Por mayoría, fue aprobado que el Ayuntamiento de Tijuana envíe una controversia constitucional contra el Decreto 158 que aprobó el Congreso el pasado 14 de noviembre, el cual reformó el artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal, que permite la intromisión del gobernador y los diputados en la designación de los suplentes de presidentes municipales, regidores y diputados.
La iniciativa fue presentada por el regidor Luis Antonio Quezada, y propone una demanda de juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la mayoría voto a favor, excepto por la Síndico Procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, que no estuvo de acuerdo con dos de los tres puntos de acuerdo. El segundo punto señala que ella debe de firmar la demanda como representante jurídica del Ayuntamiento, mientras que el tercero indica que si ella no lo firma, debe presentar una justificación por escrito.
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Espinoza Ochoa objetó y se mostró en desacuerdo, argumentando que esas funciones las puede cumplir el propio alcalde Arturo González Cruz, dado a que este también tiene facultades para representar de forma jurídica y política al municipio.
Por su parte, los regidores mexicalenses Fernando Rosales y Héctor Ibarra Calvo, de los partidos PRD y PAN, exigieron vía oficio que la presidenta municipal Marina del Pilar Ávila, presente una controversia constitucional en contra del mismo decreto.
Ambos ediles justificaron su exigencia ante el vacío de poder que dejó la alcaldesa los días martes y miércoles 24 y 25 de noviembre, cuando acudió a la Ciudad de México a un evento de carácter partidista, y posteriormente acudió a otro evento en el municipio de Tijuana.
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A su juicio, la reforma emprendida por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y la mayoría de los diputados que integran la Cuarta Transformación (4T), es una intromisión grave a la vida política de los municipios, los cuales tienen un reglamento interno e independencia para definir muchos de sus procesos.
Por ello, les preocupa que Ávila Olmeda minimice una reforma a la que calificaron como un “Frankenstein”, pues no tiene orden ni justificación jurídica, por lo que su motivación es un tema meramente electoral, y eso -aseguraron- demuestra que el gobierno “bonillista” no le importan las leyes de este Estado.
Agregaron que además de una intromisión por parte del Estado y el Congreso a la actividad municipal, la reforma es carente de sustento, pues pretenden que una reforma a una ley secundaria otorgue facultades constitucionales a diputados y al gobernador.
Es decir, la reforma no otorgó facultades a ninguno de los poderes para tomar decisiones sobre los municipios. Para ello, tenían que agregar esas atribuciones en la Constitución, pero no lo hicieron, porque sería complicado obtener los votos.
