El proyecto de Ley de Ingresos del año 2021 que
contempla la presidenta municipal de Mexicali,
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Marina del Pilar Ávila Olmeda, sí presenta
incrementos sustanciales en cobros de servicios
que oferta el Ayuntamiento, sobre todo en el
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apartado de derechos. Uno de los más polémicos
es el Derecho de Alumbrado Público (DAP), el cual
fue eliminado por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), pero que Ávila Olmeda lo revivió
prácticamente cambiándole el nombre. Los
regidores de oposición Héctor Ibarra y Fernando
Rosales, reclamaron que en la recaudación no se
contempló la pandemia, y nuevamente se tendrá
una recaudación inferior a la prevista, lo que
abre la posibilidad a una solicitud de deuda
Un incremento generalizado del 26 por ciento en prácticamente todos los derechos ofertados por el Ayuntamiento de Mexicali es la acción más destacada del proyecto de Ley de Ingresos planteado por el Cabildo capitalino para el Ejercicio Fiscal del 2021, donde además se prevé mantener el impuesto al alumbrado público, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo consideró ilegal, al igual que las aportaciones de apoyo deportivo o fomento al turismo que se cobran directamente a los ciudadanos.
Lo anterior puede confirmarse en el documento aprobado por los regidores del Gobierno Municipal en poder de ZETA, donde se vislumbran todos los incrementos contemplados para el próximo año, en el cual pretende percibir cuatro mil 297 millones 222 mil 244 pesos, lo que representa el uno por ciento más que el ejercicio 2020.
En un comunicado de prensa, la presidenta municipal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que para el siguiente año no se contemplarían nuevos impuestos ni una carga extra directa a los ciudadanos. Este argumento se basa en que el impuesto predial no tendrá un aumento generalizado.
Sin embargo, el regidor Fernando Rosales aseguró que se vino una escalada de incrementos a todos los derechos ofertados por el Ayuntamiento, que alcanzan un 26 por ciento.
Comentó que a raíz de la sentencia emitida el 13 de septiembre en el expediente 107/2020 de la Suprema, donde se eliminan aportaciones -como el apoyo deportivo o al turismo- en el impuesto predial y servicios básicos (como la adquisición de un acta de nacimiento, un trámite en catastro u otros de atención directa a la ciudadanía), los ingresos municipales se reducirían del 10 al 16 por ciento en estos conceptos.
La solución planteada por la Tesorería fue incrementar un 26 por ciento todos los derechos prestados por el Ayuntamiento de Mexicali.
Por ejemplo, a partir del primero de enero se cubrirían gastos por concepto de defunciones de 4.20 a 5.29 Unidad de Medida de Actualización (UMA); de matrimonios, de 5.25 a 6.61 UMA; derechos de revalidación de abarrotes pasa de 27.60 a 34.77; la revalidación de restaurante bar pasa de 238.80 a 300.88 UMA.
También los impuestos a la producción, degustación y boutique de cerveza artesanal pasan de 80.40 a 101.30 UMA.
El incremento del 26 por ciento se registró en prácticamente todos los servicios ofertados por el Ayuntamiento, sobre todo a negocios que precisamente han sido más afectados por la pandemia.
A decir del regidor Fernando Rosales, este tipo de incrementos “desproporcionados” podrían desencadenar una serie de amparos por parte del sector comercial, toda vez que todo servicio público debe tener un incremento proporcional y responsable.
El regidor panista Héctor Ibarra Calvo, consideró que existe una gran irresponsabilidad por parte de la administración municipal en contemplar un ingreso ligeramente superior al del año anterior, toda vez que a causa de la pandemia originada por la COVID-19, será muy difícil poder cumplir con esas metas de ingreso a las arcas municipales.
Ibarra Calvo aseveró que como muestra se tiene el 2020, donde los ingresos municipales cayeron de manera sustancial; y de mantener esta conducta para el próximo año, lo más seguro es que se necesite solicitar una deuda para solventar los gastos.
PREOCUPA EL DAP
Uno de los temas más polémicos fue la reaparición del impuesto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), creado en la administración del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa, y que hace poco más de un mes fue revocado por la SCJN gracias a un recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que este cobro es ilegal.
En una entrevista realizada en el municipio de Tijuana, Ávila Olmeda comentó que tras tener conocimiento de la resolución de la Suprema, el Ayuntamiento de Mexicali decidió adecuar el concepto de cobro de alumbrado público
En vez de ser llamado DAP, del cual este año percibieron 117 millones 053 mil 160 pesos, se cambió el nombre a un Impuesto de Mantenimiento de Alumbrado Público, con el que esperan recaudar 123 millones 621 mil 972 pesos.
También se modificó el esquema de cobros con el que ahora los consumidores domésticos deberán pagar 0.18 UMAS, es decir, un poco menos de lo que se paga actualmente, con 0.21 UMAS. Sin embargo, en lo que respecta a comercios y servicios, recibieron un ligero incremento del 0.5, por lo que ahora pagarán 0.85; y la industria en general pagaría 10 UMAS por este impuesto.
El regidor Héctor Ibarra comentó que existe un gran riesgo de consecuencias severas ya que ni siquiera se tiene conocimiento del engrose, por lo que el Cabildo de Mexicali está aprobando un impuesto sin tener conocimiento de los alcances de la sentencia.
“El derecho al alumbrado público de Mexicali es distinto al de los municipios Tecate, Tijuana, Ensenada y Rosarito, quienes lo hicieron igual para que en Congreso tuviera una discusión encadenada; y en Mexicali no, en su redacción habla de la empresa suministradora de energía eléctrica y es uno de los elementos que al día sabemos fueron los puntos de conflicto en la decisión de la SCJN. Entonces le sigue poniendo elementos que pueden ser controvertidos”, refirió Ibarra Calvo.
Más allá de la posible acción reiterada, Rosales señaló que el incrementar los costos en servicios y derechos representará un golpe al sector económico, el cual consideró que ha sido ignorado; salvo por el grupo de interés en el Centro Histórico de Mexicali, donde se está inyectando el recurso, pero que solo representa beneficios a un sector muy estrecho ligado al “adorador de ‘Kiko’ Vega”, el ex diputado panista Carlos Torres Torres, esposo de la presidenta municipal.
Tanto el regidor del PAN como Rosales, aseveraron que los ediles de la coalición (Morena, PT, Transformemos y PVEM) emitieron su voto sin tener conocimiento de lo que aprobaban, y solo se limitaron a “levantar el dedo” a los designios de la presidenta municipal.
Y es que hubo una violación severa al procedimiento, al emitir un sufragio sobre los valores catastrales que representan el punto de partida para el cobro del impuesto predial, los cuales nunca fueron analizados ni discutidos, pero sí se presentó un documento donde se afirmaba que había ocurrido, lo que a su juicio es un “falso testimonio”.
