Policías en la impunidad

Edición Impresa lunes, 30 noviembre, 2020 1:00 PM

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Sin diferencia por la gravedad que representa que el delito sea cometido por un funcionario público responsable de resguardar la seguridad de los ciudadanos, los expedientes de delitos cometidos por policías permanecen casi congelados. La FGE informó que en un año, inició 17 carpetas de investigación en contra de agentes; en el mismo período, los uniformados han estado implicados en 16 homicidios

En lo que va del año, en Baja California 16 personas han sido abatidas por elementos de seguridad en diversos operativos, en su mayoría presuntos delincuentes. En el mismo periodo, 20 policías fueron asesinados por homicidas del crimen organizado.

En Baja California la policía opera bajo riesgo y mucha presión, la mayoría de ellos trabajan respetando la Ley, en condiciones ínfimas de seguridad social. Sin embargo, por falta de capacitación algunos cometen delitos culposos y enredan la justicia intentando encubrirlos. Otros, los menos, se integran en comandos negros.

En las últimas tres administraciones la Fiscalía General del Estado ha acumulado decenas de carpetas de investigaciones por delitos dolosos y culposos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. Solo durante los pasados 12 meses, el registro suma 17 expedientes abiertos en investigación: 10 en Tijuana; 4 en Mexicali; y 3 en Ensenada.

ZETA seleccionó una muestra de cinco casos ocurridos en el último año en la zona costa de Baja California, para solicitar información de los avances. De estos, solo uno -el más reciente- ya fue procesado; los otros cuatro siguen “en investigación, trabajando en la teoría del caso”.

El expediente procesado se trabajó como relevante por la condición de la víctima, Yurem Abdiel, un niño que el 20 de noviembre pasado hubiera cumplido seis años, pero fue asesinado de un balazo el 16 de septiembre en la colonia Mariano Matamoros.

DEL HOMICIDIO CULPOSO AL DOLOSO

A las ocho de la mañana con 46 minutos del 16 de septiembre, los agentes municipales Alfaro, Garibay, Gaspar, Valdez, López y García, a bordo de tres patrullas interceptaron a César “N” y lo persiguieron porque -de acuerdo a su versión- el hombre caminaba sobre un camellón empuñando un arma de fuego en su mano derecha.

Lo siguieron en una zona de terracería en descendente; aseguran que mientras huía les disparaba, razón por la que ellos respondieron el fuego. El perseguido cayó abatido en un lote baldío, mientras a un costado, en un terreno bardeado, la madre del pequeño Yurem Abdiel gritaba pidiendo ayuda. En el ataque habían herido a su hijo. La mujer lo levantó y los policías la llevaron a un hospital donde el pequeño murió.

Por ambas muertes, el 16 y 17 de noviembre se cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra los oficiales Víctor López, y Dardanne Cuéllar y Uriel Gaspar; lo mismo sucedió con el oficial Iván Mejía el día 23. Todos fueron vinculados a proceso por los delitos de “abuso de autoridad y falsedad ante las autoridades”, y al último le agregaron “homicidio calificado por dolo eventual”; los primeros salieron porque sus delitos nos son considerados graves y llevarán el proceso en libertad.

En total, de los ocho uniformados implicados, la FGE acusó a cuatro de abuso y falsedad, y a los otros cuatro de homicidio doloso (uno por la muerte de Yurem y tres por la de César “N”).

De acuerdo a lo manifestado por el Fiscal Central Hiram Sánchez, un dictamen robusto -que incluyó mecánica de hechos y de lesiones- les permitió determinar que:

* El arma del perseguido Cesar “N” se encasquilló y no pudo bajar la colina, disparando de manera constante como refieren los policías.

* Su pistola tiene manchas de sangre en la corredera y el martillo, a pesar de estar lejos del lago hemático de la víctima, y no eran consistentes con sus heridas, lo que indica que la movieron.

Con estos y otros antecedentes, la FGE acusó a los uniformados de abuso de autoridad porque manipularon la escena; falsedad porque mintieron; y homicidio calificado con dolo eventual porque, “aunque no querían matar al niño, sabían que podía pasar, porque tienen preparación, porque hay protocolos de uso de la fuerza, porque debieron dejar de disparar cuando entraron a zona habitacional”, explicó Sánchez.

Mientras el Ministerio Público considera que no se acreditan las causas excluyentes, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana han apoyado la defensa de los agentes, al solicitar la versión del ayuntamiento, asignaron para responder a Iván Sánchez director del Instituto de Capacitación y Adiestramiento Profesional (ICAP), quien los apoyó con el tema de la mecánica de hechos, y explicó en qué basan la defensa.

Detalló que en el punto donde iniciaron las detonaciones -a 200 o 300 metros de la casa del menor victimado-,  que es cuando asumen se disparó la bala que causó la muerte de Yurem, los policías no tenían visión directa del infante porque había una barda que lo cubría. “No puede existir dolo porque no le dispararon al niño, no lo tuvieron a la vista”, y argumentó que no dispararon cerca de la casa.

Además aseguró que sí se justificó el uso de las armas de parte de los policías, porque Cesar “N” les disparó durante la persecución- solo se encontraron dos casquillos-, ya que así lo instruye el protocolo cuando los uniformados se ven en peligro real e inminente.

POLICÍA, ESCOLTA DE NARCOS, PROCESADO POR ENCUBRIMIENTO

José Valladolid Andrade, agente activo de la policía de Tecate, escolta del subcomandante de la Zona Rural en Tecate, fue detenido el 3 de noviembre del 2020 en medio de un operativo de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), implementado para ejecutar una orden de captura por homicidio en contra de José Guadalupe Zavala Ramírez alias “Pinocho”, identificado como sicario al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo al Informe Policiaco Homologado (IPH), los agentes aprehensores habían acordonado un perímetro para evitar la fuga del presunto criminal, y Valladolid intentó sacarlo de la zona a bordo de una patrulla de la corporación, incluso tuvieron que perseguirlos.

Los reportes de la GESI facilitados a ZETA en su momento, indicaron que el uniformado recibía “entre 10 mil y 40 mil pesos por proteger a los narcos del CJNG y sus cargas de droga”.

En el pueblo mágico no lo acusaron de delincuencia organizada; la responsable de procesarlo fue la Unidad de delitos Patrimoniales y lo hicieron por el delito de encubrimiento: “ARTICULO 334.- Tipo y punibilidad.- Al que después de la ejecución de la conducta o hecho calificados por la Ley como delito y sin haber participado en éste, auxilie, en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraer de la acción de ésta; o bien oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo, se le impondrá prisión de seis meses a cuatro años”.

Por no ser un delito grave, lleva el proceso en libertad y fue removido del cargo en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal en Tecate donde le iniciaron un proceso de baja.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]DOBLE ASESINATO IMPUNE, Y UN IPH FALSEADO

Diego Montijo Espinoza y Elena Estefanía Zazueta Quintero vivían en una casa ubicada en calle del fraccionamiento Altitud, de la colonia El Lago de la ciudad de Tijuana, y el 15 de julio del 2020 sus cadáveres torturados fueron localizados en la cajuela de un auto Nissan Sentra, abandonado en la calle Cedro del Parque Industrial Valle Sur, de un auto en la misma ciudad.

Cinco días antes, el 10 de julio videos de vigilancia y un IPH realizado por elementos de la GESI dieron cuenta que policías estatales habían ingresado al fraccionamiento privado a la casa de las víctimas; y estos reportaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) el aseguramiento  de “un vehículo en el que encontraron 37 paquetes con metanfetamina”. La Federación hizo un cateo al inmueble el 13 de julio y encontraron cartuchos y más drogas.

En el inter, el 11 de julio, la madre de Montijo tramitó un amparo por la privación ilegal de la libertad de su hijo, en el que explicó que: “…el 10 de julio del año en curso, aproximadamente a las ocho treinta de la noche recibió una llamada del agraviado”, que lo habían interceptado policías estatales en las unidades 1093, 024 y 944.

También se hicieron llegar dos anónimos a ZETA y a la FGE, en los que se relataba que los policías que participaron en el operativo de la colonia Altitud habían sido invitados a robar cristal, que habían detenido a Montijo, lo habían golpeado junto con Zazueta para que les dijeran donde estaba unos paquetes de cocaína y “se les pasó la mano y los detenidos fallecieron”.

La FGE inició la indagatoria de los homicidios, y determinaron que de acuerdo a la necropsia habrían sido asesinados entre el 13 y el 15 de julio. Y aunque inicialmente la versión fue que investigarían a los oficiales de la GESI, quienes en el aseguramiento de droga no reportaron ni haber ingresado a la casa, ni haber tenido contacto con las víctimas, hoy más de cuatro meses después, los policías estatales no están aún incluidos en la investigación; y no han sido llamados ni como testigos, ni como presuntos imputados. El expediente “sigue en investigación”, pero atascado en  medio de las facultades de la FGE y la FGR.

Porque ante las denuncias y el amparo presentado por la madre de Montijo, la Fiscalía de la República también inició una indagatoria; como en el informe los uniformados no mencionaron a las víctimas, el Ministerio Público federal por el posible robo de una droga y dinero, y las presuntas falsedades incorporadas el IPH presentado.

ZETA pudo conocer que en lo federal la investigación también sigue en proceso, pero al momento, los videos recabados en la zona, las entrevistas, y los elementos arrojados por el cateo-inspección, las acciones descritas oficialmente por los elementos de la GESI no corresponden a la realidad.

Sin embargo, el expediente de los homicidios permanece prácticamente estancado, porque la indagatoria en la que originalmente -por necesidad- Estado y Federación compartirían información, se la han negado mutuamente.

UN SECUESTRADOR INVENTADO, UN DETENIDO MUERTO

“Se encuentra en investigación, trabajando en la teoría del caso; se recabaron comparecencias de los intervinientes, en espera del resultado pericial en materia de mecánica de hechos, para la determinación del Ministerio Público”, esta es la leyenda que se lee en el estatus de la investigación por el homicidio de Roberto Alfonso Bravo Reyna, quien murió desangrado después de haber sido baleado en 24 de mayo del 2020 en un operativo policiaco.

Los policías implicados -el jefe del Distrito Centenario, Chávez, y los agentes Rodrigo Roa Rodríguez, Cruz Heredia, Galaviz Estrada y Ulloa- aseguraron que la víctima llevaba secuestrada una pareja y lo mataron mientras huía disparando en la oscuridad.

Pero el cuerpo del “abatido” presentaba 17 heridas de bala, y los supuestos secuestrados declararon que eran amigos de la víctima y que después de herirlo, los policías se lo llevaron a un lugar distinto para desangrase mientras suplicaba por ayuda.

Con declaraciones de dos testigos contra los dichos de los policías, seis meses después, la FGE continúa esperando el estudio de mecánica de hechos.

UN AÑO PRESOS SIN PROCESAR

El 9 de octubre 2019 en la colonia Artesanal se dio a conocer que los policías del Estado, Jorge David Herrera Macklis y Martín German Fernández Ojeda, así como el policía municipal Esteban Leonel Castillo Rodríguez, habían sido detenidos, encarcelados y sometidos a proceso en prisión preventiva.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1606496951554{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #dbdbdb !important;}”]

Uniformados reclaman seguridad social

Elementos de todas las corporaciones policiacas de Baja California, se unieron para hacer un plantón frente a las instalaciones del Centro de Gobierno de Mexicali, donde exigieron mejores condiciones de seguridad social, beneficios para las viudas y atención médica de mejor calidad, prótesis en caso de un daño durante su jornada laboral, entre otras cuestiones.

Los representantes de las 13 asociaciones civiles, organizadas para el apoyo a los cuerpos policíacos de la entidad y esposas e hijos de elementos fallecidos, acudieron este lunes 23 de noviembre, haciéndose acompañar -porque así decía la convocatoria- de 10 uniformados; pero hubo otros tantos que acudieron por su propio pie, después de tener conocimiento de la convocatoria que se hizo pública en redes sociales desde el viernes 20 de noviembre.

Alejandro Monreal Noriega comentó que ya cuentan con el estudio actuarial que establece las cantidades que deben pagarse para que se cumpla con sus exigencias de seguridad social, donde proponen que el esquema los beneficie al cumplir los 25 años de servicio, además de las posibilidades de una jubilación anticipada.

Agregó que ya solo es cuestión de voluntad para que el secretario de Hacienda, Rodolfo Castro, etiquete el recurso correspondiente (que estiman sería entre 200 y 300 millones) para arrancar el fondo.

Monreal Noriega aseveró que ya tienen los oficios listos para presentar formalmente los amparos a los juzgados federales por parte de todas las corporaciones del Estado, para exigir el cumplimiento de la Ley, lo cual consideró que era totalmente innecesario si las autoridades cumplieran con las necesidades mínimas de los uniformados.

Por su parte, el presidente de la Fraternidad Policiaca, Antonio Navarrete Castillo, reclamó que existen agentes que han sido amedrentados e incluso castigados por apoyar y participar en la campaña por la seguridad social; como el caso de un oficial de nombre Cuauhtémoc Pérez Regalado, empleado del Sistema Penitenciario radicado en Tecate, pero que al participar en las reuniones lo enviaron comisionado a Mexicali, sin viáticos ni apoyos económicos o sociales de ningún tipo.

ZETA pudo confirmar que algunos agentes estatales e investigadores, fueron acosados por personal de la Visitaduría y el mismo subdirector José Luis Gómez Ortega, quienes los amenazaron con sanciones y comisiones fuera del municipio en caso de asistir a la manifestación.

El presidente de la agrupación de agentes investigadores, Óscar Vásquez Aragón, también tuvo el uso de la voz y denunció que el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, se encuentra pagando nueve millones de pesos para viáticos de los elementos de la Guardia Nacional comisionados a la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que a los policías enviados a diligencias en otros municipios, no les otorgan un peso para gasolina, comida o gastos mínimos necesarios.

Familiares de policías también reclamaron la falta de apoyo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez y del fiscal Guillermo Ruiz Hernández.

Algunas hijas y esposas de policías fallecidos también denunciaron que no recibieron finiquito ni apoyo para gastos funerarios, pese a que los uniformados murieron durante su encargo, o bien a causa de una enfermedad (como la COVID-19) que pudieron contraer durante su jornada laboral.

“Pónganse las pilas, muchachos; a nosotros nos pasó, a sus familias también les puede pasar”, reclamó la esposa de un agente estatal -fallecido hace unos días por coronavirus-durante el mitin, en el que se le dio oportunidad a todos de hablar.

Muchas madres, hijos y esposas de los oficiales caídos decidieron no brindar palabras ante los compañeros de armas, pero permanecieron en primera fila durante todo el mitin.

A su costado de ellos ubicaron un féretro que representaba a los 38 policías fallecidos por COVID-19 y los más de 80 acaecidos durante los últimos tres años a causa de diversas enfermedades o atentados.

“El 80 por ciento de los policías muere antes de cumplir los 60 años de edad” reclamó Monreal Noriega al término de su intervención. (Eduardo Villa Lugo)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En compañía de otros agentes y civiles a la una de la mañana habían participado en el ingreso ilegal a la casa ubicada en la calle San Pedro número 4111, de la colonia Artesanal, en Tijuana; lesionaron al dueño en las piernas -sometieron a su esposa e hija menor-, y después le exigieron las llaves del auto y el dinero, que buscaron en toda la casa y enterrado en el patio. Los atraparon mientras huían.

Más de un año después -por Ley se pueden tardar hasta dos años-, la próxima semana se presentará escrito de acusación por el delito de “secuestro express agravado”, y también serán imputados tres civiles: Francisco Javier Aguilar Torres, José Iribe López, José Germán Campos Flores y Luis Fernando Muñoz Flores.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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