Carlo Emmanuel Herrero Soto, agente de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) se presentó por su propio pie ante el Centro de Justicia de Río Nuevo, en Mexicali, Baja California, para enfrentar las acusaciones que se le imputan por el delito de secuestro agravado. Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP.
El agente forma parte de una lista de elementos policiacos, presuntamente implicados en el rapto de un empresario cometido el 6 de agosto. Al grito de “policías” los perpetradores intervinieron a la víctima cuando salía del rancho Los Venados, en la colonia Castro.
El hombre fue golpeado y esposado, le quitaron mil 500 dólares que llevaba consigo, otros 3 mil dólares y 127 mil pesos que resguardaba en su automóvil. Para que no lo mataran y liberaran, obligaron a la esposa a entregar 800 mil pesos y 22 mil dólares que tenía en su domicilio. Y le exigieron a un amigo de la familia 50 mil dólares más, como entregó menos, para completar, lo comprometieron a pagar mil dólares por mes.
Como presuntos responsables de este crimen, el 28 de octubre fueron detenidos tres elementos de la GESI, Leonardo David Ornelas Barrios, Salvador Zepeda Solano y Jesús Alberto Castañeda Nario. Y en la primera audiencia de formulación de imputación, se informó que los policías implicados en la indagatoria eran ocho.
Con el conocimiento de que su nombre estaba incluido en el expediente 01-2020-2409, Herrera Soto decidió presentarse el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 14:00 horas al edificio del Poder Judicial y solicitó la presencia de un juez de control para poder iniciar el procedimiento en su contra.
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Emiliano Reina, abogado de Carlo Emmanuel, fue quien encabezó su defensa, con el respaldo del presidente del Colegio de Abogados en Ejercicio Libre del Derecho, Elías Flores Gallegos. Ambos aseguran que las acusaciones en contra de su representado son infundadas y para demostrarlo cuentan con más de 25 pruebas, entre testimoniales, documentos y otro tipo de evidencias que abonarán al juicio.
Aunque no precisaron detalles sobre las pruebas, comentaron que la Fiscalía hizo una investigación “al bravazo” y “deficiente”, donde priorizaron armar un circo para detener a los otros implicados que en detener a los verdaderos responsables.
Y es que, según comentó el abogado defensor, se están violando los derechos de su representado, pero también los de la víctima, a quien no le están otorgando justicia.
Por su parte, el acusado manifestó que cuenta con un récord limpio, sin problemas con la justicia anteriores y con todos los exámenes de control y confianza acreditados. Y manifestó que acudió ante el juez con pruebas suficientes para demostrar su inocencia
Emiliano Reina, concluyó la conversación con ZETA, asegurando que tuvo que solicitar la intervención de la justicia federal para proteger a su representado con el objetivo de que no fuera detenido de la forma en que ocurrió con los otros implicados.
El juez federal le concedió la suspensión con la instrucción de presentarse al tercer día para enfrentar su juicio.
Y es que -según su dicho- la FGE no quiso recibir ninguna prueba que absolviera a su representado, por lo que tuvieron que armar una estrategia diferente para poder tener herramientas de defensa.
