Aunque la jueza Sara Perdomo, no consideró firmes las evidencias de reconocimiento de testigos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), determinó que había suficientes elementos para acreditar el delito de secuestro agravado cometido en contra de un comerciante el pasado 6 de agosto, y la posible participación de los tres elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación.
De acuerdo al informe de las autoridades, el día del crimen, los agresores tripulaban una unidad Chevrolet Silverado y un Mitsubishi color verde, y se presentaron como policías. Estaban armados con rifles de asalto, cuando intervinieron el auto de la víctima y a su acompañante, los obligaron a descender, los golpearon y esposaron, para después llevarlos al rancho Los Venados, donde por varias horas amagaron y les sacaron dinero a la víctima y a su esposa.
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Adicionalmente le exigieron a la mujer 50 mil dólares para no asesinar a su esposo y dejarlo en libertad, ese dinero fue pagado por un amigo de la familia en la plaza Mundo Divertido en Tijuana. En total, los presuntos agentes, obtuvieron del secuestro, 1.5 millones de pesos.
Fue este martes 3 de noviembre, cuando se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los tres agentes implicados en el crimen de nombres: Jesús Alberto Castañeda Noria, Leonardo Ornelas y Salvador Zepeda Solano -inocentes hasta que se demuestre lo contrario-, los cuales fueron acusados del secuestro de un empresario especializado en el manejo de residuos industriales que solo se ha identificado como ETG, en el rancho Los Venados, de la colonia Castro.
La defensa encabezada por el abogado Guadalupe Vázquez, focalizó sus alegatos en desacreditar el proceso de reconocimiento físico realizado por la FGE, asegurando que todos los implicados fueron citados en presencia de un abogado particular. Mientras que al resto de los citados -más de 40- solo se les pidió su presencia, lo que sugiere que ya eran considerados como imputados, y por ende tenían derecho a tener acceso a la carpeta de investigación, lo cual no ocurrió.
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La FGE reiteró que los agentes -en ese momento- contaban con la presencia de abogado, pero no eran considerados imputados, por lo que no era posible otorgarles la información exclusiva de las partes involucradas.
El defensor aseguró también que en el momento de que los testigos hicieron el reconocimiento de los victimarios, los agentes imputados no fueron colocados a un lado de otros hombres con apariencia similar, lo que dirigía indirectamente, la atención hacia el presunto responsable.
Sugirió que en algunos casos, pusieron a un agente de 1.81 metros y a un costado de él, otro de menos de 1.70, lo que automáticamente dirigía su atención a que coincidiera más con los primeros datos de la carpeta.
Del mismo modo, presentó un documento firmado el 30 de julio del 2020, en el que se solicitaban viáticos y hospedaje para una veintena de agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), donde destacaba el nombre del agente Salvador Zepeda, uno de los presuntos implicados en el crimen, quien asegura permaneció del 31 al 6 de agosto, comisionado a Ensenada, para resguardar a Carlos Flores, titular de la GESI.
Con esta evidencia intentó deslindar la responsabilidad de Zepeda, pero la jueza Perdomo consideró que un oficio de comisión, era insuficiente por sí mismo, ya que pudo reforzar el dato con otro tipo de evidencias, como casetas de cobro, información del hospedaje, testimonios, entre otras cuestiones.
A juicio del defensor, la vinculación de sus representados en el crimen recae en una denuncia anónima, y a la descripción de “un mentón y frente” similares a las de su defendido, lo que consideró insuficiente para relacionarlos con el secuestro.
La otra evidencia contra los implicados es una carta que el 21 de septiembre fue encontrada por el ofendido en el cerco de su negocio localizado en la colonia Castro, donde se señalaban los nombres de los presuntos secuestradores. Y esta lista conformada de 8 nombres fue tomada por elementos de la FGE para iniciar la investigación contra los implicados.
Pese a ello, la jueza Sara Perdomo mantuvo su postura, y aunque dejó claro que los resultados de los careos no eran concluyentes, consideró que faltaron pruebas para que la defensa acreditara la no participación de los implicados en el crimen.
