenio, con información de la FGR.
La nueva orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso, un documento de más de 100 páginas, podría derivar en emitir la ficha roja de la INTERPOL, ya que al ex titular de la SRE y la SHCP se le acusa de delito electoral, asociación delictiva, cohecho y traición a la Patria, lo que amerita prisión preventiva, según información publicada por el diario Reforma.
“Esta distinción normativa al delito de traición a la patria para ser considerado de aquellos que ameritan la prisión oficiosa, hace por sí solo que ante la eventualidad de que los justiciables puedan ser sometidos a un proceso por este injusto penal, haga que no deseen comparecer voluntariamente”, según expuso la FGR, citada por El Universal.
Si es expedida la orden de aprehensión por parte de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México del Reclusorio Norte, “podría dar lugar a la generación de una ficha roja para que la Interpol a nivel mundial colabore a la localización y detención del imputado, mismo que habría de ser requerido posteriormente mediante un procedimiento de extradición”, señaló la FGR, citada por el mismo rotativo.
“Existe riesgo de que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”, señaló la Fiscalía para justificar la necesidad de capturar al ex funcionario federal. Además de que, añadió, Videgaray Caso puede alterar pruebas y hasta “comprar” a otros coimputados, testigos o peritos involucrados en el caso para que declaren a su favor o no declaren.
“Además de influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos o intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación”, enfatizó la FGR, según el diario El Universal.
En la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, abierta contra Videgaray Caso, ya han declarado Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quien en agosto pasado presentó la denuncia de hechos por la que la FGR inició las pesquisas contra el ex titular de la SHCP y la SRE.
Así como Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya Austin; además de Froylán Gracia Galicia, brazo derecho de el ex director general de PEMEX; así como Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Consejo de Administración del Senado de la República, quien laboraba de forma directa con el legislador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara alta del Congreso de la Unión.
Este último fue exhibido en agosto pasado recibiendo maletas llenas de dinero en efectivo, que supuestamente provenía de los sobornos que fueron pagados a legisladores panistas en el sexenio pasado para la aprobación de la reforma energética.
EMILIO ZEBADÚA SE OFRECE A SER TESTIGO PROTEGIDO DE LA FGR
Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto- ofreció convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).
Para así “revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del [Partido Revolucionario Institucional] PRI”, en la llamada “Estafa Maestra”, según lo informó este lunes 2 de noviembre, el diario Reforma, basado en fuentes del Gobierno Federal.
Mismas que “confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”.
“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos”, señaló el rotativo.
“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la ‘Estafa Maestra’, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.
Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la Sedatu y la Sedesol fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado”, abundó Reforma.
Asimismo, el ex oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL Federal también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, las instituciones antes mencionadas, suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos, recordó el Reforma.
“El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado”, detalló el rotativo.
LA ACUSACIÓN CONTRA EMILIO ZEBADÚA
La Secretaría de la Función Pública (SFP) Federal denunció a Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de la SEDESOL y la SEDATU, durante la titularidad de Robles Berlanga- ante la FGR, por enriquecimiento ilícito, al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según concluyó en la Verificación Patrimonial VP/026/2018.
Según el diario Reforma, la investigación de la SFP inició el 1 de julio del año pasado, pero antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo la denuncia alegando fallas legales.
Después, el 3 de julio del 2018, el entonces funcionario federal fue citado para hacer sus aclaraciones sobre las presuntas incongruencias determinadas en su patrimonio y ofrecer las pruebas correspondientes.
En principio, la SFP indicó que debía aclarar una suma de 13 millones 485 mil 156 pesos con 74 centavos, correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2015, de los cuales no justificó el importe de 13 millones 259 mil 271 pesos con 75 centavos, según las conclusiones de la Función Pública.
El 30 de julio, el 8 y 17 de agosto Zebadúa González presentó a la SFP escritos con sus aclaraciones, pero el 30 de octubre siguiente, Jéssica Rodríguez Mora, entonces directora Contable de Verificación Patrimonial de la SFP, concluyó que sólo aclaró 225 mil 884 pesos con 99 centavos.
Después de siete meses de litigios, el actual Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador reactivó la acusación contra Zebadúa González, y, el 24 de junio pasado, la SFP obtuvo un amparo para que la FGR retome la denuncia.
El rotativo recordó que a inicios del sexenio de López Obrador, la FGR rechazó la denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario federal, de 58 años de edad, al argumentar que el denunciante, Alejandro Gonzalo Aurelio Ríos Puente, subdirector de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la SFP, carecía de legitimación.
El 15 de noviembre, Ríos Puente presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la FGR, por el procedimiento de verificación patrimonial, que concluyó que Zebadúa González no había justificado 13.2 millones de pesos.
Según documentos judiciales citados por Reforma, el 6 de diciembre pasado, la SIEDF estableció que el Reglamento como el Manual Organizacional de la SFP, delegaban al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad de autorizar al Director General Adjunto de Asuntos Penales.
Por ser subdirector, para la FGR, Ríos Puente no podía ser denunciante, y tampoco era procedente su petición de reconocer a la SFP como coadyuvante del Ministerio Público, ni como víctima u ofendido, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001647/2018, indicó el rotativo.
Esta decisión implicó un retraso en la investigación de por lo menos siete meses, porque la SFP recurrió a los tribunales para reclamar que fuera aceptada la denuncia contra Zebadúa González en la FGR.
Fue hasta diciembre pasado, la que la SFP presentó un amparo contra la decisión de la FGR. Sin embargo, Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda.
La SFP impugnó dicha determinación judicial y fue el pasado 4 de abril que consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenara al juez Veredín Sena Velázquez aceptar el amparo que presentó contra la decisión de la FGR.
El pasado 24 de junio, Veredín Sena Velázquez finalmente le otorgó el amparo a la SFP, precisando que la FGR no advirtió que el último párrafo de la fracción X del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública también facultaba a los subdirectores para presentar querellas.
El fallo judicial obligaba a la FGR a cancelar su acuerdo con el que invalidó al denunciante Ríos Puente, y, al mismo tiempo, a emitir uno nuevo en el que argumentara sobre la procedencia de la misma.
Zebadúa González fue consejero ciudadano del ahora exinto Instituto Federal Electoral (IFE) durante los comicios federales del año 2000. Después, de 2001 a 2003 se desempeñó como Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas. También fue presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En 2003 fue postulado y electo diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. Luego, en 2006, manifestó públicamente su intención de ser candidato a gobernador de Chiapas, y aseguraba ser el favorito en las encuestas para el cargo, sin embargo, el PRD postuló al ex alcade de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero.
Zebadúa González protestó ante el hecho y renunció al PRD, para luego aceptar la candidatura por el Partido Nueva Alianza (PANAL). No obstante, el 10 de agosto de 2006 declinó en favor de José Antonio Aguilar Bodegas, candidato de la Alianza por Chiapas, quien perdió ante Sabines Guerrero.
El pasado 4 de agosto se conoció que La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de María del Rosario Robles Berlanga y de Emilio Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Una semana antes, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismo que podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.
El pasado 26 de octubre, María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR), mantenerla como rehén debido a que, según aseguró, no ha aceptado colaborar.
A través de una carta escrita a mano, la ex funcionaria federal señaló que no optará por recurrir a lo que llamó la “falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.
“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén -porque no he querido colaborar- para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, afirmó Robles Berlanga.
La ex titular de la SEDESOL y la SEDATU Federal agregó que tiene información de la misma Fiscalía, que ofrecen impunidad a otros implicado en la llamada “Estafa Maestra”, a cambio de declarar “lo que ellos necesitan”.
Asimismo, Robles Berlanga destacó que la FGR pretende darle su libertad a cambio de que “señale como responsables excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad”.
El pasado 23 de septiembre, Robles Berlanga se declaró formalmente inocente del presunto delito que le imputó la FGR, institución a la que acusó de presionarla para que repare las presuntas omisiones por haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 025 centavos, en la llamada “Estafa Maestra”.
En la respuesta oficial a la acusación formal que realizó en su contra la FGR el pasado 26 de agosto, Robles Berlanga indicó que la petición de parte de la Fiscalía que se le condene el pago de la reparación del daño por dicha cantidad “es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso”.
“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, agregó Robles Berlanga.
La respuesta fue entregada a Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a quien la ex funcionaria federal solicitó cite a declarar a 15 testigos, entre ellos, al ex oficial mayor de la SEDESOL, Emilio Zebadúa González, además de Juan Carlos Lastiri Quiroz, ex Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, y, a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Asimismo, dentro de la carpeta judicial 314/2019, Robles Berlanga pidió al juez federal citar a declarar a Alberto Javier Sánchez Rojas, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Vicente Agustín Mercado Zúñiga, Jaime Aranda Castillo, Javier Ortiz Moreno, Emilio Zebadúa, Javier Guerrero García, Víctor Manuel Tapia Castañeda, Armando Saldaña Flores, José Antonio Orozco Martínez, y a Marcos Salvador Ibarra Infante.
La ex funcionaria federal ofreció como medio de prueba las testimoniales de Juan Francisco Martínez Lavin, quien se desempeñó como enlace entre la Sedesol y la ASF; así como los de Aldo Pavón Segura, quien prestaba sus servicios para la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), un órgano descentralizado de la SEDATU, y quien fuera designado de manera provisional para atender las determinaciones y los pliegos de observaciones indicados por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2016.
Por otra parte, la ex titular de la SEDATU y SEDESOL Federal negó de manera categórica las acusaciones de la FGR, porque dijo que se apartan de la verdad y pretenden atribuirle la responsabilidad de hechos en los que nunca ha participado, ante lo que ofreció dictámenes periciales en materia de administración pública y contable tratar de desvirtuar la acusación de la Fiscalía.
“Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal”, afirmó Robles Berlanga en su respuesta
“[…] como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las auditorías forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los pliegos de observaciones a la cuenta pública, ni al momento de presentar los dictámenes técnicos”, detalló la ex funcionaria federal.
Robles Berlanga destacó que la acusación de la FGR es meramente de carácter político, y no jurídico, “lo cual consideró completamente injusto, pues los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos ni tampoco para cobrar afrentas del pasado, tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades”.
“Hacerlo de esta forma ciudadano juez de enjuiciamiento, se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional, pues en palabras del propio Fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero], se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el estado, dejando entrever que para obtener mi libertad ´debo delatar a otros funcionarios”, puntualizó.
